Jefes de las FARC pagarán crímenes de guerra con reclusión especial

miércoles, 23 de septiembre de 2015
BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, firmaron hoy en La Habana un acuerdo sobre justicia que prevé que los jefes de esa guerrilla que hayan cometido delitos graves en el conflicto armado serán sentenciados a entre cinco y ocho años de reclusión en condiciones especiales que combinarán con trabajo comunitario. Según un comunicado conjunto, que fue leído por los garantes del proceso de paz, Rodolfo Benítez, de Cuba, y el noruego Dag Nylander, las FARC y otros actores de la guerra interna responsables de crímenes de lesa humanidad serán juzgados por Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz que contarán con magistrados que serán mayoritariamente colombianos pero una minoría podrá ser de extranjeros. Con este pacto, que fue anunciado en una ceremonia presidida por Santos, Timochenko y el presidente cubano Raúl Castro en el Palacio de Convenciones de La Habana, queda allanado el camino para poner fin a una guerra interna de 51 años en Colombia. El gobierno colombiano y las FARC ya han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos de la agenda de negociaciones: tierras, participación política, solución al problema de drogas ilícitas y, ahora, justicia, que estaba considerado el más difícil de los diálogos de paz. Queda pendiente que negocien el fin del conflicto –que incluye un cese bilateral del fuego y la dejación de armas— y el último punto la agenda de negociaciones, que es “implementación, verificación y refrendación de los acuerdos”. El acuerdo de justicia establece que la función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz “es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado”. Los diálogos entre las partes cumplirán tres años en noviembre próximo. Sólo la negociación del tema de justicia, considerado el más difícil pues los jefes de las FARC habían advertido que no pagarían un solo día de cárcel, se prolongó los últimos 15 meses. El acuerdo de justicia prevé “restricciones efectivas de libertad” para los jefes de las FARC que sean responsables de crímenes de lesa humanidad, así como la realización de trabajo y obras en beneficio de sus víctimas. Estos beneficios, que tienen un componente de sanción y otro de “justicia restaurativa”, sólo serán aplicables a los guerrilleros que hayan dejado las armas a más tardar 60 días después de la firma de un acuerdo final y los que reconozcan sus delitos ante las Salas el Tribunal que serán creados para su juzgamiento y sanción. Además de aportar “verdad plena”, los guerrilleros responsables de crímenes graves deberán reparar a sus víctimas y garantizar la no repetición para acceder a los beneficios judiciales. Según expertos en el proceso de paz, la “restricción efectiva de libertad” que prevé el acuerdo de justicia podría significar la creación de sitios de reclusión especial, como granjas agrícolas en zonas afectadas por la guerra interna. Los guerrilleros que paguen en esos lugares sus sentencias saldrían a realizar obras en beneficio de la comunidad. El acuerdo alcanzado por el gobierno colombiano y las FARC establece también que el Estado otorgará una amnistía amplia a los insurgentes que hayan incurrido en delitos políticos y conexos, lo cual los eximirá de cualquier tipo de pena o sanción. El mecanismo de justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz que será creada como parte del pacto alcanzado por las partes podrá cobijar a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno. Es decir, no sólo incluirá a los guerrilleros de las FARC sino también a los agentes del Estado –militares, policías y funcionarios públicos— que hayan cometido delitos graves en el contexto del conflicto. Las sanciones que imponga el Tribunal especial “tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”, señaló el documento divulgado en La Habana. Señaló que todos aquellos que reconozcan responsabilidades de manera tardía ante el Tribunal especial serán sancionados con penas de prisión de cinco a ocho años “en condiciones ordinarias”, es decir, en cárceles. Para tener derecho a la pena alternativa, en condiciones de reclusión especial, “se requerirá –agregó-- que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad”. Por lo que respecta a las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por delitos graves y resulten culpables, estas “serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”. Según el acuerdo anunciado en presencia de Santos y Timochenko, en ningún caso serán beneficiados con una amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación colombiana como delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. “Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”, indicó el texto.    

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