MADRID, (apro).— Dos días después de las elecciones catalanas, el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona citó a declarar como imputado a Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, uno de los líderes de la corriente independentista. Artur Mas tendrá que dar explicaciones por la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre, porque la fiscalía argumenta en su querella que la consulta fue “financiada” y “planificada” por el Govern y que se desobedeció de forma deliberada la orden del Tribunal Constitucional (TC) de suspender dicha consulta. La cita para rendir cuentas será el 15 de octubre y, dos días antes, tendrán que hacerlo también la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Riga, señala la resolución del magistrado Joan Manel Abril. El Ministerio Público señala en su querella que el propio presidente se auto inculpó cuando el TC le prohibió la consulta, cuando dijo: “Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno”, dijo Mas en un acto público. Sostiene que los miembros del Govern “se negaron abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución (española)”. El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) citó a declarar a cinco testigos, entre ellos al técnico informático que coordinó y dirigió los trabajos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) del gobierno catalán. El gobierno catalán reaccionó señalando la imputación de Mas como “anomalía democrática”. La portavoz Neus Munté calificó de “juicio político” la querella y la imputación por la organización de la consulta del 9 de noviembre pasado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, difundió por Twitter su opinión, al señalar que la imputación demuestra “el desprecio de (presidente Mariano) Rajoy por la democracia”. El candidato de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP), Antonio Baños recordó en una entrevista televisiva: “Yo personalmente y los dos millones de catalanes que votaron también desobedecimos. Si nos quieren imputar a todos estaremos encantados”. El diputado Joan Tardá, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dijo en el Congreso de los Diputados que esta decisión judicial demuestra “la intolerancia, la incomprensión y la estupidez del sistema político español” y advirtió que esta imputación no va a frenar el proceso independentista que es “imparable”.