MÉXICO, DF (apro).- Los últimos tres meses de 2015 marcaron un repunte en el número de migrantes originarios de Centroamérica que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos: entre octubre y diciembre, la Patrulla Fronteriza detuvo a 21 mil 469 grupos familiares, una cifra tres veces superior al mismo periodo de 2014. Según las cifras que dio a conocer hoy la Patrulla Fronteriza, durante el último trimestre del año pasado fueron detenidos 17 mil 370 menores de edad no acompañados –sobre todo en el sector del Río Grande–, lo que representa un incremento de 114% en comparación con el año anterior, cuando los agentes fronterizos arrestaron a 7 mil 987 niños migrantes. El crecimiento de las cifras de detenciones hacen eco a la llamada “crisis humanitaria” que desató la llegada masiva de menores de edad no acompañados originarios de Centroamérica a las fronteras de Estados Unidos durante el verano de 2014. A raíz de esta situación, el gobierno estadunidense multiplicó las acciones para evitar que los migrantes lleguen hasta su frontera: incrementó la ayuda financiera a los países de Centroamérica –este año, el Congreso inyectará 750 millones de dólares para reforzar los aparatos institucionales de estos países–, en los cuales difundió campañas mediáticas para desalentar la migración. También apoyó iniciativas de detención de la migración en varios países, al menos políticamente, pues la administración Obama negó en repetidas ocasiones haber financiado estas iniciativas. Entre ellas, en verano pasado el gobierno mexicano instauró el Programa Frontera Sur, a raíz del cual se disparó en 62% la cifra de detenciones de migrantes centroamericanos durante su travesía de México. En diciembre pasado, John Kerry, canciller estadunidense, agradeció al gobierno mexicano por su “cooperación y ayuda respecto de una migración ordenada”. Todavía en diciembre el gobierno de Guatemala aprobó una nueva iniciativa de migración –mejor conocida del otro lado del Suchiate como ley “anticoyotes”— que generó la “preocupación” del Sistema de las Naciones Unidas, pues advirtió que “podría implicar inclusive la criminalización de la migración irregular”. Redadas En los primeros días de 2016, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) inició una operación de deportación masiva de las familias centroamericanas cuyo trámite para obtener una estancia legal en el país fue rechazada. Según los primeros reportes, esta operación consiste en redadas a casas de centroamericanos y detención inmediata de sus habitantes. El lunes 4, Jeh Johnson, titular del DHS, envió un mensaje claro a los migrantes: “Nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal; si usted viene a este país, le enviaremos de vuelta de acuerdo con lo que dictan nuestras leyes y valores”. Sin embargo, la violencia de las redadas provocó una embestida de varios miembros del Partido Demócrata, lo que obligó a Kerry a anunciar hoy un programa para agilizar las solicitudes de refugio de los centroamericanos que huyen de la violencia. Según Kerry, integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) identificarán los casos de los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala— que cumplen con las características de solicitantes de asilo en Estados Unidos. “Les ofreceremos una alternativa legal y segura al viaje peligroso que muchos están tentados en emprender, convirtiéndolos en ese momento en presas de los traficantes de humanos que no tienen otro interés sino sus propias ganancias”, declaró Kerry. Las redadas contra familias de centroamericanos desataron indignación en ciertos sectores de la sociedad estadunidense, a tal punto que 146 miembros demócratas del Congreso enviaron ayer una carta a Barack Obama en la que pidieron la suspensión “inmediata” de la operación y la resolución de la crisis de refugiados “con la manera humanitaria apropiada”. “Su administración llevó a cabo detenciones de familias, campañas de comunicación en español en Centroamérica urgiendo a la gente de no viajar a Estados Unidos, y ayuda financiera a México para impedir, arrestar y deportar a los que huyen la violencia”, plantearon los congresistas, al añadir: “Esta estrategia demostró que es ineficiente, ya que madres y niños siguen arribando a nuestra frontera suroeste en búsqueda de protección”. La carta asumió que las redadas representan “el último fracaso de esta estrategia policiaca”, pues “la operación generó numerosas preocupaciones respecto del debido proceso, incluso en materia de acceso a una asesoría legal entendible para las madres y los niños después de su aprehensión, o los señalamientos de que los agentes del DHS utilizan tácticas de engaño para ingresar en las viviendas privadas”. Desde el arranque de las redadas, organizaciones de migrantes y líderes comunitarios en Estados Unidos aconsejan a los migrantes “no abrir la puerta a agentes de migración” ni “responder a cualquier pregunta que les hagan”. Ya el lunes, Hillary Clinton, precandidata a la carrera presidencial por el Partido Demócrata, declaró en entrevista con la cadena CNN que el DHS “sembró miedo y división en las comunidades inmigrantes en el país”, y resaltó que “no debemos tener policías federales armados surgiendo en las casas de la gente, sacando mujeres y niños de sus camas en medio de la noche”. Durante la “crisis humanitaria” de los niños migrantes de verano de 2014, la misma Clinton –quien fungía entonces como canciller– apoyó la deportación de los menores de edad centroamericanos a sus países.