MÉXICO, DF (apro).- El pasado 7 de enero, apenas cuatro días antes de que México y el Reino de Marruecos firmaran un acuerdo de cooperación para modernizar la administración pública, incentivar el gobierno abierto y fomentar la transparencia, la policía marroquí reprimió con violencia manifestaciones pacíficas de aspirantes a profesores. De acuerdo con la organización internacional Human Rights Watch (HRW), ese día los futuros profesores organizaron manifestaciones en seis ciudades de Marruecos para protestar contra dos decretos que recortan sus salarios a la mitad y debilitan sus derechos laborales. En la ciudad de Inezgane, la policía atacó “sin advertencia” a los inconformes con matracas y palos de madera, además de que aventaron piedras sobre la muchedumbre, según documentó la organización. Cien personas resultaron heridas en esta ciudad, otras 20 en Marrakech, 40 en Casablanca y ocho en Tánger. El pasado 9 de enero, el Ministerio del Interior anunció que las autoridades abrieron una investigación sobre los disturbios, pero señaló que las manifestaciones se llevaron a cabo “sin la autorización previa del gobierno”, pues la ley marroquí obliga a los organizadores de una protesta avisar a las autoridades al menos tres días antes para obtener luz verde. Dos días después, Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública y su homólogo marroquí Mohamed Moubdii firmaron el Memorándum de Entendimiento con el propósito de promover la cooperación en materia de modernización de la Administración Pública, gobierno abierto, transparencia y combate a la corrupción. “Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mejorar la relación entre el sector público y los ciudadanos, así como desarrollar acciones que consoliden la rendición de cuentas en la gobernanza”, planteó el comunicado que emitió el gobierno mexicano ese día. El pasado domingo, en medio de su visita de Estado por Medio Oriente, Enrique Peña Nieto otorgó la Orden del Águila Azteca a su anfitrión saudita el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. Desde inicios de 2016, el régimen saudita se destacó por sus acciones autoritarias y violaciones a los derechos humanos. El pasado 2 de enero, las autoridades perpetraron la mayor ejecución masiva desde 1980 al ahorcar a 47 personas inculpadas por terrorismo. De ese total destacaron cuatro chiitas sauditas, entre ellos el sacerdote Sheikh Nimr al-Nimr, conocido en Arabia Saudita por su postura crítica contra la monarquía sunita. La ejecución del clérigo desató una crisis diplomática con Irán, pues Nimr nunca fue inculpado por terrorismo. El pasado 12 de enero, las autoridades detuvieron a la activista Samar Badawi, esposa de un activista condenado a 15 años de cárcel en la monarquía petrolera; además, la interrogaron sobre una cuenta de Twitter. “Badawi es quizá la más conocida en enfrentar el sistema de tutela masculino y discriminatorio de Arabia Saudita”, subrayó HRW. Su hermano, el bloguero Raif Badawi, se encuentra en la cárcel, donde cumple con una condena de 10 años por “insultar” a las autoridades religiosas. Su sentencia también contempla pena de flagelación con mil latigazos. Por su parte, Arabia Saudita encabeza una coalición de países árabes que bombardea la insurrección hutíe en Yemen. Organizaciones civiles como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional multiplican los reportes alarmados que documentan los crímenes de guerra perpetrados por la coalición, la cual aventó bombas de racimo en zonas residenciales y en hospitales, entre otros.