LIMA, (apro).- Laura Mancheca, una indígena quechua de Huancabamba, en el norte de los Andes peruanos, tenía 21 años y dos hijos cuando en agosto de 1997 fue llevada al hospital con engaños. El personal de salud le dijo que le tenían que hacer unas pruebas para cambiarle el medicamento que estaba tomando por los dolores que sentía. “Han venido unos especialistas de Lima y queremos ver qué te pasa”, le explicaron. Pero una vez en el centro médico la llevaron a una sala de operaciones y le hicieron firmar un documento en el que taparon la parte superior, aunque no era necesario porque Laura no sabía leer castellano. Le pusieron una inyección que le adormeció el cuerpo, pero no lo suficiente como para no ver de refilón en un espejo que le abrían el abdomen. “Comenzaron con unos aparatos grandes a moverme toda mi barriga”, recuerda. Cuando a la mañana siguiente le dieron el alta supo que le habían ligado las trompas para que no tuviera más hijos. Le aseguraron que mensualmente la iba a revisar un médico. “Pero desde el día que me operaron no sé de ninguna medicina”, denuncia. También habían obtenido el consentimiento de su esposo de forma tramposa: “Cuando vieron que salía borracho de trabajar le hicieron firmar el documento”. Pese a ello, él la repudió cuando supo que no tendría más descendencia. “Me dijo que no quería saber nada conmigo porque yo ya no servía para nada. Me ha dejado totalmente de lado”, afirma. Al igual que Laura, un total de 272 mil mujeres y 22 mil hombres, la inmensa mayoría campesinos indígenas pobres, fueron esterilizados en Perú entre los años 1996 y 2001. Supuestamente, esto se dio en el marco de un programa de planificación familiar voluntario que implementó el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Sin embargo, el Ejecutivo impuso cuotas mensuales a los centros de salud y ordenó campañas puntuales de dos o tres días con unos objetivos desproporcionados, por lo que médicos y enfermeras utilizaron engaños, amenazas e incluso, la fuerza. Los técnicos de salubridad acosaban a las mujeres para que se ligaran las trompas. Les decían que era una orden del gobierno, que si no lo hacía dejarían de recibir ayudas, que no registrarían a sus hijos, que podrían ser multadas... Las llevaban obligadas a las clínicas de salud. Algunas relatan que cuando intentaron escapar las recapturaban las enfermeras o la propia policía y no pocas fueron operadas atadas a las camillas. En muchos casos, las operaron sin las condiciones básicas de salubridad, en jornadas maratónicas en las que la anestesia no llegaba para todas. Luego las devolvían a sus casas sin ningún tipo de tratamiento postoperatorio y se desentendían de ellas. Muchas sufrieron secuelas físicas y casi todas psicológicas y sociales. La cultura machista andina, en la que la misión primordial de la mujer en la vida es procrear hijos, las marginó. En numerosos casos fueron abandonadas o despreciadas por sus maridos. Algunas ya no pudieron volver a trabajar como antes por los dolores que sufrieron desde entonces. Un pequeño triunfo No hay forma de saber cuántos de esos casi 300 mil peruanos fueron esterilizados contra su voluntad. La mayoría calló. Pobres y, en su mayoría, analfabetas, habitantes de zonas remotas donde apenas llega el Estado, no se atrevieron ni siquiera a volver a un centro de salud. Mucho menos a un juzgado a poner una denuncia. Sin embargo, muchas mujeres sí comenzaron una búsqueda de justicia y reparación; un intento para que el Estado reconozca el daño que les hizo. Ha sido una batalla contra la impunidad y contra la indiferencia que, 18 años después, apenas ha arrojado frutos. Algunas, muy pocas, lograron llevar a los médicos que las operaron a la justicia, en procesos individuales. También se presentó una acusación contras los máximos responsables de la política de esterilizaciones, incluidos Fujimori y sus tres ministros de Salud durante esos años, por un delito de lesa humanidad. Para ello, las organizaciones civiles que las acompañan en esta acción recogieron dos mil 74 denuncias de mujeres. Este caso ha sido archivado tres veces por la fiscalía por considerar que no había responsabilidad en las altas instancias políticas del Estado, pero la presión nacional e internacional –incluida una reprimenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- ha hecho que se volviera a reabrir otras tantas veces. Ahora mismo, la fiscalía está nuevamente en el proceso de recopilar pruebas para presentar una eventual acusación contra los exaltos funcionarios. En noviembre pasado, las víctimas de esterilización forzada lograron un pequeño triunfo, el primero en 18 años de lucha, cuando el gobierno del presidente Ollanta Humala aprobó un decreto en el que declaraba este asunto de interés nacional y establecía la creación de un registro de víctimas. Un mes después se promulgó el reglamento para elaborar dicho padrón. A quienes formen parte de él, el gobierno les ofrecerá atención médica y psicológica y asesoría legal en caso de que quieran llevar sus casos a la justicia. Las mujeres han celebrado esta medida como un primer paso, todavía muy pequeño y con bastantes deficiencias, en un camino que se presenta todavía largo para una reparación integral y para lograr la justicia que tanto ansían. No obstante, son también conscientes del oportunismo político que la acompaña. Para ellas, no es casualidad el hecho de que este anuncio tenga lugar en medio del ambiente electoral que vive el país previo a los comicios generales que tendrán su primera vuelta el próximo 10 de abril. La candidata que lidera los sondeos para esas elecciones es ni más ni menos que Keiko Fujimori, la hija del presidente responsable de la política de esterilizaciones. El dilema de Keiko Keiko, cuyo padre está en prisión desde el año 2007 por varios delitos de lesa humanidad --matanzas, homicidios, desapariciones secuestros-- y de corrupción, se debate entre la reivindicación del gobierno de su progenitor, que todavía tiene un importante voto duro entre los peruanos, y el distanciamiento de éste, algo que necesitará para obtener los suficientes apoyos como para ganar la segunda vuelta. En septiembre pasado, la candidata del fujimorismo condenó en una presentación en la universidad estadunidense de Harvard las esterilizaciones forzadas y expresó solidaridad por las víctimas, que, señaló, deben ser reparadas. No obstante, achacó la responsabilidad exclusivamente a los médicos que llevaron a cabo las operaciones. Las mujeres afectadas han rechazado este supuesto cambio de postura de Keiko. “No la aceptamos porque nunca nos va a reconocer porque mejor nos va a aplastar. (Si es presidenta) va a perseguirnos a los que luchamos como antes”, advierte Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, provincia del departamento de Cuzco. Unas semanas después de las declaraciones en Harvard, el gobierno anunció el registro de víctimas. “Es demasiado obvio que están tratando de utilizar como siempre los derechos de las mujeres como trampolín político o como arma electoral”, lamenta la abogada Ana María Vidal, que forma parte del Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF), formado por varias organizaciones no gubernamentales y activistas. No es la primera vez que sucede. Ya en la campaña presidencial de 2011, en la que Humala se enfrentó en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, el ahora presidente utilizó el caso para atacar a su rival. Una vez que Humala asumió el poder, en julio de 2011, su gobierno comenzó una investigación, “una consulta a grupos de mujeres esterilizadas para ver qué entienden por verdad, qué quieren como reparación”, señala Vidal. “Pero a finales de ese año las investigaciones terminaron. No se avanzó más”. Hasta ahora. Según el viceministro de Justicia, Ernesto Lechuga, el decreto supremo y el registro de víctimas “se ha demorado un poco porque ha tenido todo un proceso de maduración”. Sigue: “Hemos verificado la información que está en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en las organizaciones que han promovido este tipo de casos”, asegura el funcionario y se compromete a que el Estado “va a desplegar sus mejores esfuerzos para conseguir la justicia tan reclamada”. Pero Sara Ramírez, representante de Demus, una organización no gubernamental que ha llevado algunos casos y copatrocina la demanda contra Fujimori y sus ministros, critica que “Humala ha esperado al último momento de su periodo para cumplir un compromiso (el de ayudar a las víctimas) que se planteó en 2011”. Apunta: “Si este registro hubiera empezado hace cuatro años, ya habría avanzado muchísimo y podrían implementar reparaciones en salud, en programas productivos”. Según su opinión, “es parte de una estrategia política y por eso las mujeres se desmarcan de eso. A ellas no les sirve. No les ha servido nunca porque no se traduce en ninguna medida efectiva para la mejora de sus condiciones de vida producto del crimen del que fueron víctimas. Después se olvidan de ellas”. Niegan interés político Pese a que las mujeres llevan años en su búsqueda de justicia y reparaciones, el oportunismo político del gobierno para sacar la norma a su favor ha provocado que sean acusadas de servir de instrumento del Ejecutivo contra la líder fujimorista, algo que ellas rechazan. “Nosotras no estamos politizadas, somos transparentes. Nadie nos puede manejar, nadie nos puede manipular. Nos organizamos para ser autónomas”, reivindica Inés Condori. Además, en este contexto algunas de ellas han empezado a recibir amenazas para reducir su visibilidad en los medios, algo que atribuyen precisamente al contexto electoral. “Nos llaman por las entrevistas en radio y en la prensa que hacemos y nos dicen: ‘No se hagan más las valientes. Porque después van a estar llorando’”, denuncia la presidenta de la asociación de víctimas de Huancabamba, Esperanza Huayama, quien fue esterilizada mientras estaba embarazada. Sara Cuentas, del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas de Huancabamba, asegura que esta ONG también ha recibido intimidaciones por teléfono por su apoyo a las víctimas al igual que una de las mujeres afectadas que está de campaña en España difundiendo el caso. Por eso han tomado algunas medidas de precaución, sobre todo cuando las mujeres se trasladan a Lima y están fuera de su tierra. “Consideramos que hay intereses que están desesperados por que las mujeres no declaren, porque puede ser utilizado partidariamente y que se piense que ellas están politizadas. Pero ni las compañeras que están en esta demanda ni las organizaciones que las acompañamos estamos interesadas en que ningún partido político se apropie de esta lucha porque es una lucha de más de 18 años”, reclama. Las mujeres ya están escarmentadas de experiencias anteriores y, aunque ven como positivo el decreto recién promulgado, desconfían de las intenciones del gobierno y ven muchas fallas en el registro que se va a iniciar. “De repente, con unas cuantas letritas nos están engañando y con eso piensan que nos vamos a callar y ya no vamos a reclamar”, manifiesta Condori. Por una parte, destacan las organizaciones que las apoyan, el Ejecutivo no ha consultado a las mujeres cuáles son sus necesidades a la hora de ofrecerles los servicios de atención médica y asesoría legal. “Ellas quieren atención de salud de calidad. No quieren una atención con un paracetamol y muchas veces los médicos o las enfermeras que las van a atender en las mismas postas de salud son los que las esterilizaron”, critica Vidal. “El reglamento de implementación del registro que se ha aprobado no está adaptado a nuestra realidad”, sostiene Inés Condori. “No nos atiende como debe ser. Dice que hay atención de salud para todos, pero ¿qué médicos tenemos en las postas? No hay especialistas. Aquí en Lima puede haber, pero en nuestra provincia no hay”. Por otra parte, el GREF considera que el registro sólo es un primer paso hacia una política de reparación integral. Para ello, una de las primeras demandas es “crear un mecanismo que bien podría ser una comisión de la verdad o una comisión de alto nivel para investigar, porque hay muchísimas afectadas y no tenemos idea de cuántos miles y miles de mujeres y hombres son”. La Comisión de la Verdad y Reconciliación que trabajó en Perú entre 2001 y 2003 recogió información de las masivas violaciones a los derechos humanos que llevaron a cabo tanto los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado que desangró Perú entre 1980 y 2000. Esta Comisión elaboró un informe y permitió establecer una política de reparaciones a las víctimas, independientemente de que hayan sido juzgados o no los culpables en cada caso. “Si se supeditan a la justicia las reparaciones, entonces ¿cuántos años más van a pasar hasta que se resuelva el caso para que las víctimas puedan tener acceso a reparaciones?”, se pregunta Ramírez. Pone como ejemplo el antecedente de las víctimas de violación sexual durante el conflicto armado que, con base en un registro que de más de cuatro mil personas, “pudieron tener acceso a reparaciones a pesar de que hasta ahora sólo ha habido un juicio y ningún sentenciado”.