BOGOTÁ (apro).- El retiro de las múltiples fotografías del fallecido presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de la sede de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela se ha convertido en una señal inequívoca de los nuevos tiempos políticos que vive este país. Pendones gigantes del comandante, paneles con su rostro sonriente, fotos de Chávez con camisa roja, su uniforme militar y la banda presidencial mirando al horizonte comenzaron a salir en camionetas el pasado miércoles 6 de las instalaciones de la AN, poder del Estado bajo control opositor desde el pasado martes 5. “Llévense toda esa vaina para Miraflores (sede del Ejecutivo) o se la dan al aseo", dijo el presidente de la nueva AN, el diputado opositor Henry Ramos Allup a los empleados que conducían las fotografías de Chávez en carretillas de carga. Desde luego, los chavistas reaccionaron ofendidos y el mismo presidente venezolano Nicolás Maduro llamó al pueblo “a la rebelión frente a estas expresiones neofascistas” contra “símbolos de la patria”. Aunque el episodio puede parecer anecdótico, en un país donde el culto a Chávez se ha convertido en parte esencial de la propaganda gubernamental y en el que la nueva Asamblea Nacional intenta dejar constancia de que es un poder independiente, esa controversia muestra con claridad que, al menos por ahora, ni el chavismo ni la oposición están dispuestos a entenderse. “La dinámica política en Venezuela es de una creciente rivalidad y una repolarización de la vida pública. Me temo que esto va a continuar todo el año. Y mientras mayor sea la distancia entre el gobierno y la oposición, mayor será la inestabilidad”, dice a Apro el politólogo John Magdaleno. De acuerdo con el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), lo que ha comenzado a vivir el país desde la instalación de la AN de mayoría opositora, es una confrontación institucional entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, en la cual el mediador natural, el Poder Judicial, está alineado con el Ejecutivo. Es decir, hacia adelante, el enfrentamiento será de dos poderes contra uno. Es la primera vez en 17 años de gobiernos chavistas –el de Hugo Chávez y el de su sucesor, Nicolás Maduro— que la AN estará bajo control de la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición opositora que congrega a 28 partidos políticos que buscan un cambio de régimen, obtuvo 112 de los 167 escaños en juego en los comicios del pasado 6 de diciembre --67% del total--, mientras que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se quedó con 55. Esta situación, inédita para el chavismo, ha llevado al gobierno de Maduro a desplegar sus mecanismos de control institucional para restar facultades y poner diques al Congreso unicameral opositor. Los recursos del régimen Primero, la saliente AN dominada por el PSUV se apresuró a designar el pasado 23 de diciembre a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leales a este partido. Lo hizo sin que los magistrados antecesores hubieran concluido su periodo y sin cumplir con el procedimiento y los plazos que fija la ley. De esta manera, el gobierno aseguró un Poder Judicial receptivo a sus lineamientos, o “sumiso, obediente y dispuesto a seguir sus instrucciones al pie de la letra”, según considera el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba. Después, el pasado 30 diciembre, en pleno periodo vacacional de fin de año, la Sala Electoral del TSJ suspendió la elección de tres de los 112 diputados que obtuvo la MUD en los comicios del 6 de diciembre, en una maniobra judicial que busca quitar a la oposición la mayoría calificada en la AN. “En México –dice Torrealba a apro--, hasta las peluquerías tienen horario porque hay ordenanzas municipales que las regulan. Todo mundo sabe a qué hora abren y a qué hora cierran. Aquí en Venezuela, nadie sabe cuándo sesiona el Tribunal Superior de Justicia. Lo hace cuando se lo ordena el gobierno, como ocurrió el 30 de diciembre”. Por ello el pasado miércoles 6, un día después de tomar posesión, la mayoría legislativa de la MUD aprobó la creación de una comisión especial que investigará el procedimiento mediante el cual la anterior AN designó a 13 magistrados del TSJ. Además, los congresistas opositores juramentaron a los tres diputados del estado Amazonas cuya elección suspendió el máximo tribunal del país. En respuesta, la bancada minoritaria del PSUV presentó el jueves 7 ante el TSJ un recurso para que ese tribunal declare nula cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional, por haber juramentado a los tres diputados de Amazonas. “Estamos viendo el primer episodio de un choque entre poderes. En mi opinión, cada día será más peligrosa esta confrontación, porque tiene como telón de fondo la profundización de la crisis económica y un creciente descontento social”, dice Magdaleno. El riesgo, considera el politólogo, es que ese descontento se exprese en las calles y se salga de control. Y es que si en el 2015 la crisis económica y el desabasto de productos básicos fueron tan severos que los votantes se volcaron a las urnas para castigar al PSUV, todos indicadores anticipan que el 2016 será peor. Más de lo mismo Con reservas líquidas de apenas 435 millones de dólares y la caída en picada del precio internacional de petróleo, que llegó en la última semana a 26 dólares por barril –su cotización más baja en 12 años--, el gobierno de Venezuela carece de divisas para importar los alimentos, medicinas y productos básicos que demanda la población en un país donde la planta productiva está semiparalizada por el ineficiente manejo de las empresas expropiadas, la falta de insumos y la enorme corrupción oficial. Las divisas de las que dispone el gobierno son insuficientes para hacer frente a los subsidios, el gasto público, el financiamiento del déficit fiscal –que equivale a 20% del PIB—, el pago de servicio y capital de la deuda externa y las necesidades de productos importados. En 2015, los ingresos petroleros de Venezuela, que generan 96% de las divisas del país, se desplomaron 61% al ubicarse en 39 mil millones de dólares. Esta cifra caerá más en 2016 por la saturación del mercado internacional de crudo y la desaceleración económica global. “Tenemos una dramática situación de insolvencia que se profundizará más a lo largo del año. Esto para los venezolanos significará más escasez, menos alimentos en la mesa y más largas filas en los supermercados”, señala el economista y experto en el mercado petrolero José Toro Hardy. El exdirector de la gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) considera que el deterioro de la economía, la hiperinflación –de 270% anual-- y la pérdida del poder adquisitivo seguirán incidiendo en el rechazo de la población al gobierno de Maduro, que según varias encuestas ronda el 80% e, incluso entre los chavistas, llega a 40 puntos porcentuales. De acuerdo con John Magdaleno, el gran problema para el gobierno de Maduro este año “es cómo gerenciar el malestar social que la crisis económica está causando y que sin duda se va a agravar porque no existe ninguna disposición política para hacer los correctivos que la situación demanda”. En un intento por dar señales de rectificación, Maduro concretó el miércoles 6 un cambio de gabinete que incluyó la creación de cinco nuevos ministerios y la designación del poco conocido profesor universitario Luis Salas como nuevo ministro de Economía. Salas es un economista que repudia el libre mercado y cree en la “economía comunal”, que es parte central del modelo socialista impulsado por Chávez y por Maduro. Para el economista y diputado de la MUD, José Guerra, se trata de “una respuesta burocrática de Maduro a una crisis económica muy profunda que nos puede conducir a un precipicio, si no se hacen los ajustes necesarios”. De acuerdo con Guerra, el problema de fondo es el ineficiente modelo económico que han desarrollado los gobiernos chavistas, “lo que debe llevar a Maduro a adoptar medidas urgentes, como parar la impresión de moneda sin respaldo, crear un clima favorable a la inversión, aumentar la producción y simplificar el sistema cambiario (sujeto a control oficial desde 2003)”. Guerra, sin embargo, no cree que el cambio de gabinete realizado por Maduro apunte hacia un viraje del modelo sino “a más de lo mismo”. Mala lectura electoral En términos políticos, un cambio que llamó la atención en el ajuste del gabinete fue la llegada a la Vicepresidencia de Aristóbulo Istúriz, exsindicalista, exalcalde de Caracas, exministro de Educación y exdiputado. El experimentado político es considerado un chavista dialogante que podría tender puentes con la oposición, aunque sus funciones llegarán hasta donde lo quiera o requiera la incierta estrategia política de Maduro. El presidente ya ha dado señales de que está dispuesto a intentar llevar a la nueva Asamblea Nacional a la inoperancia. Para ello, echará mano del TSJ, que tiene facultades para vetar las leyes que apruebe el nuevo Congreso y que no sean de su agrado. Pero Maduro enfrenta un panorama político muy complicado. No sólo porque deberá gobernar con un Congreso opositor sino porque dentro del mismo chavismo hay voces inconformes con la reacción del presidente ante la derrota electoral del 6 de diciembre. El exembajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas, quien acompañó al chavismo hasta el 2008, cree que la forma en que el gobierno enfrenta el escenario poselectoral “puede complicarle el ya difícil trayecto del PSUV para recuperar la confianza y el respaldo de los más de dos millones de ciudadanos que le dieron la espalda” en los comicios legislativos. Para Villegas, quien conduce programas de análisis político en la radio y la televisión, “el pueblo habló y se debe escuchar y acatar su mandato. No hacerlo, es retarlo, provocarlo y colocarse de espaldas a sus necesidades, aspiraciones y reclamos”. El exembajador en México considera que el gobierno “sigue sin leer los resultados electorales, sin entender que ya no es el dueño del patio”. Y afirma que si Maduro sigue actuando erráticamente “le espera un mayor debilitamiento con graves riesgos para la gobernabilidad”. La oposición, por su parte, también tiene desafíos políticos que van más allá de su confrontación, desde la AN, con los poderes Ejecutivo y Judicial. Y aún está lejos del consenso en asuntos como el camino que debe seguir para propiciar un cambio de régimen. Además, la coalición opositora, que congrega en sus filas a socialdemócratas, excomunistas, centroderechistas y liberales de derecha, parece vivir una disputa anticipada por ver cuál de sus líderes será el candidato presidencial que sucedería –en el escenario de alternancia de poder que ellos vislumbran— a Maduro. El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, ratificó el martes 5, durante la instalación de la nueva legislatura, que una prioridad de la MUD es definir en un plazo de seis meses una fórmula “constitucional, democrática, pacífica y electoral, para la cesación de este gobierno”. Entre las opciones que explora la coalición opositora figuran aprobar una enmienda o reforma constitucional que acorte el mandato de Maduro –que concluye en 2019--; convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformule el pacto político del país, o llamar, mediante la recolección de firmas, a un referendo para revocarle el mandato al presidente. Esto último podrá hacerlo a partir de abril próximo, cuando se cumplirá la mitad del periodo de gobierno de Maduro. Pero la MUD no ha logrado un acuerdo sobre ese punto. El excandidato presidencial de esa alianza opositora y actual gobernador del central estado Miranda Henrique Capriles ha rechazado que la nueva Asamblea Nacional busque “la salida” de Maduro del poder y considera, en cambio, que los diputados deben centrarse en buscar soluciones legislativas a la grave crisis económica y social. Ramos Allup, quien está distanciado de Capriles y tiene sus propias aspiraciones políticas, piensa en cambio que hay que trabajar por la salida del gobierno al tiempo que la oposición promueve una agenda legislativa en los ámbitos económico y social. El político llegó a la presidencia de la AN con el respaldo de Vanguardia Popular, el partido del detenido dirigente político Leopoldo López. Ellos dos y Capriles, cuyo partido es Primero Justicia, son los más viables candidatos presidenciales de la MUD en una eventual elección anticipada. Cada uno de ellos tiene una cuota importante de poder en la nueva AN. Ramos Allup en la presidencia y Capriles y López a través de dirigentes de sus partidos que quedaron al frente de las principales comisiones legislativas. Para el analista político Héctor Pérez Marcano sería “suicida” que la MUD se dividiera por pugnas internas antes de derrotar al régimen. Pero según Ramos Allup, esto es “imposible” porque ya existe una ruta de consenso aprobada por todos los partidos de la MUD antes de los comicios legislativos del 6 de diciembre. En ese documento, titulado “Acuerdo para la Construcción y Ejecución de la Agenda del Cambio desde la nueva Asamblea Nacional”, se habla expresamente de “la activación de los mecanismos constitucionales para el cambio político”.