CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, compareció este lunes en una causa por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno. Mientras tanto, cientos de personas se congregaron afuera de los tribunales de Comodoro Py para protestar por lo que consideran una ofensiva judicial contra la exmandataria, quien se presentó ante el juez Julián Ercolini, encargado de investigar el otorgamiento de obras al empresario Lázaro Báez, actualmente en prisión. Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques denunciaron que entre 2003 y 2015 –durante los gobiernos del fallecido expresidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora–, Baéz obtuvo la licitación de 49 millonarias obras públicas, pero solo terminó dos. Fernández de Kirchner, quien llegó a tribunales acompañada de su abogado Carlos Beraldi y el exministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, hizo uso de su derecho a no responder preguntas, pero ya había pedido que se investigara a todos los empresarios beneficiados con contratos de obra pública durante su gobierno. Entre ellos se encuentra Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, quien aprovechó la comparecencia judicial de su antecesora para pedir el fin de la impunidad, pese a que él también enfrenta procesos judiciales por las dudas sobre su patrimonio. De acuerdo con la prensa local, Fernández no respondió a las preguntas de Ercolini y de los fiscales, pero sí hizo uso de la palabra para defender su inocencia, y aseguró que las acusaciones en su contra son "una maniobra formidable de persecución política". "No es original", subrayó, luego de lo cual indicó que este "hostigamiento" se extiende a otros gobiernos regionales que han desarrollado "procesos de inclusión". En el caso de Argentina, apuntó, el objetivo del gobierno de Macri es "tapar el desastre económico-social" que sufre el país a raíz de su gestión, que comenzó en diciembre pasado. "Pero no se puede tapar el sol con las manos", soltó. La defensa de Fernández de Kirchner ha pedido la nulidad del proceso en su contra y ha solicitado una auditoría de toda la obra pública realizada durante su gestión presidencial, para lo cual ha propuesto crear una comisión bicameral.