MADRID (apro).— Este martes inició el juicio por el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en España que involucra al Partido Popular (PP), tras siete años de investigación y un sumario judicial que suma más de millón y medio de folios en 307 tomos. La imagen de todos los noticiarios y medios de comunicación mostraba a los 37 imputados sentados en el banquillo frente al tribunal. Las penas en contra de los acusados sumarían 732 años de cárcel, entre ellos destacan empresarios, políticos, exalcaldes y funcionarios de varios gobiernos de ese partido. El caso que hoy juzga la Audiencia Nacional es solo por la primera etapa de la trama, que va del año 1999 al 2005, pero en los meses subsiguientes se iniciarán los juicios por algunas otras de sus derivaciones, entre ellos el mediático caso de los Papeles de Bárcenas, el extesorero del PP, Luis Bárcenas. En el juicio que inició hoy se tiene previsto que pasen por el estrado unos 300 testigos y la sentencia se podría dictar en la primavera de 2017. La acusación popular que encabeza la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) pidió la comparecencia del presidente en funciones Mariano Rajoy, no como presidente, sino como el líder del PP en el momento en el que la Fiscalía General del Estado identificó que fue cuando Luis Bárcenas robó 300 mil euros de dinero negro en el período que se juzga. Entre los testigos que deberán concurrir están los exsecretarios generales del PP Javier Arenas, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y los exvicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, quienes también fueron altos cargos del gobierno de José María Aznar. En el año 2008, el juez Baltasar Garzón abrió la primera causa del caso Gürtel, y después de él han dirigido esta investigación otros dos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional y se han derivado de este caso varias causas adicionales. La primera víctima del caso fue el propio juez Garzón, que tuvo que abandonar la carrera judicial, al ser encontrado culpable por el Tribunal Supremo del delito de prevaricación, por ordenar la grabación en la prisión de los líderes de la trama con sus abogados; en su descargo, Garzón argumentó que lo ordenó ante la sospecha de que los implicados continuaban cometiendo delitos teniendo como correa de transmisión a sus representantes legales, y que solo en ese caso sería utilizado como causa judicial, no para conocer la estrategia de defensa de los acusados. Aunque en el panorama judicial de España aparezcan otras causas, como el caso Pujol, los ERE de Andalucía, Púnica o el caso Nóos, el caso Gürtel es el que más derivaciones y más personajes de la vida pública española involucra. El cabecilla de la trama es Francisco Correa, un empresario que se ligó al PP y al gobierno de José María Aznar, quien organizó su propio entramado para amañar contratos por valor de 453.6 millones de euros de las administraciones de la Comunidad de Madrid, gobierno de Castilla y León, los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey, los consistorios andaluces de Estepona y Jerez, y AENA, el operador aéreo que depende del Ministerio de Fomento, resumió hoy la edición del digital El Confidencial. Aun así, ni los informes policiales ni Hacienda han logrado cuantificar la cifra que tres de los imputados ocultaron de los fondos públicos que el PP se gastó en actos electorales en 2003 y 2004. Solo en la primera parte que se juzga a partir de hoy, se amañaron contratos por 120.7 millones de euros. Correa defraudó al fisco por estos amaños alrededor de 22 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario. El líder de la trama no amañaba contratos públicos para sus propias empresas, sino que formalizó una red con otras empresas para conseguirles contratos a cambio de comisiones. Diseñaron un entramado empresarial para conseguir de forma ilícita los fondos públicos que recibió el PP para financiar sus campañas electorales.