VALPARAÍSO (proceso.com.mx).- Aunque para nadie es un misterio el carácter criminal del dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, hasta ahora esto nunca se había establecido oficialmente en Chile. Pero eso cambió rotundamente el miércoles 5 de octubre. Ese día la Cámara de Diputados aprobó –por 69 votos contra 23– el Proyecto de Resolución N° 712 que declara a Pinochet como “Dictador, artífice de un aparato terrorista de Estado y autor intelectual premeditado y alevoso del asesinato del excanciller Orlando Letelier, lo que lo constituye como el gobernante más violento y criminal que haya tenido Chile en su historia”. Esta declaración es la principal repercusión que ha tenido en Chile la desclasificación, por parte de Estados Unidos, de un documento de la CIA en que se sindica a Pinochet como el responsable intelectual del homicidio de Letelier, perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C. “Una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier nos ha proporcionado lo que consideramos pruebas convincentes de que Pinochet ordenó a su jefe de inteligencia perpetrar el asesinato”, señala el escrito de la CIA, fechado el 1 de mayo de 1987 y que lleva por título “El rol de Pinochet en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento”. El documento sintetiza una serie de reportes de inteligencia de la CIA elaborados a partir de 1978. En la resolución parlamentaria, que fue presentada por una decena de diputados liderados por el militante de Izquierda Ciudadana (IC) Sergio Aguiló, se califica como “una vergüenza nacional” al expresidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, y a todos los ministros del más alto tribunal “que le secundaron para impedir la extradición (a Estados Unidos) de Manuel Contreras, pues incumplieron gravemente sus deberes, cometieron prevaricación y fueron incapaces de cumplir con su principal obligación que es la de lograr justicia, haciéndose con este acto cómplices pasivos del dictador”. Mediante dicha resolución –que no es vinculante pero tiene un hondo sentido simbólico– se acordó solicitar al Ministerio de Defensa que adopte todas las medidas necesarias para que en las dependencias de los organismos públicos “no se exhiban imágenes de Augusto Pinochet Ugarte ni se le rinda homenaje alguno”. Desclasificación tardía El señalado reporte desclasificado de la CIA fue entregado a la presidenta Michelle Bachelet por la secretaria de Estado adjunta, Heather Higginbottom, en una ceremonia que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre en Sheridan Circle, a pasos del lugar en que estalló la bomba que despedazó el auto en que viajaban Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, acabando con sus vidas. En su momento este atentado fue calificado como el peor ataque terrorista en la historia de la capital estadunidense. El señalado documento desclasificado, que fue dado a conocer por el Archivo de Seguridad Nacional, dependiente de la Universidad George Washington, había estado precedido por otras desclasificaciones que apuntaban en el mismo sentido. La principal de todas tuvo lugar el 5 de octubre de 2015. Entonces, el secretario de Estado John Kerry, de visita en Santiago, le entregó a Bachelet un pendrive que contenía 282 documentos y mil páginas de seguridad nacional que originalmente fueron cualificadas como “Top Secret”. La información contenida en dichos reportes ya vinculaba directamente a Pinochet en el asesinato de Letelier y Moffitt. En el artículo ‘El veredicto final de la historia sobre el rol de Pinochet en el caso Letelier Moffitt’ –publicado el 8 de octubre de 2015 en el sitio Ciper Chile–, el encargado del capítulo Chile del Archivo de Seguridad Nacional, Peter Kornbluh, analizó dichas desclasificaciones. Kornbluh destacó allí que en un reporte dirigido al presidente Ronald Reagan titulado ‘Pinochet y el asesinato Letelier-Moffitt: Implicaciones para las políticas de EE.UU.’, el secretario de Estado George Shultz se cuestionaba si Pinochet debía ser juzgado en Estados Unidos por el asesinato de Letelier. “La CIA tiene ‘evidencia convincente’, reporta Shultz a Reagan, de que Pinochet ‘ordenó personalmente’ al jefe de su policía secreta, Manuel Contreras, asesinar a Orlando Letelier en Washington D.C.”. Kornbluh aseveró en dicha nota que si estos documentos hubieran sido conocidos con anterioridad “podrían haber terminado en una condena contra el propio dictador”. El informe de la CIA desclasificado el pasado 23 de septiembre afirma que “Pinochet decidió encubrir el caso (Letelier) para esconder su involucramiento y, en última instancia, proteger su puesto en la Presidencia”. Destaca –tal como subrayó la Cámara de Diputados en la citada resolución– que en agosto de 1978 Pinochet se reunió personalmente con el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, “para asegurarse que la Corte Suprema rechazaría las solicitudes de extradición de chilenos en respuesta a los procesamientos previstos en una corte de Estados Unidos”. Según fuentes de la CIA, Pinochet dijo al alto magistrado que “le había prometido a los generales del Ejército que Contreras no sería extraditado, debido al negativo impacto que tendría en la reputación del Ejército”. El juez Bórquez se habría comprometido en la ocasión a “hacer todo lo posible para que la Corte cumpliera con su requerimiento”. La indignidad de Bórquez habría llegado al extremo de facilitar el borrador del fallo que denegaba a Estados Unidos la solicitud de extradición de los oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios, autores materiales de la muerte de Letelier. Según la CIA, Pinochet pidió que dicho fallo fuera “endurecido para excluir cualquier posibilidad de que el caso de extradición pudiera ser reactivado (…) El lenguaje fue cambiado para cumplir con la orden de Pinochet”.  “Cómplices de los crímenes” En entrevista con Apro, el diputado Sergio Aguiló ahondó en las razones que tuvo el Congreso para dar forma a su histórica resolución. “El fundamento principal es que nunca, mientras Pinochet vivió, un tribunal chileno pudo condenarlo por los crímenes brutales que él ordenó realizar en la dictadura que él encabezó”. Aguiló –que es diputado por la centrosureña ciudad de Talca desde 1990– dice que en dicho contexto de impunidad “es que conocimos los documentos desclasificados de la CIA que atribuyen, sin margen de dudas, la autoría de Pinochet en el asesinato del excanciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronni Moffitt”. Añade que “no pudiendo llevar a su principal autor a los tribunales de justicia, nos pareció que al menos la Cámara de Diputados de Chile, que es el órgano político por excelencia que expresa las opiniones de la ciudadanía, debía emitir un pronunciamiento solemne que pudiera establecer que Pinochet fue un dictador, un terrorista de Estado y el criminal más grande que ha tenido Chile en toda su historia”. Aguiló sostiene que por lo mismo él y los otros nueve diputados que presentaron la moción contra Pinochet, solicitaron al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que instruyera a los institutos militares del país “que retirasen cuadros, fotografías y todo simbolismo que pudiera implicar algún homenaje al exdictador”. Actualmente numerosos establecimientos militares chilenos conservan fotografías del dictador Pinochet e incluso el Ejército entrega una medalla que lleva su nombre. Consultado por las razones de lo tardío de este pronunciamiento, Aguiló afirmó: “Esto tiene que ver con el hecho que mientras Pinochet estuvo vivo, nosotros siempre tratamos que fuera la Justicia la que lo juzgara”, aduciendo que los parlamentarios de “los sectores democráticos” concentraron sus esfuerzos “en la anulación de la Ley de Amnistía (de 1978)”, lo que nunca pudieron concretar. Finalmente Aguiló criticó duramente el rol jugado por los parlamentarios de los partidos de derecha (Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional) en relación con este proyecto de acuerdo que condenaba la memoria de Pinochet, subrayando que éstos lo rechazaron o se abstuvieron de votar. “Todos los que votaron en contra de la resolución son cómplices morales de los crímenes de la dictadura y jamás les vamos a conceder en Chile autoridad moral para hablar del tema de los derechos humanos”, manifestó.