Después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela suspendió el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, la polarización social y política se desató y la gobernabilidad del país pende de un hilo. En ese contexto entró en juego la mediación internacional del Papa Francisco, quien mueve sus piezas para fomentar un diálogo en el que pocos creen, pero que es una de las pocas vías para evitar que se desborde la violencia. BOGOTÁ (Proceso).- La visita que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le hizo el lunes 24 al Papa Francisco en el Vaticano fue mucho más que una reunión protocolaria. Cuatro días antes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) suspendió el referendo revocatorio contra Maduro por supuestas irregularidades de los promotores de la consulta. Y horas antes de la cita en el Vaticano, la opositora Asamblea Nacional declaró aquella medida como una “ruptura del orden constitucional” y un “golpe de Estado”. El encuentro entre Francisco y Maduro duró sólo media hora, pero esos 30 minutos pueden resultar determinantes para comenzar a encontrar una salida a la crisis institucional que padece Venezuela, donde el presidente y el Poder Judicial, que le es incondicional, han condenado a la inoperancia a la Asamblea Nacional. De hecho, el jerarca católico y Maduro hablaron en ese encuentro de lo que en pocas semanas puede convertirse en una negociación formal entre el gobierno y los opositores en Venezuela. El Papa, según informó el Vaticano en un comunicado, exhortó a las partes a dialogar para superar “la preocupante situación política, social y económica que el país está atravesando”. El diagnóstico de la sede papal es, dentro de la corrección diplomática con que se expresa, certero: Venezuela registra una ascendente confrontación entre el régimen chavista –que controla los poderes, con la excepción de la Asamblea Nacional y la cúpula de las Fuerzas Armadas– y un segmento mayoritario de la sociedad que, con el difuso liderazgo de la oposición, ya ganó la calle. Nunca en la historia reciente de Venezuela se habían visto manifestaciones tan multitudinarias como las del miércoles 26, cuando más de 1 millón de ciudadanos marcharon en 60 ciudades del país para pedir un referendo revocatorio o la renuncia de Maduro. El presidente tiene el poder institucional, presupuestal y de las armas, pero ya perdió el respaldo ciudadano. “Todos los estudios de opinión pública muestran que ocho de cada 10 venezolanos quieren un cambio; es decir, la salida de Maduro, pero hay una voluntad estratégica de los chavistas de negarse a esto. Ellos saben que hay una alta posibilidad de que pierdan cualquier elección y que eso significaría el inicio de un cambio político profundo”, dice a Proceso el politólogo John Magdaleno. Esa sola probabilidad, agrega, es lo que está detrás de la decisión de los tribunales de justicia y del Consejo Nacional Electoral –que acatan las directrices del Ejecutivo– de suspender el proceso de activación del referendo revocatorio y de aplazar para junio de 2017 las elecciones de gobernadores, que debían realizarse en diciembre de este año. Pero la respuesta popular frente a esas decisiones, que según la oposición violentan el estado de derecho y dejan al descubierto la absoluta falta de independencia de los poderes Judicial y Electoral, ha sido una movilización social sin precedentes que está implicando un alto costo para el régimen. Magdaleno, un especialista en análisis de datos y director de la consultoría Polity, sostiene que, hoy, 31% de los venezolanos está dispuesto a salir a protestar a la calle contra “las sistemáticas violaciones del gobierno a la Constitución”. Este porcentaje, que es mayor al que mostraban los sondeos en las protestas de abril de 2002 –las cuales culminaron con un golpe de Estado contra Hugo Chávez que duró 48 horas– equivale a unos 5.5 millones de ciudadanos adultos. Pero incluso si fueran “sólo” 1 millón de personas las que están dispuestas a participar en un proceso de movilización permanente, esa cantidad es suficiente para poner en serios aprietos a cualquier gobierno en cualquier país del mundo. No es, en todo caso, sólo una lucha contra el autoritarismo político, sino también contra el hambre. Seis de cada 10 venezolanos comen una o dos veces al día por falta de dinero para comprar alimentos o porque no los encuentran en el desabastecido mercado, según encuestas. En los últimos tres años, la economía ha acumulado una contracción de 17.6% y esto significa más pobreza. Un estudio de las tres principales universidades del país señala que 75.6% de los venezolanos son pobres. El gobierno sabe que el malestar social es generalizado, y también lo sabe la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que congrega a las fuerzas políticas más representativas de la oposición venezolana. Por ello, al calor de la demostración de fuerza en las marchas del pasado miércoles, la MUD llamó a una huelga general de 12 horas para el viernes 28. Además, la MUD anunció una desafiante marcha al presidencial Palacio de Miraflores para este 3 de noviembre a fin de notificar a Maduro de la decisión de la Asamblea Nacional de declararlo en “abandono del cargo”, una figura contemplada en la Constitución para casos en que el presidente deja de cumplir sus deberes. El gobierno ya advirtió que esa movilización no está autorizada y que los líderes opositores deben hacerse cargo de lo que pueda ocurrir, lo que de inmediato reaviva los viejos temores de que, en este país, en el que millones de ciudadanos están armados, estalle la violencia. Diplomacia en sotanas Horas después de la reunión del lunes 24 entre el Papa Francisco y Maduro, el enviado especial del Vaticano a Venezuela, el sacerdote suizo Emil Paul Tscherrig, un experimentado diplomático, sostuvo en Caracas un encuentro con funcionarios del gobierno de Maduro y con Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la MUD. Tscherrig anunció que el domingo 30 de octubre se proyectaba realizar la primera cita formal entre representantes del gobierno y la MUD para hablar de las premisas, temas, metodología y cronograma que tendrá el “diálogo nacional”. Los acompañantes del proceso serán el propio Tscherrig y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), quienes desde hace meses actúan como facilitadores del diálogo por encargo de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Y aunque los dirigentes de la MUD están divididos frente a la conveniencia de iniciar un diálogo con el gobierno de Maduro, pues algunos consideran que el presidente sólo busca ganar tiempo, la negociación política es uno de los caminos que en forma ineludible tendrá que explorar la oposición para buscar salidas a la creciente tirantez que vive el país. Con la mediación del Vaticano, y a pesar de las resistencias de dirigentes opositores, como Henrique Capriles y María Corina Machado, para sentarse a la mesa con funcionarios chavistas, los contactos entre la MUD y el gobierno buscan conducir a un proceso de concertación que, además, cuenta de antemano con el beneplácito de la comunidad internacional. El miércoles 26, luego de las multitudinarias marchas opositoras en Venezuela, 12 gobiernos latinoamericanos expresaron en un comunicado su preocupación por la polarización política en ese país y exhortaron a Maduro y a la oposición a dialogar para resolver las diferencias. Las 12 naciones del área, entre ellas Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, llamaron a las partes a buscar soluciones “que respeten el estado de derecho y las garantías constitucionales y permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos fundamentales”. Además, dieron “la más enfática bienvenida a la mediación por parte del ­Vaticano”. El analista político Héctor Pérez Marcano considera que el activo papel que asumió en la última semana el Vaticano frente a la crisis venezolana puede facilitar el diálogo político porque la MUD, pese a las discrepancias internas, confía en esa intermediación, a diferencia de lo que ocurre con la de la Unasur. El “Papa negro” El viernes 14 se produjo en Roma una noticia que, en apariencia, nada tiene que ver con la crisis venezolana. Pero pudiera ser que sí. Ese día fue elegido como nuevo superior general de la Compañía de Jesús el sacerdote Arturo Sosa Abascal. El nuevo líder mundial de los jesuitas, la mayor congregación religiosa católica y a la que pertenece el Papa Francisco, es, además de venezolano, un doctor en ciencias políticas que ha estudiado a fondo la situación de su país bajo el régimen chavista. “He dedicado la mayor parte de mi actividad apostólica e intelectual a tratar de comprender el proceso sociopolítico venezolano”, dijo en su primera rueda de prensa como superior general jesuita, en la cual criticó por igual al gobierno de Maduro que a la oposición. Del presidente señaló que representa un modelo basado en la renta petrolera, que “no se sostiene en sí mismo ni económica ni política ni ideológicamente”, mientras que la oposición “tampoco tiene un proyecto que permita pensar en un futuro no rentista”. El nuevo líder mundial de los jesuitas, quien hasta hace dos años fue profesor e investigador en diferentes universidades de Venezuela, conoce desde hace 33 años al Papa Francisco y, tanto por su amistad como por su condición de compañeros en la Compañía de Jesús, tiene acceso directo a él. El “Papa negro”, como son conocidos los superiores jesuitas, se refiere al régimen chavista como “un sistema de dominación, no como un sistema legítimo”, y piensa que la sociedad venezolana “está corriendo el enorme riesgo de que la política no sea el modo de resolver los conflictos, que son muchos”. Por ello, considera que su país requiere un proceso de paz similar al que desarrolló Colombia con la guerrilla de las FARC. “En Venezuela no hay un conflicto armado en las mismas condiciones, pero sí hay que hacer un proceso de reconciliación”, sostuvo hace dos años en Medellín. Alejandro Moreno, sacerdote salesiano y doctor en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela que conoce a Sosa Abascal, afirma que el nuevo líder jesuita “será, de ahora en adelante, un asesor importante para el Papa sobre los asuntos venezolanos”. Ambos, dice, son muy cercanos, amén de jesuitas, y con el conocimiento político y social que tiene de Venezuela, Sosa Abascal “cuenta con todas las credenciales para poder ser un asesor de mucha confianza del Papa”. De acuerdo con Moreno, eso lo convierte en “una carta muy valiosa” para impulsar una eventual salida negociada al conflicto venezolano. Para ello contará con el apoyo del aparato diplomático del Vaticano, que facilitó el reciente acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Concertación o radicalización El gobierno de Maduro asegura que está dispuesto al diálogo con la MUD, pero, en los hechos, ha cerrado todas las puertas para propiciar una salida institucional a la crisis política y ha dado reiteradas muestras de que no está dispuesto a ceder en nada. El jueves 27, por ejemplo, cortó la energía eléctrica a la sede de la Asamblea Nacional, que por ahora está funcionando con ruidosas y contaminantes plantas portátiles a diésel. La oposición, por su parte, está dividida frente a la posibilidad de negociar, por ahora, con el chavismo. Pero el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, considera que hay que dialogar con el gobierno sin suspender el juicio político que le sigue la Asamblea Nacional al presidente, las movilizaciones en la calle y los llamados a paros de labores. Torrealba, por lo pronto, acudirá a la ­reunión convocada por el enviado del Vaticano para este domingo 30, y adelantó que en ella exigirá al gobierno que rehabilite el proceso para activar el referéndum revocatorio y que se den las garantías para que se efectúe, o bien que se realicen elecciones generales este mismo año. Para el analista Héctor Pérez Marcano, la MUD no debe asumir el diálogo como una claudicación sino como un escenario que podría conducir a una salida a la crisis. “Sin concertación política entre la oposición y el chavismo aquí no se va a solucionar nada”, asegura.