Colombia: La disputa por la nación
Detrás de la oposición del expresidente Álvaro Uribe a los acuerdos de paz que firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC existe un entramado de intereses de grandes terratenientes, bandas paramilitares y políticos corruptos que defienden un modelo de capitalismo rural que aún prevalece en Colombia. Más aún, Uribe se empeña en desarticular la llamada justicia especial para la paz porque implica que los paramilitares puedan comparecer para decir una verdad “inconveniente”: que despojaron de tierras a campesinos y cometieron crímenes por órdenes de él y sus aliados en la “alta política”.
BOGOTÁ (Proceso).- El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe, principal promotor del “no” a los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –la opción que se impuso en el plebiscito del mes pasado–, no sólo es uno de los políticos más populares del país (54% de los colombianos así lo considera) sino también, paradójicamente, de los que más rechazo genera (41%), según una encuesta de Gallup realizada el mes pasado.
Así como amplios segmentos de la sociedad colombiana valoran su determinación para luchar contra las FARC durante sus ocho años de gobierno (2002-2010), otros igualmente numerosos cuestionan que su dureza frente a esa guerrilla marxista resulte tan contrastante con la permisividad que mostró frente a los grupos paramilitares de extrema derecha.
Luego de negociar un controvertido acuerdo de paz con los paramilitares mientras hacía la guerra con las FARC, Uribe extraditó a Estados Unidos en 2008 a los 14 principales jefes de esos grupos. La exsenadora Piedad Córdoba dice que lo hizo “para que no hablaran”. Pero varios de ellos terminaron hablando y señalando al expresidente como su antiguo aliado.
Uribe tiene hoy más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al menos 27 de ellas son por sus presuntos vínculos con organizaciones paramilitares, las cuales son responsables de 8 mil 900 asesinatos selectivos, mil 166 masacres de población civil y del despojo de al menos 5.5 millones de hectáreas, 10% de la superficie agropecuaria de Colombia.
Los máximos líderes de estos grupos criminales, que la década pasada eran los principales capos de las drogas del país y manejaban la política de regiones enteras y a 60 congresistas que terminaron condenados por esos vínculos, han dicho desde Estados Unidos que Uribe era uno de los suyos.
Según una declaración de Diego Fernando Murillo, Don Berna, paramilitar y narcotraficante colombiano que formó parte de los extraditados a Estados Unidos en 2008, “Uribe era la ficha del Cártel de Medellín frente a la institucionalidad”. Esa acusación fue presentada en el Congreso hace dos años por el senador Iván Cepeda.
El paramilitarismo, el narcotráfico y el clientelismo político han formado una mezcla explosiva en las regiones de Colombia donde los poderes se aglutinan en torno a la propiedad de la tierra y su acumulación.
Y en esa red de complicidades están coludidos, hasta la fecha, políticos corruptos, criminales, paramilitares de nuevo cuño, agroempresarios y ganaderos que ven a Uribe como el más eficiente articulador de sus intereses.
El expresidente y senador fue el más sistemático opositor a las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, desde que se iniciaron, en noviembre de 2012, hasta su culminación, en agosto pasado. Fueron tres años y nueve meses de campaña permanente contra esos diálogos.
Cuando los acuerdos quedaron listos, Uribe y su partido, el Centro Democrático, fueron los principales impulsores de la campaña para que los colombianos dijeran “no” a esos pactos de paz en el plebiscito realizado el pasado 2 de octubre.
De manera sorpresiva, pues todas las encuestas indicaban lo contrario, se impuso el “no”. Lo hizo con una diferencia de apenas 0.4 puntos frente al “sí”, y los acuerdos permanecen en un limbo político-jurídico pues el presidente Juan Manuel Santos se quedó sin la posibilidad legal de aplicarlos.
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Uribe y Santos en Bogotá. Foto: AP / Efrain Herrera[/caption]
La guerra sucia
Santos dijo el martes 1 que el rechazo a los acuerdos en el plebiscito fue “el resultado de una estrategia de desinformación y mentiras”, pero que aun así acatará el veredicto de los votantes y renegociará el pacto de paz con las FARC.
Y es que ahora se sabe –el propio gerente de la campaña uribista, Juan Carlos Vélez, lo confesó– que la promoción del “no” tergiversó el contenido de los acuerdos y alentó que la gente saliera a votar “berraca” (enojada) por una serie de falsedades que propalaron, como que Colombia iba al “castrochavismo” o que se les darían subsidios millonarios a los guerrilleros desmovilizados.
“La estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”, dijo Vélez.
Luego de la derrota del “sí” a los acuerdos con las FARC, Uribe optó por ser consecuente con lo que había repetido durante toda la campaña: que no se oponía a la paz sino a los acuerdos con las FARC y que si éstos se modifican, podría apoyarlos.
Las objeciones que plantea el exmandatario van desde la supuesta impunidad para los jefes de las FARC que hayan cometido crímenes de guerra –en realidad esos delitos serían castigados con trabajo y restricción de libertad– hasta el modelo de justicia transicional negociado con esa guerrilla –llamado Jurisdicción Especial para la Paz– y el acuerdo de desarrollo rural, que prevé el reparto de 3 millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierra.
Los promotores del “no”, que además del Centro Democrático incluyen al expresidente Andrés Pastrana y a la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez, han sostenido varias reuniones con representantes del gobierno, en las cuales plantearon unas 400 propuestas de modificación.
Esta semana los delegados de Santos discuten esos planteamientos en La Habana con los jefes de las FARC, quienes tendrán la última palabra sobre los cambios que están dispuestos a aceptar.
El uribismo insiste en que los jefes guerrilleros deben pagar entre cinco y ocho años de prisión efectiva por los crímenes graves que hayan cometido en medio del conflicto y que, en cambio, los militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad reciban “alivios judiciales”.
Además, pide que se elimine la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –establecida en los acuerdos con las FARC y que juzgaría a guerrilleros y militares–, y que los insurgentes sean presentados ante la justicia ordinaria, en un sistema separado del que sancionaría a efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía.
El Centro Democrático también se opone a que los jefes de las FARC responsables de delitos graves participen en política.
Las FARC han dicho que no aceptarán ir a la cárcel –pues en el mundo ningún proceso de paz ha culminado con los líderes de una de las partes en prisión– ni la negación de su derecho a la elegibilidad política, porque para esto estarían dejando las armas.
Otro punto que para el uribismo debe renegociarse, más que modificarse, es el acuerdo de desarrollo rural, que además del reparto de 3 millones de hectáreas prevé la regularización de 7 millones más, la actualización del catastro rural e inversiones millonarias para llevar salud, educación e infraestructura a las poblaciones más remotas de Colombia.
Según el expresidente, ese acuerdo atenta contra la propiedad privada porque prevé expropiaciones –en caso extremo– para completar el reparto. Pero esa figura ya existe en Colombia y es la que usa el Estado, mediante el pago de predios a valor comercial, por ejemplo para construir carreteras.
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Un integrante de las FARC en uno de los campamentos en Llanos del Yarí, departamento de Caquetá, Colombia. Foto: Xinhua / Juan Páez / Colprensa[/caption]
El trasfondo
Jairo Estrada, doctor en historia y en ciencias económicas, afirma que Uribe aglutina y representa a las fuerzas conservadoras que históricamente se han opuesto a las reformas en Colombia.
“Ideológicamente”, señala, “estamos frente a una expresión que tiene antecedentes. En los años treinta del siglo pasado hubo una oposición muy fuerte a las reformas de modernización capitalista que impulsó el presidente liberal Alfonso López Pumarejo, a quien los conservadores, fascistas y falangistas de la época llamaban ‘agente bolchevique’, como ahora Uribe acusa de ‘castrochavista’ a Santos”.
Estrada dice a Proceso que quienes se oponen al cambio actúan con un ideario ultraconservador que defiende el modelo de capitalismo rural que aún prevalece en parte del agro colombiano, así como sus privilegios, que tanto en el siglo XX como ahora han estado relacionados con la acumulación y el despojo de la tierra.
“La cuestión de la tierra sigue siendo un aspecto fundamental de construcción de poder político, tanto en el orden regional, como en el nacional”, señala el integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por el gobierno y las FARC en 2013 para estudiar las causas de la guerra interna.
Darío Fajardo, antropólogo y maestro en historia por la Universidad de California en Berkeley, sostiene que tras la fachada ideológica que hay en la disputa de Uribe contra Santos y las FARC “hay intereses económicos muy fuertes”.
“Lo que estamos viendo con Uribe es la defensa a ultranza de la gran propiedad rural, que en Colombia se ha configurado en gran parte por medio de la usurpación de tierras públicas (las tierras nacionales), como de la pequeña y mediana propiedad. Este conflicto ha dejado casi 7 millones de desplazados (14% de la población) que en gran parte han sido despojados de sus tierras”, señala.
En ese proceso de despojo, asegura Fajardo, han participado los latifundistas que hoy se ven representados por el uribismo, los paramilitares, las bandas criminales y un gran número de dirigentes políticos.
Todos ellos, agrega, son los que se oponen a los acuerdos de paz, que contienen una tímida reforma agraria y el levantamiento de un catastro rural que actualizará el valor de los predios y obligará a los latifundistas a pagar un impuesto predial acorde con el tamaño de sus propiedades y no, como ahora, irrisorio.
En Colombia la defensa de la gran propiedad se ha hecho con violencia. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, los asesinatos de líderes sociales, militantes de izquierda y sindicalistas aumentaron 35% entre 2014 y 2015 y esa tendencia se ha mantenido este año.
De 78 casos en 2014 se pasó a 105 en 2015, uno cada tres días en promedio. Incluso desde agosto pasado, cuando entró en vigor un cese del fuego entre el gobierno y las FARC, más de una decena de dirigentes han sido asesinados en el país, el último de ellos el martes 1. Se trató del líder social del movimiento Marcha Patriótica, Jhon Jairo Rodríguez Torres.
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Uno de los campamentos de las FARC en Llanos del Yarí, departamento de Caquetá, Colombia. Foto: Xinhua / Juan Páez / Colprensa[/caption]
El miedo
Fajardo y Estrada coinciden en que el empeño de Uribe en eliminar de los acuerdos con las FARC la JEP como mecanismo de justicia transicional, tiene que ver con “el miedo” del exmandatario a que los militares procesados por violaciones graves a los derechos humanos digan la verdad ante ese tribunal.
Y es que ante la JEP podrán comparecer no sólo guerrilleros, sino militares, policías, agentes del Estado, empresarios y particulares que en medio del conflicto armado hayan cometido crímenes de lesa humanidad y quieran recibir una pena alternativa –de entre cinco años de trabajo comunitario y restricción de libertad– como sanción por esos delitos.
“Uribe le tiene mucho miedo a la verdad. Por él, y por las personas que han estado cerca de él. Muchos de sus aliados están procesados por paramilitarismo, su hermano Santiago Uribe entre ellos, y él mismo tiene investigaciones y tendría que responder en algún momento por eso y por tierras que han sido despojadas a campesinos”, afirma María Robledo, legisladora y copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.
Lo que Uribe busca, dice la congresista del centroizquierdista partido Alianza Verde, “es desarticular la justicia especial para la paz, porque no quiere que toque a los paramilitares y a los parapolíticos y porque no quiere que los militares comparezcan para decir la verdad, que necesariamente tocaría a sus puertas y a las de sus aliados políticos”.
Para Fajardo lo que el expresidente busca con sus propuestas de renegociación de los acuerdos de paz es “que los militares no hablen ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que no digan que no actuaron por su propio interés, sino cumpliendo órdenes de la alta política”.
Por eso, agrega, para el uribismo los temas de “tierra, justicia y verdad están ligados”.
Frente a este entramado de intereses, y ante la posibilidad de que las FARC rechacen los cambios de fondo que quiere hacer al acuerdo de paz el uribismo, Santos ha perfilado la ruta que seguirá.
A lo largo de este mes buscará, con base en las propuestas presentadas por los promotores del “no”, llegar a un nuevo acuerdo con las FARC.
Ese nuevo pacto de paz, que tendría ajustes pero no modificaciones sustanciales respecto al que firmó el presidente con las FARC el 26 de septiembre, podría ser refrendado a través del Congreso, donde Santos tiene mayoría, mediante un nuevo plebiscito o a través de los cabildos en todos los municipios de Colombia.
El camino más fácil y expedito es el del Congreso. Lo que falta ver es si el uribismo acepta el acuerdo que resulte de la ronda de conversiones que desarrollan delegados del gobierno y de las FARC en La Habana.
Un sondeo de Gallup indicó el miércoles 2 que 77% de colombianos piensa que la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla es insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz.
Y el peso de la opinión pública, aunado al de la comunidad internacional –que respalda con determinación la paz en Colombia– y al de las masivas marchas que piden “acuerdo ya” en las principales ciudades del país, pueden flexibilizar las posturas de Uribe y el Centro Democrático, que ya tienen la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2018.
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Una soldado lee una compilación de escritos de Manuel Marulanda, líder de las FARC. Foto: AP / Fernando Vergara[/caption]
Uribe y Santos en Bogotá. Foto: AP / Efrain Herrera[/caption]
La guerra sucia
Santos dijo el martes 1 que el rechazo a los acuerdos en el plebiscito fue “el resultado de una estrategia de desinformación y mentiras”, pero que aun así acatará el veredicto de los votantes y renegociará el pacto de paz con las FARC.
Y es que ahora se sabe –el propio gerente de la campaña uribista, Juan Carlos Vélez, lo confesó– que la promoción del “no” tergiversó el contenido de los acuerdos y alentó que la gente saliera a votar “berraca” (enojada) por una serie de falsedades que propalaron, como que Colombia iba al “castrochavismo” o que se les darían subsidios millonarios a los guerrilleros desmovilizados.
“La estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”, dijo Vélez.
Luego de la derrota del “sí” a los acuerdos con las FARC, Uribe optó por ser consecuente con lo que había repetido durante toda la campaña: que no se oponía a la paz sino a los acuerdos con las FARC y que si éstos se modifican, podría apoyarlos.
Las objeciones que plantea el exmandatario van desde la supuesta impunidad para los jefes de las FARC que hayan cometido crímenes de guerra –en realidad esos delitos serían castigados con trabajo y restricción de libertad– hasta el modelo de justicia transicional negociado con esa guerrilla –llamado Jurisdicción Especial para la Paz– y el acuerdo de desarrollo rural, que prevé el reparto de 3 millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierra.
Los promotores del “no”, que además del Centro Democrático incluyen al expresidente Andrés Pastrana y a la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez, han sostenido varias reuniones con representantes del gobierno, en las cuales plantearon unas 400 propuestas de modificación.
Esta semana los delegados de Santos discuten esos planteamientos en La Habana con los jefes de las FARC, quienes tendrán la última palabra sobre los cambios que están dispuestos a aceptar.
El uribismo insiste en que los jefes guerrilleros deben pagar entre cinco y ocho años de prisión efectiva por los crímenes graves que hayan cometido en medio del conflicto y que, en cambio, los militares que hayan cometido delitos de lesa humanidad reciban “alivios judiciales”.
Además, pide que se elimine la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –establecida en los acuerdos con las FARC y que juzgaría a guerrilleros y militares–, y que los insurgentes sean presentados ante la justicia ordinaria, en un sistema separado del que sancionaría a efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía.
El Centro Democrático también se opone a que los jefes de las FARC responsables de delitos graves participen en política.
Las FARC han dicho que no aceptarán ir a la cárcel –pues en el mundo ningún proceso de paz ha culminado con los líderes de una de las partes en prisión– ni la negación de su derecho a la elegibilidad política, porque para esto estarían dejando las armas.
Otro punto que para el uribismo debe renegociarse, más que modificarse, es el acuerdo de desarrollo rural, que además del reparto de 3 millones de hectáreas prevé la regularización de 7 millones más, la actualización del catastro rural e inversiones millonarias para llevar salud, educación e infraestructura a las poblaciones más remotas de Colombia.
Según el expresidente, ese acuerdo atenta contra la propiedad privada porque prevé expropiaciones –en caso extremo– para completar el reparto. Pero esa figura ya existe en Colombia y es la que usa el Estado, mediante el pago de predios a valor comercial, por ejemplo para construir carreteras.
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Un integrante de las FARC en uno de los campamentos en Llanos del Yarí, departamento de Caquetá, Colombia. Foto: Xinhua / Juan Páez / Colprensa[/caption]
El trasfondo
Jairo Estrada, doctor en historia y en ciencias económicas, afirma que Uribe aglutina y representa a las fuerzas conservadoras que históricamente se han opuesto a las reformas en Colombia.
“Ideológicamente”, señala, “estamos frente a una expresión que tiene antecedentes. En los años treinta del siglo pasado hubo una oposición muy fuerte a las reformas de modernización capitalista que impulsó el presidente liberal Alfonso López Pumarejo, a quien los conservadores, fascistas y falangistas de la época llamaban ‘agente bolchevique’, como ahora Uribe acusa de ‘castrochavista’ a Santos”.
Estrada dice a Proceso que quienes se oponen al cambio actúan con un ideario ultraconservador que defiende el modelo de capitalismo rural que aún prevalece en parte del agro colombiano, así como sus privilegios, que tanto en el siglo XX como ahora han estado relacionados con la acumulación y el despojo de la tierra.
“La cuestión de la tierra sigue siendo un aspecto fundamental de construcción de poder político, tanto en el orden regional, como en el nacional”, señala el integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por el gobierno y las FARC en 2013 para estudiar las causas de la guerra interna.
Darío Fajardo, antropólogo y maestro en historia por la Universidad de California en Berkeley, sostiene que tras la fachada ideológica que hay en la disputa de Uribe contra Santos y las FARC “hay intereses económicos muy fuertes”.
“Lo que estamos viendo con Uribe es la defensa a ultranza de la gran propiedad rural, que en Colombia se ha configurado en gran parte por medio de la usurpación de tierras públicas (las tierras nacionales), como de la pequeña y mediana propiedad. Este conflicto ha dejado casi 7 millones de desplazados (14% de la población) que en gran parte han sido despojados de sus tierras”, señala.
En ese proceso de despojo, asegura Fajardo, han participado los latifundistas que hoy se ven representados por el uribismo, los paramilitares, las bandas criminales y un gran número de dirigentes políticos.
Todos ellos, agrega, son los que se oponen a los acuerdos de paz, que contienen una tímida reforma agraria y el levantamiento de un catastro rural que actualizará el valor de los predios y obligará a los latifundistas a pagar un impuesto predial acorde con el tamaño de sus propiedades y no, como ahora, irrisorio.
En Colombia la defensa de la gran propiedad se ha hecho con violencia. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, los asesinatos de líderes sociales, militantes de izquierda y sindicalistas aumentaron 35% entre 2014 y 2015 y esa tendencia se ha mantenido este año.
De 78 casos en 2014 se pasó a 105 en 2015, uno cada tres días en promedio. Incluso desde agosto pasado, cuando entró en vigor un cese del fuego entre el gobierno y las FARC, más de una decena de dirigentes han sido asesinados en el país, el último de ellos el martes 1. Se trató del líder social del movimiento Marcha Patriótica, Jhon Jairo Rodríguez Torres.
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Uno de los campamentos de las FARC en Llanos del Yarí, departamento de Caquetá, Colombia. Foto: Xinhua / Juan Páez / Colprensa[/caption]
El miedo
Fajardo y Estrada coinciden en que el empeño de Uribe en eliminar de los acuerdos con las FARC la JEP como mecanismo de justicia transicional, tiene que ver con “el miedo” del exmandatario a que los militares procesados por violaciones graves a los derechos humanos digan la verdad ante ese tribunal.
Y es que ante la JEP podrán comparecer no sólo guerrilleros, sino militares, policías, agentes del Estado, empresarios y particulares que en medio del conflicto armado hayan cometido crímenes de lesa humanidad y quieran recibir una pena alternativa –de entre cinco años de trabajo comunitario y restricción de libertad– como sanción por esos delitos.
“Uribe le tiene mucho miedo a la verdad. Por él, y por las personas que han estado cerca de él. Muchos de sus aliados están procesados por paramilitarismo, su hermano Santiago Uribe entre ellos, y él mismo tiene investigaciones y tendría que responder en algún momento por eso y por tierras que han sido despojadas a campesinos”, afirma María Robledo, legisladora y copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.
Lo que Uribe busca, dice la congresista del centroizquierdista partido Alianza Verde, “es desarticular la justicia especial para la paz, porque no quiere que toque a los paramilitares y a los parapolíticos y porque no quiere que los militares comparezcan para decir la verdad, que necesariamente tocaría a sus puertas y a las de sus aliados políticos”.
Para Fajardo lo que el expresidente busca con sus propuestas de renegociación de los acuerdos de paz es “que los militares no hablen ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que no digan que no actuaron por su propio interés, sino cumpliendo órdenes de la alta política”.
Por eso, agrega, para el uribismo los temas de “tierra, justicia y verdad están ligados”.
Frente a este entramado de intereses, y ante la posibilidad de que las FARC rechacen los cambios de fondo que quiere hacer al acuerdo de paz el uribismo, Santos ha perfilado la ruta que seguirá.
A lo largo de este mes buscará, con base en las propuestas presentadas por los promotores del “no”, llegar a un nuevo acuerdo con las FARC.
Ese nuevo pacto de paz, que tendría ajustes pero no modificaciones sustanciales respecto al que firmó el presidente con las FARC el 26 de septiembre, podría ser refrendado a través del Congreso, donde Santos tiene mayoría, mediante un nuevo plebiscito o a través de los cabildos en todos los municipios de Colombia.
El camino más fácil y expedito es el del Congreso. Lo que falta ver es si el uribismo acepta el acuerdo que resulte de la ronda de conversiones que desarrollan delegados del gobierno y de las FARC en La Habana.
Un sondeo de Gallup indicó el miércoles 2 que 77% de colombianos piensa que la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla es insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz.
Y el peso de la opinión pública, aunado al de la comunidad internacional –que respalda con determinación la paz en Colombia– y al de las masivas marchas que piden “acuerdo ya” en las principales ciudades del país, pueden flexibilizar las posturas de Uribe y el Centro Democrático, que ya tienen la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2018.
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Una soldado lee una compilación de escritos de Manuel Marulanda, líder de las FARC. Foto: AP / Fernando Vergara[/caption]
