RÍO DE JANEIRO (Proceso).- La condena a 19 años de prisión contra Marcelo Odebrecht, heredero y presidente de la multinacional Odebrecht –presente en México y otros 28 países– era esperada. Desde marzo de 2014, cuando empezó la Operación Lava Jato (Limpieza), Sergio Moro, juez de Curitiba a cargo de la mayoría de los casos, ha encarcelado a los inculpados sin darles oportunidad de esperar el proceso judicial en libertad. Más aún, ha impuesto largas condenas de prisión a los acusados que no acordaron con él una “delación recompensada”; es decir ofrecer información sobre otros inculpados a cambio de reducir sus penas. Según el último balance de la operación, ya fueron dictadas 84 sentencias que juntas totalizan 825 años de prisión. Los imputados que hicieron acuerdos de delación recibieron sentencias que podrán ser cumplidas fuera de la cárcel. Los otros están en prisión. Entre ellos Odebrecht y otros cuatro ejecutivos de su grupo empresarial, quienes desde hace ocho meses están encarcelados y fueron sentenciados el pasado martes 8 a penas de entre ocho y 10 años de cárcel por los mismos cargos: corrupción, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. La noticia de esta sentencia, aun siendo esperada, fue una bomba que estalló en el mundo económico y político brasileño. El hecho de condenar a uno de los hombres más poderosos del país confirma las palabras de uno de los procuradores del caso el día de la detención de Odebrecht, en junio pasado: “Nadie está encima de la ley, por más poderosos que sean los autores de los crímenes”. Una vez digerida la sentencia de Odebrecht, los dirigentes del país se preocupan ahora de lo que se les viene encima. Los ejecutivos de Odebrecht y una secretaria –Maria Lucia Tavares, clave en el manejo de los sobornos– están también dispuestos a entrar en el esquema de delación. Este esquema se volvió el arma más efectiva usada por Moro para entender cómo funcionó el esquema de corrupción que involucró a Petrobras (la petrolera semiestatal brasileña), a empresas de la construcción y a políticos. En total, 49 acusados hicieron acuerdos de delación a cambio de cumplir sus sentencias fuera de la cárcel. Cinco empresas decidieron también reconocer su conducta criminal, despedir a los funcionarios involucrados, reembolsar el daño a Petrobras, pagar multas y comprometerse a prácticas de buena conducta bajo la supervisión del Ministerio de Justicia. Mensalao El gran número de quienes optaron por el esquema fue sin duda el mayor éxito de la operación. Este boom de delaciones es consecuencia del reciente “juicio del Mensalao” (2014), hasta ahora el mayor esquema de corrupción que envolvía el mundo político. En este juicio, los empresarios recibieron las penas de prisión más duras. Dos publicistas cumplen condenas de 35 y 25 años, respectivamente, y tres executivos del banco rural recibieron entre 12 y 14 años. En cambio los políticos recibieron penas menores (siete años) en régimen “semi-abierto”: tienen que dormir en la cárcel pero están fuera el resto del día, como fueron los casos de José Dirceu, expresidente del Partido de los Trabajadores y exsecretario de Gobernación; y Delubio Soares, extesorero de ese partido. “El Mensalao fue cruel con todos los escalones menores de la jerarquía del crimen; en cambio, el ‘escalón mayor’ recibió una pena más suave”, explica a Proceso Joao Feres, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Río de Janeiro. En el caso Petrobras –mucho más grave que el Mensalao–, hablar se convirtió en la opción salvadora para muchos funcionarios, empezando por los directores de la petrolera, que decidieron contar mucho. Para entrar en el esquema, el delator tiene que dar informaciones nuevas y verdaderas, que son evaluadas por los jueces. Si uno de ellos espera demasiado, corre el riesgo que sus excolegas declaren antes y no tener novedades para contar en su turno. Después de los directores de Petrobras, ejecutivos de cuatro empresas de la construcción y una de energía nuclear fueron los siguientes en aceptar el esquema de la delación. Hasta ahora Odebrecht había logrado tener a sus colaboradores en silencio. Pero la sentencia del martes 8 cambió el panorama, en especial para una simple secretaria todavía no sentenciada y que es apuntada por los procuradores como la encargada de la contabilidad de los sobornos. Moro actúa como si estuviera cerca de encontrar el eslabón que le falta para relacionar Odebrecht con la más reciente campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff. Ya encarceló al publicista Joao Santana, el gurú de la publicidad electoral, como suelen llamarlo por haber asesorado, entre otros, a los presidentes Lula y Rousseff en Brasil, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Santana y su esposa están en la cárcel desde finales de febrero. Él fue acusado de recibir sobornos de parte de Odebrecht. Los procuradores del caso Lava Jato sospechan que Odebrecht pagó a Santana por los servicios que brindó en las campañas electorales petistas de 2008 a la fecha. El juez héroe Para todos los que quieren el fin del Partido de los Trabajadores, en el poder en Brasil desde 2003, Moro es un héroe. Su imagen está en todas las marchas que piden el desafuero de Rousseff. El público sigue sus conferencias y es elogiado en los medios masivos. “¡Imagine, una información clave de la secretaria de Odebrecht y tenemos el desafuero contra la presidenta. Viva la delación!”, se entusiasma un opositor a Rousseff que asistió a una manifestación el viernes 4, cacerola en mano, festejando los anuncios de las próximas delaciones. En enero pasado cien abogados suscribieron una carta a la opinión pública en la que denuncian la actuación del juez tanto en los tribunales como en la prensa. Alexandre Lopez, abogado desde hace 22 años y quien defiende a tres acusados en el caso, piensa que “dado el tamaño de las irregularidades (procesales), yo creo que la mitad de sus condenas van a ser anuladas en segunda instancia”. Los especialistas consideran ilegal primero que el juez se apropie de la mayoría de los casos, alegando conexiones entre ellos. “Sergio Moro no es competente territorialmente para juzgar 90% de los casos. Usa la delación recompensada como una prueba, cuando sólo es un instrumento para buscar una prueba. Él juzga antes de la producción de la prueba, pero aun así sigue siendo el héroe de una gran parte de los medios”, asegura Lopez. Moro no da entrevistas a la prensa, pero ha explicado sus métodos en conferencias públicas. En septiembre pasado, el director de la revista Veja, cuya posición es abiertamente contra la presidenta, lo recibió con estas palabras: “Queremos felicitarlo por el excelente trabajo que ha hecho y preguntarle si usted cree que su investigación irá hasta el fondo”. Moro respondió que ha estudiado cautelosamente la operación italiana “manos limpias”, de los noventa, que investigó los lazos entre la mafia y la clase política italiana. En esa época, el uso de la delación y el apoyo de la opinión pública fueron capitales para lograr avances en la investigación, según el juez. “Es también nuestro papel de informar a la sociedad para que apoye la conducta de las investigaciones”, consideró en esa ocasión. Así el contenido de varias delaciones fueron dadas en exclusividad a algunos medios. Según las informaciones que entonces salieron en la prensa, los cuatro últimos presidentes están citados en las delaciones – Rousseff, Lula, Fernando Henrique Cardoso y Fernando Collor de Melo– además del presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha, respectivamente. Aécio Neves, candidato por la oposición a las últimas elecciones presidenciales, fue también citado cuatro veces, pero las investigaciones en su contra no prosiguieron. Odebrecht también financió la campaña electoral de Neves. Si este dinero es fruto de la corrupción, sería difícil mantenerlo fuera del mismo delito. Según el periódico Folha de Sao Paulo, Odebrecht no tuvo otra opción que permitir a sus ejecutivos a entrar en el esquema de delación. La multinacional que facturó 32 mil millones de dólares en 2014, también estará pensando en colaborar para evitar una quiebra. Odebrecht corre el riesgo de que se le impida participar en cualquier contrato público y de recibir financiamiento de los bancos estatales. El propio juez en su sentencia contra Odebrecht aconsejó a la empresa colaborar con la justicia. Para varios de sus colaboradores y de sus críticos, Moro persigue un objetivo: que al final del proceso, y a diferencia del Mensalao, los empresarios sean condenados en “régimen abierto” (fuera de la prisión) y los políticos encarcelados.