Cárteles mexicanos, desafío del posconflicto colombiano

domingo, 20 de marzo de 2016
No sólo se trata de acabar una guerra de más de medio siglo. El gobierno colombiano ya piensa en lo que vendrá después de que firme la paz con la guerrilla de las FARC. Y más allá de abatir los índices de marginalidad y pobreza extrema en las zonas que controlaron los rebeldes, un nuevo problema se avizora: el narcotráfico mexicano. Ahí, donde el Estado reculó ante el enemigo, es donde se planta la hoja de coca y se procesa la droga que anhelan los cárteles de Sinaloa y Jalisco. BOGOTÁ (Proceso).- Ante la inminencia de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de este país tiene ya la mira puesta en el posconflicto y en los desafíos institucionales que implicará garantizar que la pacificación en su territorio sea real y sostenible. Después de 52 años de guerra y del abandono estatal de extensas zonas rurales azotadas por el conflicto, por la pobreza extrema y por el narcotráfico, el gobierno colombiano proyecta recuperar esos territorios –donde las FARC tienen notable influencia– con políticas públicas, presencia institucional, inversión social y una estrategia de ­seguridad. De acuerdo con el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, la paz permitirá al Estado colombiano abatir la marginación en el campo, el principal escenario de la confrontación armada y donde la pobreza afecta a la mitad de la población, y responder con más eficacia a la histórica violencia que ha golpeado al sector rural. Y para ello, afirma, dos de los principales componentes del posconflicto serán la inversión social y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y los organismos de justicia en las áreas donde se desmovilizarán unos 16 mil 500 guerrilleros y milicianos que, según estima el Ejército, tienen las FARC. Según un plan anunciado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “cuando venga la paz y las FARC dejen esas zonas donde están protegiendo actividades delincuenciales, como minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio para evitar que lo ocupen bandas criminales”. La estrategia del gobierno prevé el aumento de efectivos de la Policía Nacional de Colombia (PNC) y la creación de grupos de fuerzas especiales y un servicio de inteligencia integrado para combatir a las bandas criminales (bacrim). Cárteles al acecho Fuentes de la PNC dicen a Proceso que uno de los retos del posconflicto será evitar que los cárteles mexicanos de la droga financien a las bacrim locales para asegurar el abasto de la cocaína. “Tenemos informes de que existe preocupación de los narcotraficantes mexicanos de que una salida de las FARC del negocio de la cocaína haga caer la producción y el suministro. Ellos están buscando asegurar el negocio y tienen el dinero para financiar a sus socios colombianos”, asegura una de las fuentes consultadas. Según un reporte de inteligencia de la PNC, el Cártel de Sinaloa es la organización delictiva mexicana con mayores “alianzas criminales” en Colombia, mientras que el de Jalisco Nueva Generación “ha ampliado sus redes con las bacrim colombianas en el proceso de reconfiguración del negocio del narcotráfico a nivel regional”. Los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas registran un notable descenso en sus contactos con traficantes de drogas colombianos, agrega el informe. El documento de cinco páginas de la PNC asegura que en los últimos cuatro años los principales proveedores de cocaína de los cárteles mexicanos han sido “las FARC, las bacrim y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que está en pláticas exploratorias con el gobierno para iniciar un proceso de paz)”. Con la inminente salida de las FARC del negocio, como parte de los compromisos asumidos por esa guerrilla en los acuerdos de paz, “se presentará un proceso de transformación criminal en Colombia”, agrega. Entre los escenarios que anticipa la PNC con la desmovilización de las FARC, que podría comenzar a finales de este mes, está “una mayor fragmentación y geolocalización del delito con estructuras con menor nivel de cohesión y cobertura”. Las bacrim y el ELN podrían cobrar más protagonismo en el negocio de la producción y procesamiento de hoja de coca y “los nexos de los narcotraficantes colombianos y cárteles mexicanos se fortalecerían y extenderían”. El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, indica que el ELN ha ocupado espacios que han dejado las FARC en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño –donde se concentra 36% de los plantíos de hoja de coca del país–, y ha recibido “a parte de los hombres” de esta guerrilla que no aceptan la desmovilización. Restrepo considera que algunos otros efectivos de las FARC, inconformes con los acuerdos de paz, acabarán engrosando las filas de las bacrim. Según el reporte de la PNC, en la reconfiguración del negocio de la cocaína, que se avecina con la firma de la paz, es previsible que “se refuerce el despliegue de contactos de los cárteles mexicanos que han enviado a delegados al país en búsqueda de proveedores de estupefacientes para suplir el vacío que va a generar la salida de las FARC” de esa actividad, la cual les ha servido para financiar la guerra contra el Estado colombiano. “Comisionados mexicanos” El politólogo y experto en seguridad Ariel Ávila señala que las FARC operan en 281 municipios del país –la cuarta parte del total–, en 190 de los cuales hay presencia de negocios ilegales, como minería clandestina y siembra y procesamiento de hoja de coca. En la mayoría de esos municipios operan organizaciones criminales con capacidad de reemplazar a las FARC en los negocios ilícitos una vez que se desmovilicen, dice Ávila. “Eso significa que existe un riesgo muy grande de que en las dos terceras partes de los municipios donde hoy está la guerrilla otros grupos lleguen a tomarse esos mercados ilegales”, afirma. El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación considera que, en ese escenario, los cárteles mexicanos, que son los que concentran las grandes ganancias del tráfico de cocaína, presionarán a las bacrim colombianas “para que copen esos territorios y garanticen el abastecimiento de droga”. Dice que en las regiones cocaleras “se habla de que los cárteles mexicanos están enviando comisionados para financiar, con préstamos, esa transición, sin que eso quiera decir que las organizaciones mexicanas del narcotráfico vayan a tener en Colombia estructuras propias armadas”. Para Ávila, mientras los mercados de la droga mantengan su alta demanda, será inevitable que los centros de producción hagan todo lo posible por abastecerlos. “Eso va a pasar, pero lo importante es que eso pase con muy poca violencia y que no ocurra en todas las zonas donde se van a desmovilizar las FARC”, sostiene el investigador de los fenómenos criminales y maestro en sociología. Dice que, además, es “casi inevitable” que los cárteles mexicanos se mantengan al margen del posconflicto colombiano pues son los que se encargan de introducir a Estados Unidos 80% de la droga que se produce en Colombia y “van a buscar a toda costa mantener el abastecimiento”. El coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien se dedicó a estudiar los fenómenos de violencia tras dirigir en los noventa el Bloque de Búsqueda que capturó a los principales jefes del Cártel de Cali, considera que los cárteles mexicanos de la droga forman parte de las “nuevas amenazas” que afectarán la seguridad pública tras la desmovilización de las FARC. De acuerdo con el maestro en estudios políticos y analista militar, la firma de la paz con esa guerrilla y una eventual negociación con el ELN significarán el fin de la guerra interna, “pero quedará el crimen organizado local y trasnacional como el mayor desafío de seguridad”. De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, las plantaciones de hoja de coca en Colombia llegaron en 2014 a 69 mil hectáreas, 44% más que en 2013, y todas se localizan en zonas de fuerte presencia guerrillera. Esa cantidad de cultivos alcanza para producir 442 toneladas de cocaína en un año, según el reporte. Si se restan las 147 toneladas de estupefacientes que decomisaron las autoridades colombianas, quedan 295, las cuales tendrían un valor de 5 mil 900 millones de dólares en Estados Unidos. Como parte de las negociaciones de paz, las FARC y el gobierno colombiano alcanzaron en mayo de 2014 un acuerdo sobre drogas ilícitas en el cual la guerrilla se compromete a que, al finalizar el conflicto, pondrá “fin a cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”. El gobierno, por su parte, asume el compromiso de financiar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que abarcará la formalización de la propiedad de sus tierras a los campesinos, acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, y la provisión de bienes y servicios públicos como carreteras, agua potable y energía eléctrica. Este programa, que se implementará con ayuda de las FARC, resulta muy atractivo para miles de familias campesinas que siembran hoja de coca por falta de alternativas, lo que le augura posibilidades de éxito y de que Colombia reduzca en forma significativa su oferta de esa droga. La guerrilla, además, acordó contribuir “de manera efectiva y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, lo que de acuerdo con el presidente Santos significa que las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico. Y el gobierno, por su parte, se comprometió a enfrentar el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública y a revisar y ajustar su política antidrogas promoviendo un debate internacional sobre el asunto en el que se exploren alternativas al prohibicionismo. El jefe de la delegación de negociadores de las FARC, Iván Márquez, ha sostenido que la guerra contra las drogas “es un fraude y una farsa total, lo que explica su fracaso”. De acuerdo con el comandante guerrillero, “la causa de la persistencia en esa política son los negocios, y Colombia y México aportan las víctimas de un prohibicionismo hipócrita”. En un escrito divulgado en la capital cubana, sede de los diálogos de paz, señaló que “donde huela a drogas, ahí están las tropas estadunidenses erradicando la cocaína, la heroína y el opio de los demás, y protegiendo a los barones de la droga que blanquean sus dineros a través de los bancos de Estados Unidos y de Europa”. Para el politólogo Ariel Ávila, el éxito de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que instrumentará el gobierno tras la firma de la paz dependerá de que el Estado cumpla con los acuerdos, en especial el de desarrollo rural, y que invierta los recursos para sacar de la marginación a las áreas más afectadas por el conflicto armado. De acuerdo con un estudio del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el cumplimiento del acuerdo de desarrollo rural requerirá una inversión pública anual de entre 2 mil 500 y 3 mil 200 millones de dólares por espacio de una década. Esta última cifra equivale al 5% del presupuesto público de este año. “La clave es que haya esa inversión, que haya una estrategia de seguridad efectiva y que las FARC, desmovilizadas y convertidas en un partido político, se involucren en la sustitución de cultivos”, asegura Ávila. Agrega que si esos tres factores se cumplen, muchas zonas del país podrán comenzar a salir de los cultivos ilegales y del procesamiento de hoja de coca, así como de la violencia que esas actividades traen consigo. “Pero lo cierto es que, al otro día de que las FARC dejen las armas, habrá grupos criminales que van a intentar ocupar esas zonas, muchos de ellos con el respaldo financiero de los cárteles mexicanos. Es inevitable que eso pase”, señala el experto en seguridad.

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