CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La organización Human Rights Watch denunció este domingo que las personas con discapacidad psicosocial en Indonesia son a menudo encadenadas o ingresadas por la fuerza en instituciones psiquiátricas donde sufren abusos. En un reporte de 74 páginas “Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia” (“Vivir en el infierno: abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia”), la organización analiza cómo las personas con problemas de salud mental a menudo acaban encadenadas o encerradas –sin su consentimiento– en instituciones hacinadas e insalubres debido al estigma y a la ausencia de servicios de apoyo comunitarios adecuados y de atención de salud mental. Precisa además que en las propias instituciones afrontan violencia física y sexual; tratamientos involuntarios, incluida la terapia electroconvulsiva; aislamiento; restricciones y la anticoncepción forzada. “Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo, sigue siendo una práctica generalizada y brutal”, señaló Kriti Sharma, investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch y autora del informe. “Las personas pasan años inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qué hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas más humanas”, agregó. Human Rights Watch entrevistó a 149 personas, incluyendo a adultos y niños con discapacidad psicosocial, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental, directores de instituciones psiquiátricas, funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Como parte de la investigación, Human Rights Watch visitó 16 instituciones en las islas de Java y Sumatra, incluyendo hospitales psiquiátricos, instituciones de asistencia social y centros de sanación espiritual, y documentó 175 casos, en cinco provincias, de personas que se encuentran actualmente encadenadas, encerradas o que fueron recientemente liberadas. El informe indica que más de 57 mil personas en Indonesia con problemas de salud mental se han visto sometidas a la práctica del pasung –encadenar o encerrar a los pacientes en un espacio reducido– al menos una vez en sus vidas. Según las últimas cifras oficiales disponibles, unas 18 mil 800 de estas personas estarían actualmente encadenadas. A pesar de que el gobierno prohibió en 1977 esta práctica, las familias, los curanderos tradicionales y el personal en los hospitales psiquiátricos siguen encadenando a las personas con discapacidad mental, a veces durante años. En un caso, el padre de una mujer con discapacidad mental contó a Human Rights Watch que la encerró en un cuarto tras consultar a unos sanadores espirituales porque estaba destruyendo las cosechas de sus vecinos. Cuando trató de excavar un túnel para escapar de la habitación, sus padres le ataron las manos a la espalda y la dejaron allí, desnuda en los escombros, donde comió, durmió, orinó y defecó durante 15 años antes de que fuera liberada. El gobierno de Indonesia ha tomado algunas medidas para erradicar esta práctica. Los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales han lanzado cada uno una campaña contra el uso de grilletes y cadenas. Una nueva ley sanitaria exige integrar el cuidado de salud mental en la atención primaria de salud. Y equipos de funcionarios gubernamentales, personal médico y empleados de las instituciones psiquiátricas del gobierno se están encargando de liberar a personas del encadenamiento. Sin embargo, en parte debido a que el gobierno de Indonesia está tan descentralizado, la aplicación de la nueva ley a nivel local ha sido muy lenta. Human Rights Watch descubrió que las pocas instituciones y servicios que existen a menudo no respetan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial y contribuyen en gran medida a los abusos que sufren. “Imagina cómo es vivir en el infierno, pues aquí es así”, dijo Asmirah, una mujer de 22 años con una discapacidad psicosocial, para describir el centro de salud espiritual en Brebes donde fue obligada a vivir. En algunas de las instituciones que Human Rights Watch visitó, el hacinamiento y la falta de higiene eran una preocupación grave, que desencadenó plagas de piojos y sarna generalizada. En Panti Laras 2, un centro de asistencia social a las afueras de la capital, Yakarta, Human Rights Watch observó cómo aproximadamente 90 mujeres vivían en una sala que de manera razonable podía acomodar a 30 como máximo. En 13 de los 16 hospitales que Human Rights Watch visitó, las personas eran obligadas rutinariamente a tomar medicamentos o eran sometidas a “tratamientos” alternativos como brebajes de hierbas “mágicas”, masajes vigorosos por curanderos tradicionales y la recitación de versos del Corán al oído. En tres de las seis instituciones visitadas, Human Rights Watch documentó el uso de la terapia electroconvulsiva sin anestesia ni consentimiento. En una de ellas también se administraba a niños. Human Rights Watch también documentó casos de violencia física y sexual. En siete de los centros visitados, el personal masculino podía entrar en las secciones de las mujeres a su voluntad o estaba encargado de la sección de mujeres, incrementando el riesgo de violencia sexual para las mujeres y las niñas. En los sanatorios, los hombres y las mujeres eran encadenados el uno al lado del otro, lo que no les daba la opción a las mujeres de huir en caso de abuso. En tres instituciones, Human Rights Watch descubrió evidencias de que el personal administraba métodos anticonceptivos a las mujeres sin su consentimiento o conocimiento. La organización recomendó al gobierno de Indonesia ordenar de manera inmediata inspecciones y la supervisión regular de todas las instituciones públicas y privadas, y tomar medidas contra los centros que practican el encadenamiento o abusan de las personas con discapacidad psicosocial. Indonesia, agregó, también debería hacer más para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial puedan tomar decisiones sobre sus vidas y para exigir el consentimiento informado para el tratamiento. El gobierno debería enmendar la Ley de Salud Mental de 2014 para asegurar que las personas con discapacidad psicosocial tengan los mismos derechos que los demás indonesios. También, añadió HRW, debería modificar y aprobar el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para adaptar su legislación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Indonesia ratificó en 2011.