Condena la CIDH asesinato de otro ambientalista hondureño

lunes, 21 de marzo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al condenar el asesinato del ambientalista Nelson Noé García, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Honduras a investigar el caso con “la debida diligencia”. La CIDH recordó en un comunicado que la muerte de Noé García se produjo “doce días después del asesinato de su colega, la reconocida líder y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres”, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). El martes15, señaló la Comisión, Nelson Noé García acompañó y auxilió a pobladores de una comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés, donde las fuerzas de seguridad estatales realizaron un desalojo en el cual, según información de organizaciones sociales, habría habido uso abusivo de la fuerza. Tras retornar a su domicilio, anotó la CIDH, desconocidos abrieron fuego contra el activista, lo que causó la muerte de García, de 38 años. Por ello el organismo regional expresó “su profundo repudio por este asesinato, y su especial preocupación por el hecho de que Nelson Noé García tenía medidas cautelares otorgadas a su favor”. También insistió en la obligación del Estado hondureño de “investigar el asesinato de Nelson Noé García y de Berta Cáceres con debida diligencia, y a juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales”. Además, estableció el relator para Honduras de la CIDH, Francisco Eguiguren, el gobierno hondureño debe incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil la actividad de la víctima como defensor de derechos humanos”. “Estos crímenes no deben quedar en la impunidad”, emplazó Eguiguren. La CIDH también advirtió que en los últimos años los integrantes de la Copinh han sido víctimas de numerosos actos de agresión, criminalización, amenazas e intimidaciones. De acuerdo con un reporte del organismo publicado en febrero y elaborado tras su visita al país centroamericano, se estima que más de 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes por la incapacidad de los órganos de investigación del Estado.

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