CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miles de internos de cárceles de distrito de Louisiana, Estados Unidos, que padecen VIH no reciben servicios básicos para tratar la enfermedad, lo que representa un riesgo para su salud y la de las comunidades en las que reinsertan cuando son liberados. Un informe de 70 páginas llamado Pagar el precio: Ausencia de servicios de VIH en cárceles de distrito de Louisiana, publicado hoy por Human Rights Watch (HRW) documenta la situación del VIH en las cárceles donde las pruebas, el tratamiento y las derivaciones a la atención médica son “inadecuados, asistemáticos y, en muchos casos, directamente inexistentes”. Según el documento, de 104 cárceles de distrito que hay en el estado pocas ofrecen pruebas de VIH cuando ingresan los internos, pese a el Centro para el Control de Enfermedades (Center for Disease Control) del gobierno de Estados Unidos así lo recomienda. En muchas cárceles, dice en informe, el tratamiento contra el VIH se demora, se interrumpe o directamente no se proporciona, y la continuidad de la atención médica se ve obstaculizada al no vincular a presos que tienen un diagnóstico de VIH con servicios de atención médica disponibles en la comunidad una vez que salen del establecimiento penitenciario. El informe se publicó en el marco del Día de la Conciencia Legislativa de Louisiana AIDS Advocacy Network, que congregó en el Capitolio a cientos de personas que viven con VIH en distintos puntos del estado. “Louisiana es la ‘zona cero’ de dos epidemias en Estados Unidos, dado que presenta la tasa más alta de nuevas infecciones de VIH y una tasa de personas en prisión que supera al promedio nacional”, dijo Megan McLemore, investigadora sénior sobre salud de HRW y autora del informe. La falta de tratamiento, abundó, afecta a personas con VIH y a la comunidad en su conjunto, “dado que todas las personas que ingresan a la cárcel recuperan en algún momento la libertad”. Muchas de las personas que presentan el mayor riesgo de VIH – como aquellas que consumen drogas, trabajadores sexuales, personas LGBT, personas de bajos ingresos, y miembros de las comunidades afroamericana y latina – tienen una representación “desproporcionadamente elevada” en cárceles y prisiones, observó. Trabajadores sociales de HRW realizan búsquedas todos los días en los sitios web de las cárceles para encontrar a aquellos clientes que no saben dónde se encuentran. El organismo entrevistó a más de 100 personas, incluidas algunas que recién habían salido de cárceles de distrito, personal médico en esos establecimientos, proveedores de servicios para la atención del VIH, funcionarios del departamento de salud, alguaciles y funcionarios penitenciarios estatales, así como defensores de oficio, fiscales y jueces. Así determinó que en Louisiana una de cada siete personas con VIH no está al tanto de su condición y que, pese a ello, la mayoría de las cárceles distritales del estado no ofrecen pruebas de VIH a las personas detenidas. Sin presupuesto para tratamiento Funcionarios de instituciones carcelarias dijeron a HRW que no llevan a cabo pruebas de VIH como parte del procedimiento de rutina, porque no pueden costear los tratamientos a quienes obtienen resultados positivos. “Louisiana gasta miles de millones de dólares en sus cárceles, pero no ha logrado conseguir el dinero necesario para realizar pruebas de VIH y tratar esta condición en los centros penitenciarios locales. “Esto no resulta aceptable desde una perspectiva de salud pública ni de derechos humanos, y genera a largo plazo problemas médicos que terminan ocasionando gastos incluso mayores” comentó McLemore. De acuerdo con el informe, una de cada tres personas que viven con VIH en Louisiana deja de recibir atención médica después de haber comenzado el tratamiento, y la deficiente derivación a servicios una vez que las personas salen de las cárceles de distrito agrava este problema. La excarcelación suele ser un proceso azaroso durante el cual en el mejor de los casos se entregan los medicamentos que queden disponibles y una lista con los nombres de clínicas locales que brindan tratamiento contra el VIH, y en el peor de los casos, no se entrega nada a las personas que recuperan la libertad, subraya el informe. Personas entrevistadas para este reporte afirmaron a HRW haber estado detenidas durante días, semanas y meses sin recibir medicamentos contra el VIH, o haberlos obtenido solo de manera esporádica. “Pensé que iba a morir allí”, dijo una persona que se enfermó gravemente después de pasar 41 días en el Orleans Parish Prison sin recibir medicamentos para el VIH. Según el estudio, muchas personas que dijeron haber sufrido interrupciones en su tratamiento mientras estuvieron en la cárcel fueron detenidas por delitos no violentos, de gravedad menor. ‘Joyce’, de 54 años, estuvo en la cárcel en tres oportunidades por hurtos en tiendas. “Me dijeron que tendría que llamar a mi madre para que me trajera los medicamentos porque, en la cárcel, no me los iban a dar”, dijo a HRW. Otras personas relataron que amigos o familiares les acercaban medicamentos a la cárcel, pero que nunca los recibían. El organismo pudo comprobar que el Departamento de Servicios Correccionales (Department of Corrections, DOC) del Louisiana opera un sistema de dos niveles que no se ocupa de brindar servicios relacionados con el VIH a los casi 18 mil internos del estado que están alojados en cárceles de distrito. Las nueve cárceles estatales de Louisiana brindan acceso a pruebas de VIH, tratamiento y un sólido programa financiado por la federación que conecta a los internos con servicios de atención médica al salir de la institución penitenciaria. Sin embargo, las personas detenidas en cárceles locales del estado no tienen acceso a estos programas. Ante este panorama HRW consideró que el gobierno de Louisiana debería implementar reformas en el sistema de justicia penal que promuevan alternativas al encarcelamiento, lo que reduciría la carga fiscal que soportan las cárceles para tratar condiciones crónicas y, al mismo tiempo, beneficiaría a la salud pública.