CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández presentó un escrito ante el juez que la citó a declarar por presuntas irregularidades en la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central durante su administración, y acusó al gobierno de Mauricio Macri de “fabricar” una causa penal para privarla de la libertad. En el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires, lugar al que llegó acompañada por unos 30 mil manifestantes que se congregaron para expresarle su apoyo, Fernández aseguró no tener “miedo” y dijo que afrontará la causa judicial por la que fue citada a declarar hoy y por “cualquier” otra “que quieran” fabricarle. Fernández es la última de los 13 citados a declarar, en una causa en la que ya comparecieron el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros. En su escrito, la expresidenta destacó que la resolución dictada por el juez federal Claudio Bonadio "resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos". "Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los legisladores oficialistas ni requerido por el fiscal", sostuvo Fernández de Kirchner en el escrito que difundió a través de la red social Facebook. Añadió: "Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de 'plantar' (armar), a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad". Y en un escrito publicado en Twitter resaltó: “Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que solo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante”. Prosiguió: “Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos”. Al arribar el lunes 10 a Buenos Aires desde El Calafate (2 mil 800 km al sur de la capital), dode ha permanecido desde que dejó el gobierno, el pasado 9 de diciembre, Fernandez se declaró "tranquila".