CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que la primera ronda de deportaciones autorizadas por la Unión Europea (UE) –de la isla griega de Quíos a Turquía–, el pasado lunes 4, fue precipitada y caótica y violó los derechos de las 66 personas involucradas. En un comunicado destacó que en Turquía los detenidos devueltos perdieron el contacto con sus familiares y amigos retenidos en Grecia, y las autoridades turcas no han permitido las visitas de grupos de defensa de derechos humanos ni de agencias de Naciones Unidas. “En la desenfrenada carrera por poner en marcha el acuerdo de deportaciones con Turquía, la Unión Europea y Grecia ignoraron completamente los derechos de todas las personas, incluso de las que querían solicitar asilo”, subrayó Fred Abrahams, director asociado de programas de Human Rights Watch. “Estas abusivas expulsiones ponen en evidencia los problemas fundamentales de las devoluciones aceleradas a gran escala de la UE a un país que no puede considerarse seguro”, añadió. De acuerdo con el comunicado, en visitas al centro de detención Vial en Quíos efectuadas el 7 y 8 de abril, HRW habló con 12 amigos y un pariente de 19 afganos que fueron deportados de la isla el lunes 4. A partir de esas entrevistas y los mensajes de texto que se intercambiaron los entrevistados y los deportados, el organismo documentó una serie de irregularidades y violaciones. Por ejemplo, las autoridades no informaron a las personas que iban a ser deportadas, no les comunicaron a dónde serían llevadas y a algunas no les permitieron llevarse sus objetos personales. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 13 de los deportados de Quíos habían expresado su deseo de solicitar asilo en Grecia, y esa cifra podría ser mayor. Las autoridades griegas parecen haber precipitado las devoluciones forzadas desde Quíos, así como las otras 36 deportaciones ese día desde la cercana isla de Lesbos, con el fin de cumplir un plazo anunciado públicamente para el comienzo de las deportaciones bajo un acuerdo mal diseñado entre la UE y Turquía que entró en vigor el pasado 20 de marzo. Ese acuerdo autoriza la devolución de solicitantes de asilo a Turquía bajo el supuesto de que es un país seguro para solicitantes de asilo y refugiados, resaltó HRW. La base jurídica para la devolución a Turquía de migrantes que no desean solicitar asilo es un acuerdo de readmisión entre Grecia y Turquía que data de 2001. En junio entrará en vigor un acuerdo de readmisión de la UE y Turquía para permitir deportaciones similares desde cualquiera de los 28 Estados miembros del bloque. Las deportaciones de Quíos y Lesbos fueron realizadas por la policía griega y 180 “oficiales de escolta” de la agencia fronteriza de la UE, Frontex. El gobierno griego y Frontex afirmaron que la mayor parte de los deportados procedían de Pakistán, Bangladesh o Afganistán, y que ninguna de las personas devueltas a Turquía había querido pedir asilo en Grecia. El pasado viernes 8 Grecia realizó una segunda deportación colectiva de 124 personas desde Lesbos, principalmente de origen paquistaní y afgano, asistida por 144 oficiales de Frontex. Al día siguiente Grecia anunció que suspendería las devoluciones a Turquía al menos durante dos semanas para mejorar el proceso, a pesar de que ambos países han indicado que las deportaciones podrían reiniciarse antes de esa fecha. HRW señaló que Grecia y la UE deberían prorrogar la suspensión de las deportaciones hasta que no se hayan implementado salvaguardias efectivas para garantizar el derecho a pedir asilo. “El acuerdo de la UE se basa en la engañosa premisa de que todas las personas deportadas están seguras en Turquía, cuando los hechos demuestran lo contrario”, anotó Abrahams. “Con el fin de construir muros alrededor de Europa, la UE está pasando deliberadamente por alto los peligros que afrontan las personas que necesitan ayuda con desesperación”, sostuvo.