En momentos de fragilidad política y económica –la ciudadanía apoya cada vez menos al gobierno y la caída de los precios petroleros le pegó directamente al presupuesto–, Ecuador sufrió un terremoto de gran magnitud, con saldo de al menos 600 muertos y daños incalculables a la infraestructura. A un año de los comicios que renovarán el Ejecutivo y con una oposición cada vez más fuerte, las afectaciones del movimiento telúrico incidirán, sin duda, en los procesos electorales… aunque de momento los ecuatorianos hacen una pausa, se unen y enfrentan la tragedia. BOGOTÁ (Proceso).- El terremoto que azotó a Ecuador el sábado 16 tiene al país en un estado de consternación y duelo por los centenares de muertos que causó la violenta oscilación de la tierra y por el desamparo en que quedaron unas 20 mil familias que perdieron sus viviendas. Se trata de la peor tragedia que ha afrontado el país en más de 60 años y el presidente Rafael Correa ha advertido que aunque estos primeros días han sido “los más duros, esto es sólo el comienzo” de un largo proceso de reconstrucción que tardará años y que costará miles de millones de dólares. De hecho, expertos en desastres naturales estiman que entre el rescate de sobrevivientes que aún puede haber bajo las estructuras derruidas, la remoción de escombros y la atención a más de 80 mil damnificados, la etapa de emergencia se prolongará meses. Y meses, justamente, es lo que falta para las elecciones presidenciales de febrero 2017, cuando estará en juego la continuidad o no del proyecto político de corte socialista que encabeza desde hace nueve años Rafael Correa, quien hasta ahora parece más proclive a apoyar a un candidato de su partido, Alianza País, que a presentarse a la reelección. Por ahora, la atención de los ecuatorianos está concentrada en las labores de rescate que realizan los cuerpos de socorro y miles de voluntarios en la occidental provincia de Manabí, que fue la más afectada por el terremoto y donde varias ciudades como Pedernales, Manta, Portoviejo, Canoa y Bahía de Caráquez, sufrieron una destrucción de su infraestructura física que va de 40% a 70%, según estimaciones del gobierno. Y la cantidad oficial de muertos, hasta el pasado jueves 21, se acercaba a 600. Con una tragedia humana de esas dimensiones, el debate político ecuatoriano, que por momentos polariza al país entre partidarios y críticos del gobierno, cedió el paso a la unidad y a la solidaridad con las víctimas, sus familias y los damnificados. “Estamos en un año preelectoral y ya había una disputa y una medición de fuerzas entre la oposición y el oficialismo. Pero con el terremoto, la población está impactada y ha cerrado filas alrededor de la tragedia. Esto abrió un compás de espera en el debate político”, dice a Proceso la socióloga Paulina Recalde. De acuerdo con la gerente de la encuestadora Perfiles de Opinión, la población ecuatoriana le dio una tregua al gobierno y esto dejó a la oposición en una postura “incómoda” para criticar las acciones oficiales de respuesta ante la emergencia. “Pero en el mediano plazo va a llegar un momento en que la población va a evaluar la forma en que el gobierno ha manejado la crisis provocada por este desastre natural, y en ese momento se van a reactivar las voces opositoras y el debate político”, considera. Para Recalde, la gestión del gobierno frente a la emergencia y la forma en que se proyecten los potenciales candidatos a la Presidencia en esta coyuntura excepcional, serán “factores determinantes” en los comicios del año próximo, en los cuales la oposición de derecha tratará de poner fin a la hegemonía de una década que han ejercido Correa y Alianza País (AP). Mal momento El terremoto de 7.8 grados Richter que impactó a Ecuador ocurrió en un momento de crecientes complicaciones económicas debido al desplome de los precios internacionales del petróleo, principal producto de exportación del país, y la apreciación del dólar, moneda con que se maneja la economía ecuatoriana desde el año 2000. En 2015 las exportaciones petroleras de Ecuador se ubicaron en 6 mil 968 millones de dólares, lo que significó un desplome de 49.65% respecto a 2014. Como consecuencia, los ingresos tributarios procedentes del petróleo llegaron apenas a 311 millones de dólares en 2015, la décima parte de lo previsto en el presupuesto público de ese año. Ecuador, que había apuntalado el crecimiento económico de los últimos años en una fuerte inversión pública, registró un frenazo el año anterior y el producto interno bruto (PIB) se desplomó 1.1%, lo que se tradujo en aumento del desempleo y de la vulnerabilidad social. El gobierno de Correa ha desarrollado una exitosa política social que hizo caer la pobreza en 12.6 puntos porcentuales entre 2008 y 2014, al pasar de 35.1% a 22.5% en ese lapso. El desempleo, por su parte, se redujo de 8.7% a 3.8% en el mismo periodo. Pero con la recesión económica han aumentado tanto el desempleo como la pobreza. El mes pasado, esos indicadores cerraron en 5.7% y 25.4%, en forma respetiva. Es decir, desde 2014 han subido 1.9 y 2.9 puntos porcentuales. Unos días antes del terremoto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe había revisado a la baja la proyección de crecimiento del PIB de Ecuador para este año, que de acuerdo con el organismo será negativa, de menos 0.1%. El mes pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la caída de la economía ecuatoriana llegará a 4.5% este año, una tasa que varias consultoras internacionales consideran realista después del movimiento telúrico que azotó al país. “Aunque las cifras del FMI nos parecen exageradas, es un hecho que la economía, que venía pasando por un mal momento, se verá más afectada por este evento natural. En particular en las provincias más golpeadas (Manabí, Esmeraldas y Guayas) varios miles de personas quedaron sin trabajo, sin vivienda, y esto tendrá un impacto nacional”, dice el presidente del Colegio de Economistas, Víctor Hugo Albán. De acuerdo con el maestro en finanzas, es “un hecho que este año habrá un decrecimiento mayor al esperado por los efectos del terremoto y que esta catástrofe complica mucho el panorama económico y social”. De acuerdo con Albán, tanto el de­sempleo como la crisis económica figuran como los dos problemas del país que más preocupan a los ecuatorianos, y aunque en estos momentos hay un espíritu de unión nacional ante la catástrofe, esto puede tener “coletazos políticos”. Según un sondeo de la firma Perfiles de Opinión realizado antes del movimiento telúrico, 54% de los ecuatorianos observa con pesimismo el futuro económico y cree que la situación va a empeorar. “Había desconfianza, incertidumbre, y esto se va a agudizar con el terremoto. El gobierno ya venía en proceso de pérdida de credibilidad desde el año pasado”, dice Paulina Recalde. Señala que “ahora, va a ser fundamental la forma en que el presidente maneje esta catástrofe en medio de la crisis económica. Creo que hasta ahora, en estos primeros días, no lo ha hecho mal”. Recuento de los daños Correa estimó el pasado martes 19 que el terremoto causó pérdidas por unos 3 mil millones de dólares, cifra equivalente a 2.92% del PIB, y encargó un estudio para realizar una evaluación detallada de los daños. De acuerdo con el mandatario, la situación que vive el país “es realmente grave” y el gobierno requerirá de recursos adicionales para atender la emergencia y hacer frente a la reconstrucción. Haciendo uso de las facultades que le confiere el “estado de excepción” que declaró horas después del terremoto, Correa anunció el miércoles 20 la expedición de un decreto que, en los hechos, equivale a una reforma fiscal que, inevitablemente, será resentida por todos los sectores de menores ingresos. El paquete incluye un aumento de dos puntos –de 12% a 14%– del impuesto al valor agregado (IVA) por un año. Además, subirá en tres puntos el impuesto a las utilidades y las personas físicas con bienes y capital superiores a 1 millón de dólares pagarán por una sola vez un tributo especial de 0.98% sobre ese patrimonio. Y quienes ganen entre mil y 5 mil dólares mensuales deberán contribuir con entre uno y cinco días de salario al financiamiento de la reconstrucción. Con esto, el gobierno espera recaudar unos 500 millones de dólares, que son apenas 17% de lo que costaría la reconstrucción, según las estimaciones preliminares de Correa. El resto de los recursos deberán salir de una línea de crédito de emergencia por 600 millones de dólares que ofrecieron a Ecuador varios organismos multilaterales, de la ayuda externa, de la venta de activos estatales y de las partidas presupuestales de los próximos años en momentos de fragilidad fiscal por la caída de precios del petróleo. Para el economista Víctor Hugo Albán, las medidas de emergencia decretadas por Correa –las cuales deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente– son “necesarias” para encarar la catástrofe “pero el aumento del IVA tendrá sin duda un efecto social, porque este impuesto también lo pagan los sectores de menores ingresos”. Dice que el gobierno debe hacer lo posible por evitar que se revierta el progreso social experimentado por Ecuador en los últimos años y cuidar que sectores de la clase media, a la que pertenece casi la mitad de la población, retrocedan a niveles de pobreza. De acuerdo con Albán, el desafío de la reconstrucción se presenta en un momento muy complicado. Afirma que a la caída de los precios del petróleo hay que agregar la apreciación que ha registrado el dólar, lo que resta competitividad a las exportaciones no tradicionales del país, que cayeron 7% el año pasado. Y como Ecuador no tiene posibilidad de emitir circulante para financiar su déficit fiscal, debido a la dolarización, el único camino que le queda para financiarse es el crédito externo. Esto ha llevado a que en los últimos 15 meses la deuda externa pública ecuatoriana haya crecido 20%, hasta llegar a 21 mil 91 millones de dólares en marzo anterior, de los cuales 8 mil 395 millones de dólares, 40% del total, son débitos otorgados por China. La potencia asiática garantiza sus préstamos a Ecuador con ventas de petróleo a futuro. Declive En sus nueve años en el poder, Correa ha logrado construir un movimiento político con presencia nacional que le dio estabilidad institucional al país, crecimiento económico sostenido y desarrollo social. Aunque sus críticos lo acusan de haber cooptado a la justicia, de ser intolerante a la crítica y de acotar mediante un nuevo entramado jurídico la libertad de expresión, Correa había gobernado Ecuador con altos niveles de popularidad que, sin embargo, comenzaron a caer el año pasado, cuando los ciudadanos comenzaron a resentir la crisis económica. De acuerdo con la firma Cedatos-Gallup, la aprobación ciudadana al presidente inició un descenso en diciembre, cuando llegó a 41%, 10 puntos menos que el mes previo. Esa caída coincidió no sólo con la recesión, sino con una serie de movilizaciones opositoras contra una reforma constitucional que autoriza que el mandatario vuelva a presentarse como candidato a la presidencia en 2021. La enmienda, que fue aprobada por la apabullante mayoría oficialista en la unicameral Asamblea Nacional, impide que Correa busque una nueva reelección el próximo año, pero incluso esa restricción podría ser levantada por la Corte Nacional de Justicia si prospera una demanda que promovieron sectores afines al gobernante. Según Cedatos-Gallup, hasta antes del terremoto, 40% de los ecuatorianos aprobaba la gestión de Correa y 52% la rechazaba. De acuerdo con las mediciones de esa firma, la cual ha sido descalificada por Correa por “responder a los intereses de la oposición”, es la primera ocasión, desde 2007, que el presidente tiene un nivel de rechazo más alto que el de aprobación.