Reducir en 90% producción de coca, una apuesta de la paz colombiana

viernes, 29 de abril de 2016
BOGOTÁ (apro).- Ante la inminencia de un acuerdo de paz con las FARC, el gobierno colombiano ha comenzado a preparar el andamiaje institucional para cumplir los compromisos asumidos con esa guerrilla y evitar, así que la marginación histórica que han sufrido millones de pobladores rurales se convierta en el germen de una nueva insurrección armada. El hombre que se encargará de hacer esta tarea es Rafael Pardo, un taciturno político, exsenador y exministro de Defensa que está convencido de que las brechas sociales crean un terreno fértil para los conflictos armados y que, por tanto, el mayor desafío de Colombia --tras la firma de acuerdo con las FARC-- será reducirlas drásticamente para que la guerra interna no se vuelva a repetir. Pardo cree también que en algún momento la hoja de coca se convirtió en “el motor de guerra” colombiana porque sirvió para financiar a las guerrillas y a los grupos paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron la década pasada. Hoy, como ministro del Posconflicto, Pardo tiene un doble cometido: traducir los acuerdos de paz con las FARC en desarrollo para las comunidades rurales más golpeadas por la guerra, y aplicar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que reincorpore a la agricultura legal a unas 65 mil familias. Y aunque las FARC y el gobierno todavía no concluyen las negociaciones de paz en La Habana, sede de los diálogos de paz, el Ministerio del Posconflicto ya está en operación y se prepara para llevar servicios públicos, educación, salud, carreteras y seguridad social a las zonas más remotas del territorio. “En Colombia el sector rural ha estado históricamente abandonado y ahí está el epicentro del conflicto. El 90% de nuestros campesinos no tiene crédito ni asistencia técnica. Nosotros ya tenemos 19 proyectos en marcha que empiezan a atender estos problemas”, dice Pardo en entrevista con Apro. Según el ministro, el brazo ejecutor de los programas del posconflicto será la Agencia de Desarrollo Territorial, que estará a su cargo, y cuyo principal objetivo será cumplir los acuerdos de “Desarrollo rural” y de “Solución al problema de las drogas ilícitas” suscritos con las FARC. En materia de drogas ilícitas, el gobierno se comprometió a ejecutar un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca que ofrezca alternativas productivas y atención social a los campesinos que abandonen esa actividad. Las FARC, por su parte, que tienen en los campesinos cocaleros una parte importante de su base social, pactaron contribuir “de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas” con ese programa y “con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”. Pardo explica que el propósito es reincorporar a la legalidad y ofrecer posibilidades de desarrollo a las familias involucradas en la siembra de hoja de coca, lo que debería traducirse en una reducción sustancial de esos cultivos. El ministro dice que, para ello, será necesario articular una estrategia que incluya financiamiento (unos 400 millones de dólares), concertación con las comunidades campesinas, asistencia técnica para sembrar otros productos agrícolas, acceso al crédito y dotar de infraestructura, fuentes de empleo y seguridad ciudadana a las regiones rurales más apartadas. Además, señala, es fundamental que el programa de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo cuente con la colaboración de las FARC, que han protegido las plantaciones de hoja de coca y han lucrado con ellas para subvencionar la guerra. Pardo sostiene que si todas esas acciones se ejecutan en forma coordinada, y respetando las particularidades de cada región, en un plazo de entre tres y cuatro años Colombia podrá reducir en 90% la superficie de sembradíos de hoja de coca y su capacidad de producir cocaína. --¿Esto quiere decir que en 2019 o 2020 Colombia tendría sólo 10% de la superficie de hoja de coca que tiene hoy? –se le pregunta al ministro. --Sí. Eso es prácticamente desaparecer la coca. Los cultivos serían algo marginal. --¿Y es realista esa expectativa? --Sí, pero para lograrlo se requieren muchísimas acciones y todas tienen que estar coordinadas. Cocaína por toneladas El reporte más reciente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cultivos ilícitos señala que Colombia es el país con mayor superficie de sembradíos de hoja de coca en el mundo, con 69 mil hectáreas en 2014, cerca de 48% más que el año previo. Esto les da a los grupos ilegales la capacidad de producir 442 toneladas de cocaína pura al año. De acuerdo con estimaciones de Estados Unidos, los sembradíos de hoja de coca volvieron a crecer en 2015 en Colombia en 42% respecto de 2014. Perú y Bolivia, los otros dos únicos países en el mundo que cultivan esa planta ancestral, tuvieron en 2014, conjuntamente, una superficie de sembradíos de 63 mil hectáreas con una producción potencial de 390 toneladas de cocaína pura. Aunque según la ONU más de la mitad de los cargamentos de esa droga son decomisados antes de llegar a su destino, la misma institución estima que el consumo de cocaína a nivel mundial es de entre 300 y 350 toneladas al año. En su mayoría son producidas en Colombia y la mitad de ellas –entre 150 y 170 toneladas-- las consume Estados Unidos, el principal mercado global de estupefacientes. Pardo explica que el Ministerio del Posconflicto ya inició un proceso de acercamiento con varias comunidades del país para comenzar a trabajar en la sustitución de cultivos en las zonas donde las FARC han tenido una presencia histórica. El plan, que se comenzará a aplicar en forma en 2017, una vez que se firme un acuerdo de paz con las FARC y éstas se desmovilicen y dejen las armas –lo cual debería ocurrir en el transcurso de este año—, prevé, en una primera fase, la erradicación total de los plantíos de coca en los 16 parques nacionales del país, donde está 10% de los cultivos ilícitos. El Ministerio del Posconflicto reubicará a los cultivadores, los dotará de tierras y aplicará un programa de erradicación manual de las plantaciones de coca en esos parques. En algunos casos, les pagará a los mismos campesinos para que hagan esa tarea. En forma paralela, comenzará a aplicar el programa de sustitución en 100 de los 204 municipios colombianos donde hay cultivos de hoja de coca, en especial en 11 de ellos donde se concentra 40% de la superficie sembrada con esa planta. “La idea es reducir, a mediano plazo, a casi cero el efecto de la coca en esos 100 municipios, para luego seguir con el resto”, explica Pardo en su oficina de la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Colombia. --¿Y cómo van a garantizar que los campesinos que entren al programa no vuelvan a sembrar coca? --Tenemos que hacer unos acuerdos con la comunidad y tener el compromiso de que no van a volver a sembrar en otro lado. A cambio, tendrán los beneficios del programa, la asistencia socio-económica y la inversión que hará el Estado en esos territorios. En el acuerdo sobre drogas ilícitas firmado con el gobierno en mayo de 2014, las FARC reconocieron su relación con esa actividad “en función de la rebelión” y se comprometieron poner fin a ella una vez que se firme un acuerdo de paz. Pardo asegura que las FARC han sido “el principal obstáculo” para erradicar los cultivos de hoja de coca en Colombia y ahora pueden ser parte de la solución. “Si tenemos una relación estrecha con las FARC en el proceso de sustitución y desarrollo alternativo y si contamos su colaboración, eso puede significar que haya el mínimo de coca en el país. Este grupo ha tenido una importante intermediación con los productores de coca y puede ayudar mucho”, afirma el autor del libro “La historia de las guerras”, una amplia investigación histórica sobre los conflictos armados en Colombia. La lógica del mercado El alza de cultivos de hoja de coca que se ha registrado en Colombia desde 2014 parece una paradoja en momentos en que el gobierno habla de la posibilidad de abatir en forma drástica esas plantaciones. Pero Pardo estima que ese aumento se explica por varios factores: la expectativa de los campesinos de acogerse a los beneficios del programa de sustitución de cultivos; la suspensión de aspersiones aéreas con glifosato por ser este un producto potencialmente cancerígeno; el alza del precio del dólar en Colombia –sólo el año pasado el peso colombiano se devaluó en 32% frente a esa moneda— y un eventual aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos. “Si aumenta la producción de cocaína en Colombia es porque la están comprando más en Estados Unidos. Es como cualquier producto, el aguacate, el petróleo… si aumenta la producción es porque la demanda está subiendo”, asegura el ministro, quien es economista de la Universidad de Los Andes y maestro en relaciones internacionales de la Universidad de Harvard. Dice que el alza del dólar es otro factor porque ésta favorece a los productos de exportación y la cocaína es un producto de exportación. En Estados Unidos, donde se había observado una caída del consumo de cocaína desde 2006, las autoridades tienen indicios de que el mercado se ha reactivado, mientras que el informe 2016 de mercados de droga de la Unión Europea señala que en ese continente se observa una disponibilidad cada vez mayor del estupefaciente, con precios más bajos y mayor pureza. Pardo reconoce que mientras que el apetito por la cocaína sea tan alto en Estados Unidos y Europa, una caída drástica de la producción de hoja de coca en Colombia podría generar un aumento de los cultivos en Bolivia y Perú –como ha ocurrido en el pasado— o llevaría al alza el uso de drogas de diseño, como las metanfetaminas, que tienen efectos similares a los de la cocaína. Para el experto en cultivos ilícitos y conflicto armado, Camilo González Posso, el programa de sustitución de cultivos ilícitos que ejecutará Colombia en el posconflicto debería ir acompañado de una acción regional para que resulte efectivo y no tenga un efecto nocivo sobre Bolivia y Perú, los otros dos países productores de coca. “Con la paz en Colombia hay una oportunidad histórica de lograr una reducción sustancial de los cultivos ilícitos, pero esto requiere de la participación de las FARC una vez que se desmovilice, y que el gobierno ofrezca a los campesinos cocaleros alternativas claras de desarrollo. No se trata sólo de sustitución de cultivos, sino de superar la marginación social”, indica. De acuerdo con González Posso, exministro de Salud y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Colombia debe convocar a una cumbre urgente de países andinos productores de coca para adoptar políticas conjuntas y evitar que una reducción de la oferta en este país genere un aumento de los cultivos ilícitos en Perú y Bolivia. El investigador en temas de seguridad y drogas del Woodrow Wilson Center en Washington, Juan Carlos Garzón, considera que la meta del gobierno colombiano de reducir en 90% los cultivos de coca en un plazo de entre tres y cuatro años “no es realista”. Dice que espera equivocarse, pero cree que los territorios que dejen las FARC podrían ser copados por otros grupos ilegales que asumirían el control de cultivos de algunas de esas plantaciones, y “además, existe incertidumbre sobre la capacidad del Estado de llegar a esas zonas remotas no solamente con fuerza pública, sino con otras instituciones que lleven desarrollo”. La paz, por construirse Pardo insiste en que el posconflicto significa para Colombia la oportunidad de construir una paz estable y duradera. “Este proceso tardará al menos 10 años y el objetivo es llevar el Estado a territorios donde ha estado ausente y donde están las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y las más pobres de Colombia. En eso estamos trabajando”, asegura. --Hay una desaceleración económica en Colombia, restricciones presupuestales, menos recaudación fiscal. ¿Cómo afectará esto la construcción de paz? --Los acuerdos hay que cumplirlos y esto será una prioridad absoluta para el gobierno. --¿Y cuando cambie el gobierno? El presidente Juan Manuel Santos gobernará hasta agosto de 2018. --Esa es la preocupación de las FARC, cómo se garantizan los 10 años o lo que se requiera para implementar los acuerdos, no solamente en presupuestos sino también en medidas legislativas. Un plebiscito (sobre los acuerdos de paz), que estamos seguros de ganar, tendría un efecto vinculante que los haría una política que no se puede cambiar. Las FARC consideran que un plebiscito no les daría seguridad jurídica a los acuerdos y buscan una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para darles rango constitucional. Estas diferencias sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos, y las que persisten sobre el cronograma de dejación y los sitios del territorio donde se agruparán los combatientes de las FARC al desmovilizarse, son las que tratan de resolver los negociadores de la guerrilla y del gobierno en La Habana en la fase final del proceso de paz. De acuerdo con Pardo, el gobierno colombiano y las FARC coinciden en que hay que terminar de negociar los acuerdos, firmar los acuerdos e implementarlos para pacificar al país. “Lo que no puede ser, lo que sería inaceptable, es que dentro de 12 meses tengamos más violencia y más coca. Y eso significa que no basta con firmar los acuerdos, sino que inmediatamente hay que empezar a construir la paz”, señala.

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