La génesis de "LuxLeaks"

miércoles, 11 de mayo de 2016
BRUSELAS (Proceso).- En septiembre de 2008 la vida profesional del francés Antoine Deltour parecía iluminarse, cuando la oficina en Luxemburgo de PwC (PricewaterhouseCoopers), la compañía internacional líder en servicios financieros, le ofreció un contrato por tiempo indefinido. Aceptó. Su trabajo consistía en verificar que las cuentas de las empresas clientes de la consultoría fueran “sinceras y fieles”, como narró él mismo. La presión del puesto, cuyo salario mensual era de 2 mil 600 euros, terminó rápidamente por agotarlo y decidió buscar empleo en el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos, una institución público francesa para la cual trabaja actualmente. Deltour relata que antes de renunciar a PwC buscó información para preparar su cambio de carrera; entonces encontró en el servidor de esa empresa 548 acuerdos fiscales confidenciales concluidos entre la autoridad hacendaria de Luxemburgo y 350 empresas multinacionales representadas por la firma para evadir impuestos en sus países de origen, una práctica legal en esta nación, conocida como “optimización fiscal”. Deltour asegura que copió esos documentos sin premeditar el acto. Renunció en octubre de 2010. A principios de 2011 Deltour y el periodista francés Edouard Perrin se conocieron en un foro de internet del diario Libération. Tras algunos intercambios de correos electrónicos se reunieron en Nancy. Deltour entregó copias de los documentos a Perrin, reportero del programa Cash Investigation que transmite la televisión estatal France 2, y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Cash Investigation divulgó los primeros documentos en su emisión del 11 de mayo de 2012. El ICIJ presentó la totalidad de los mismos el 6 de noviembre de 2014 en un extenso trabajo que dio la vuelta al mundo con el nombre de LuxLeaks (Las filtraciones de Luxemburgo). Estalló un escándalo global, el cual se avivó cuando el 9 de diciembre siguiente el ICIJ publicó nuevos documentos (16 declaraciones fiscales de empresas estadunidenses) extraídos de PwC y que involucraron a las otras grandes consultorías mundiales: Deloitte, KPMG y Ernst & Young. Pepsi, Ikea, Disney, Amazon, Fiat, JP Morgan, Deutsche Bank… eran algunas de las multinacionales que habían pactado convenciones fiscales con el gobierno de Luxemburgo para obtener reducciones de impuestos cercanas a cero por ciento de sus ganancias reportadas en el Gran Ducado. El 5 de junio de 2012, tras la emisión de Cash Investigation, PwC interpuso una demanda en un tribunal luxemburgúes. La empresa ya había identificado a Deltour como quien había filtrado los documentos, por lo que en junio de 2014 –cinco meses antes de que el ICIJ publicara el primer paquete de filtraciones– la policía francesa puso en detención preventiva al exempleado de la firma, a petición de la justicia del ducado europeo. Así, antes de que las nuevas revelaciones del ICIJ salieran a la luz en diciembre de 2014, la investigación interna de PwC ya había dado con el otro “culpable”: Raphaël Halet, un empleado despedido de la empresa ese mismo mes, no sin antes conseguir que firmara un acuerdo de confidencialidad: de romperlo le costaría 10 millones de euros. Por interés público Deltour fue inculpado el 12 de diciembre de 2014 y Halet el 23 de enero de 2015. Los cargos: robo, divulgación de secreto comercial, violación del secreto profesional, acceso o posesión fraudulenta de un sistema informático y blanqueo y detención de documentos sustraídos. En abril de 2015 la justicia de Luxemburgo acusó a Perrin de complicidad en los hechos. El juicio del caso LuxLeaks comenzó el pasado 26 de abril con una sesión de audiencias que terminó este miércoles 4 y en la cual los implicados rindieron testimonio. La importancia del caso radica en que cualquiera sea el fallo, éste determinará los límites de la prensa para difundir documentos secretos, así como la protección legal para los llamados “lanzadores de alerta”. El objetivo de los abogados de ambos “lanzadores de alerta” es convencer al tribunal de que sus clientes no actuaron con premeditación y que su única motivación fue el interés público. El proceso ha sido muy criticado porque dejó fuera de toda investigación a quienes permitieron esos acuerdos legales, pero “inmorales”, que además no fueron comunicados a las autoridades hacendarias de los otros países de la Unión Europea, como lo dictan sus directivas. Entre ellos se encuentra quien fuera el primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo en esa época, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea, la institución encargada de luchar contra la evasión fiscal corporativa a nivel regional. Peor, los defensores alegan que la investigación que sostiene la acusación contra sus clientes está viciada de origen, pues fue realizada casi en su totalidad por los propios servicios internos de PwC antes de compartirla con la policía, que la considera una “investigación neutra y objetiva”. La primera persona en ser escuchada por el tribunal fue Anita Bouvy, auditora interna de PwC, quien narró que las primeras sospechas dentro de la empresa en torno a la posible filtración de documentos provinieron de la oficina de PwC en el Reino Unido en abril de 2012, días antes de que saliera al aire Cash Investigation. Dijo que a la firma le tomó meses dar con Deltour. Bouvy reconoció que el acusado “era un buen elemento” para la empresa, aunque haya criticado su funcionamiento cuando renunció. A pregunta expresa del defensor, la auditora aceptó que “puede haber una parte accidental en el descubrimiento de los tax rulings (acuerdos o decisiones fiscales)” y que éstos “eran de fácil acceso”. El comisario luxemburgués que encabezó las investigaciones, Roger Hayard, relató que la policía buscó en las cuentas bancarias de Deltour huellas de una eventual transacción financiera que abriera la posibilidad de un pago a cambio de la información que entregó a Perrin, pero no se encontró nada. En su intervención, Deltour afirmó que su deber ciudadano de informar al público era superior a su obligación de confidencialidad en PwC e insistió en que encontró los documentos por azar.

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