La crisis venezolana se acerca a un punto de no retorno. El descontento popular –masivo– contra el gobierno de Nicolás Maduro ya empieza a reflejarse en escaramuzas callejeras, las cuales rápidamente podrían escalar. Los intentos de la oposición de deponer pacíficamente al mandatario se han topado con una maraña de poder insalvable y las propuestas de salida negociada no fructifican. Es el punto en el que se decidirá si la ya inevitable transición será institucional o no… BOGOTÁ (Proceso).- Todos los caminos en Venezuela parecen conducir a una confrontación violenta entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De hecho, ya comienzan las primeras escaramuzas callejeras en las principales ciudades del país, con saldo, las últimas dos semanas, de unos 30 heridos y medio centenar de detenidos. En Caracas, la militarizada Guardia Nacional Bolivariana reprime las marchas opositoras que intentan llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigirle a ese organismo, controlado por Maduro, que deje de obstaculizar la convocatoria a un referendo para que los votantes decidan si el presidente debe permanecer o no en el cargo. Hasta ahora la represión, en la que participan de manera muy activa los grupos de choque chavistas conocidos como “colectivos”, ha sido a golpes, macanazos, perdigones, balas de goma, gases lacrimógenos y tiros al aire. Pero el clima nacional es tan denso, y el descontento social por la crisis económica y la escasez de alimentos es tan generalizado, que bastará el infortunio de una bala perdida para producir una chispa incendiaria. “Las condiciones están dadas para un escenario de confrontación física violenta. Es lo que se ve venir aceleradamente”, dice a Proceso el exembajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas, exchavista que fue vicecanciller cuando Maduro era ministro de Relaciones Exteriores. Villegas conoce bien a Maduro y considera que su antiguo compañero de ruta es el principal responsable de la volátil situación del país. “Lamento que el presidente se haya equivocado –sostiene–, y que no haya escuchado el clamor de la mayoría del país pidiéndole una rectificación, un cambio, un diálogo nacional. Pero él se empeñó en este camino errático que está llevando al país a situaciones que pueden derivar en una tragedia”. Maduro insiste en que es víctima de una “conspiración internacional” que intenta derrocarlo y de una “guerra económica” promovida por “el imperialismo yanqui y sus aliados internos”. El pasado martes 17, en una rueda de prensa en el presidencial Palacio de Miraflores, repitió esas tesis mientras mostraba titulares de diarios españoles y estadunidenses informando de las penurias que pasa la gente en Venezuela y de las trabas que pone el mandatario a la realización de un referendo revocatorio previsto por la ley. Pero la realidad es que la gran mayoría de los venezolanos –70%, según sondeos– no cree la narrativa de la conspiración y considera, en cambio, que el presidente y el gobierno chavista son los principales responsables de la recesión, la hiperinflación, el desabasto de alimentos y medicinas, la inseguridad pública y la creciente pobreza. En ese contexto de pesadumbre social, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recopiló con rapidez hasta nueve veces más de las 197 mil 977 firmas necesarias para activar el procedimiento que permite convocar a un referendo revocatorio, pero el presidente y el CNE parecen empeñados en obstaculizar esa consulta. La MUD, que en las elecciones legislativas de diciembre pasado obtuvo 67% de las curules de la Asamblea Nacional, optó entonces por tomar las calles para urgir al Consejo Electoral a que haga el proceso de acuerdo con los tiempos que marca la ley. Y el gobierno, que prohibió las movilizaciones, respondió con represión, con un decreto de estado de excepción y con ejercicios militares que se llevaron a cabo el viernes 20 y el sábado 21, a fin de prepararse para “cualquier escenario”, dijo Maduro. Presidente impopular El presidente tiene el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia. Este último organismo, cabeza del Poder Judicial, se ha encargado de declarar inconstitucionales todas las leyes que ha aprobado la nueva Asamblea Nacional opositora y de aprobar todos los decretos emitidos por el presidente. Maduro decretó la semana anterior un “Estado de Excepción y de Emergencia Económica” que faculta a las bases chavistas para ejercer “funciones de vigilancia” con la FANB, la Guardia Nacional y la policía “para mantener el orden público y la soberanía del país”. El decreto fue rechazado el martes por la Asamblea Nacional –que por ley debe autorizar su implementación–, pero el jueves fue declarado constitucional por el Tribunal Supremo y Maduro lo puso en marcha. El líder opositor Henrique Capriles llamó a los venezolanos a desconocer ese decreto “porque es una barbaridad, no es para resolver los problemas de escasez de alimentos y medicinas, no es para controlar la inflación, sino para ir abonando el terreno para que no haya referendo, para sacar a la calle a la Fuerza Armada”. El excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda advirtió que “si Maduro quiere aplicar este decreto, que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra a la calle, porque va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza”. En respuesta, Maduro advirtió que, de considerarlo necesario, subirá el nivel de sus atribuciones y decretará un “estado de conmoción interior”, lo que le permitirá suspender garantías individuales a líderes de la oposición y catear sus domicilios sin orden judicial. Esto, mientras el presidente de la Asamblea, el dirigente opositor Henry Ramos Allup, denunció que el Tribunal de Justicia tiene preparada una sentencia para destituir “por desacato” a la junta directiva del Congreso. “Vamos a desconocer ese fallo porque a nosotros nos eligió el pueblo”, dijo. Mientras tanto, Maduro pierde apoyo popular. Sondeos de la firma Datanálisis y de Venebarómetro coinciden en que siete de cada 10 venezolanos desaprueban la gestión del presidente y que dos terceras partes quieren que deje el poder. El 60%, además, está dispuesto a votar para revocar el mandato del jefe del Estado. Para el abogado y analista político Benigno Alarcón, Venezuela está “justamente en el punto donde se define si la transición va a ser por el camino institucional o no”. La vía constitucional, dice el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, sería realizar el referendo revocatorio este año, porque si Maduro lo pierde deberán realizarse nuevas elecciones. En cambio, si se posterga para 2017 y el gobernante tiene un resultado adverso, su puesto sería ocupado por el vicepresidente, que es designado por él mismo. Podría ser su esposa, la diputada Cilia Flores, o el número dos del régimen, el capitán retirado Diosdado Cabello. De acuerdo con Alarcón, la otra vía que le queda a Maduro es el uso de la fuerza, la represión, y este es el camino que ha comenzado a seguir. “Cuando ya el régimen no cuenta con el voto popular, trata de no ir a las urnas porque eso es muy riesgoso. Nadie va a una batalla que va a perder, pero esto genera una presión política que puede ser insostenible”, afirma el analista. Para Alarcón, lo que ocurra en Venezuela dependerá de dos variables: el costo que tiene la salida del poder para la cúpula chavista –que ha gobernado los últimos 17 años– y el “costo de opresión” que pagaría si opta por mantener el poder por otros medios. “Este gobierno tiene costos de salida tremendamente elevados por los graves problemas de corrupción y de denuncias de narcotráfico y lavado de dinero que tienen altos dirigentes y mandos militares en el exterior. Ellos saben que van a tener que enfrentar esos procesos si pierden el poder”, explica. Lo que tendrá que evaluar la cúpula chavista, indica, es qué les resultará más alto, si “el costo de salida, o el costo de opresión, que es la represión en las calles, la persecución judicial a líderes políticos, las presiones sobre las universidades para que no se pronuncien y las presiones sobre los medios para que no informen lo que está pasando”. Según el analista político, los “costos de la represión” crecen en la medida en que la oposición protesta en la calle para presionar al CNE a que convoque al referendo revocatorio. Los militares han jugado un papel central en el régimen chavista y en esta coyuntura están desempeñando un rol cada vez más protagónico. No sólo porque controlan la mitad de las gubernaturas estatales y la tercera parte de los ministerios, sino porque su respaldo a Maduro es decisivo para garantizar su continuidad en el poder. “La cúpula militar está en posiciones clave de poder y es corresponsable de la crisis, pero los mandos medios, que tienen un peso importante en la institución en términos de poder de fuego, pueden ser muy sensibles a las tensiones que está viviendo el país”, dice la abogada y especialista en asuntos de defensa Rocío San Miguel. Para Vladimir Villegas lo que se impone en estos momentos es un diálogo nacional, pero dice que la polarización política es tan extrema, que esa opción es muy difícil de llevar a la práctica. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero visitó Caracas la semana anterior para reunirse con Maduro y con los líderes de la MUD con el objetivo de propiciar una mesa de conversaciones entre las partes. El jueves 19 la MUD señaló que está dispuesta a dialogar con el gobierno con base en una agenda cuyo primer punto sea “cómo quitar los obstáculos y triquiñuelas que intentan interferir, sabotear o postergar” el referendo revocatorio.