La fuente que filtró los 11.5 millones de documentos de #PanamaPapers al diario alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) envió el siguiente texto al periódico para explicar los motivos de la entrega de los archivos del despacho de abogados Mossack Fonseca. La publicación, con sede en Münich, verificó que se trataba de la misma persona, quien firma con el pseudónimo de John Doe, Juan Pérez, en español. El texto, que se transcribe íntegro, fue entregado por los periodistas alemanes que recibieron la filtración, Frederick Obermaier y Bastian Obermayer y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) (www.icij.org), organización periodística que tiene su sede en Washington y que coordinó la investigación internacional con más de cien medios de información del mundo, entre ellos la revista Proceso. (APRO).- La desigualdad en el ingreso es uno de los problemas característicos de nuestro tiempo. Nos afecta a todos, en el mundo entero. El debate sobre su súbita aceleración se ha propagado desde hace años con políticos, académicos y activistas, desamparados e incapaces de detener su crecimiento imparable, pese al sinnúmero de discursos, análisis estadísticos, escasas protestas o un documental de vez en cuando. Aun así, queda la pregunta: ¿Por qué? Y, ¿Por qué ahora? Los Panama Papers aportan una respuesta convincente a estas preguntas: la corrupción masiva y generalizada. Y no es coincidencia que esta respuesta provenga de un despacho de abogados. Más que un simple operario en la maquinaria de la “gestión de fortunas”, Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y doblar leyes en el mundo para favorecer los intereses de criminales durante décadas. En el caso de la Isla de Nue (https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html), la firma operó un paraíso fiscal desde el inicio hasta el final. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack quisieran que creamos que las empresas fantasmas de su despacho, a veces llamadas “vehículos con propósitos especiales” son como carros. los vendedores de carros usados no redactan leyes. Y el único “propósito especial” de los vehículos que produjeron era el fraude a gran escala. Las compañías fantasmas están generalmente asociadas con el delito de evasión de impuestos, pero los Panama Papers muestran, sin la menor duda, que si bien las sociedades de papel no son ilegales por definición, están siendo utilizadas para llevar a cabo un amplio rango de delitos que rebasan la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque pensé que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder por sus roles en estos crímenes, de los que solo una parte han salido a la luz hasta ahora. Tomará años, posiblemente décadas, para que se conozca la dimensión entera de los actos sórdidos de la firma. Mientras tanto, un nuevo debate global inició, lo que es alentador. A diferencia de la retórica política de antaño, que omitía cuidadosamente sugerir los pecados de las élites, este debate se enfoca de manera directa hacia lo que importa. Tengo algunas reflexiones al respecto. Para el registro: No trabajo para ningún gobierno ni agencia gubernamental, ni directamente ni como contratista. Nunca lo he hecho. Mi punto de vista es totalmente mío, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). No fue por ninguno propósito político, sino simplemente porque entendí lo suficiente sobre sus contenidos para dimensionar la escala de las injusticias que describían. La narrativa que prevaleció en los medios sobre el escándalo hasta ahora se ha concentrado en lo que es legal y permitido en este sistema. Lo que está permitido es de por sí escandaloso y debe ser cambiado. Pero no debemos perder de vista otro hecho importante: el despacho, sus fundadores y empleados violaron conscientemente una miríada de leyes en el mundo, de manera repetida. En público alegaron su ignorancia, pero los documentos muestran su conocimiento detallado y sus crímenes deliberados. Al final, supimos que Mossack mintió ante una corte federal en Nevada, y supimos que su personal informático intentó cubrir estas mentiras. Por lo tanto deberían ser perseguidos sin trato especial. Miles de investigaciones podrían brotar de los Panama Papers si las agencias de investigación pudieran acceder a los documentos y evaluarlos. El ICIJ y sus socios han declarado, con todo derecho, que no los entregarán a las agencias gubernamentales. Yo, sin embargo, estaría dispuesto a cooperar con las agencias en donde pueda hacerlo. Dicho esto, he observado cómo uno tras otro, los whistleblowers (filtradores) y activistas en Estados Unidos y Europa tuvieron sus vidas destrozadas por las circunstancias en las que se encontrar después de poner luz sobre actos obviamente malos. Edward Snowden está varado en Moscú, exiliado debido a la decisión de la administración de Obama de perseguirle bajo la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA, merece una bienvenida de héroe y un premio sustancial, no un destierro. Bradley Birkenfeld recibió millones por su información respecto al banco suizo UBS, y aun así recibió una condena de cárcel por el Departamento de Justicia. Antoine Deltour enfrenta ahora un juicio por proporcionar a periodistas información sobre la forma en que Luxemburgo concedió acuerdos fiscales equivalentes a “paracaídas de oro” a corporaciones multinacionales, con lo que robó miles de millones de dólares en ingresos fiscales a sus países vecinos. Y existen muchos más ejemplos. Los whistleblowers legítimos, quienes exponen incuestionables actos malos, ya sean de adentro o de fuera, merecen inmunidad ante la represión gubernamental. Hasta que los gobiernos codifiquen protecciones legales para whistleblowers en sus legislaciones, las agencias tendrán que depender de sus propios recursos o de las coberturas de los medios para obtener documentos. Al mismo tiempo, llamo a la Comisión Europea, el Parlamento Británico, el Congreso de Estados Unidos y todas las naciones a tomar acciones rápidas, no sólo para proteger a los whistleblowers sino también para terminar con el abuso global del registro de las corporaciones. En la Unión Europea, los registros corporativos de todos los Estados Miembros debería ser libremente accesibles, y los datos detallados sobre beneficiarios finales deberían de estar disponibles. El Reino Unido puede enorgullecerse de sus iniciativas domésticas, pero tiene un papel vital para acabar con la secrecía fiscal de sus distintos territorios isleños, los cuales son sin duda la piedra angular de la corrupción institucional en el planeta. Y Estados Unidos ya no puede confiar en sus cincuenta estados para que tomen decisiones ruidosas sobre sus propios datos corporativos. Es tiempo de que el Congreso entre al tema y empuje hacia más transparencia con estándares para la divulgación y el acceso público a los datos. Mientras se elogian las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en entrevistas, la implementación de verdad es otra cosa. Es un secreto a voces que en Estados Unidos, los representantes electos gastan la mayor parte de su tiempo recolectando dinero. La evasión de impuestos no puede ser resuelta mientras servidores públicos piden dinero a las mismas élites que tienen más incentivos para evadir impuestos que otro segmento de la población. Estas prácticas políticas despreciables han cerrado el círculo y ahora son irreconciliables. La reforma del quebrado sistema financiero de Estados Unidos no puede esperar. Por supuesto, estos temas no son los únicos que necesitan arreglarse. John Key, el primer ministro de Nueva Zelanda, ha sido curiosamente discreto sobre el papel de su país en hacer posible el fraude financiero a través de las Islas Cooks. En Gran Bretaña, los conservadores han sido sinvergüenzas al ocultar sus propias prácticas que involucraron compañías offshore, mientras Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Crímenes Financieros en el Tesoro estadunidense acaba de anunciar su renuncia para trabajar en HSBC, uno de los bancos más notorios del planeta (no es coincidencia si su sede se encuentra en Londres). Entonces el refrán familiar sobre las puertas giratorias resuena en Estados Unidos y ensordece el silencio global de los beneficiarios globales a punto de estar descubiertos, quienes rezan por que la persona que sustituirá (a Shasky Calvery) sea igual de débil. Frente a la cobardía política es tentador ceder al derrotismo, pelear por que el status quo permanezca, mientras que los Panama Papers son, si no otra cosa, un síntoma deslumbrador de que la fábrica moral de nuestra sociedad se enferma progresivamente y decae. Pero el tema está finalmente en la mesa, y no es sorpresa que el cambio tome tiempo. Durante cincuenta años, las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales en el mundo han fracasado totalmente en encarar los paraísos fiscales que brotaron como metástasis en la superficie de la Tierra. Todavía hoy, Panamá dice que quiere ser conocido por más que papeles, pero su gobierno ha examinado solamente uno de los caballos de su carrusel offshore. Bancos, reguladores financieros y autoridades tributarias han fracasado. Las decisiones que fueron tomadas han protegido a los ricos y en su lugar han refrendado a los ciudadanos de ingresos medio y bajo. Las cortes, ineficientes y desesperadamente reacias, han fracasado. Demasiadas veces, los jueces han asentido a los argumentos de los ricos, cuyos abogados –y no sólo Mossack Fonseca– han entrenado en honrar la letra de la ley, mientras hacían todo en su poder para violar su espíritu. Los medios han fracasado. Muchos canales de noticia son parodias caricaturescas de ellos mismos. Parece que los individuos multimillonarios consideran tener un periódico como un hobby, lo que limita la cobertura de temas serios sobre los ricos, y hace escaso el financiamiento a la investigación periodística seria. El impacto real es: además del Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de aseverar de manera explícita lo contrario, varios de los medios más importantes revisaron los documentos de los Panama Papers. Eligieron no darles cobertura. La triste verdad es que entre las organizaciones más prominentes y capaces del mundo, no hubo ni uno interesado en reportear la historia. Incluso Wikileaks no respondió, en repetidas ocasiones, a su buzón. Pero antes que todo, la profesión legal ha fracasado. La gobernanza democrática depende de individuos responsables quienes entienden y defienden la ley, no de quienes la entienden y la explotan. De manera general, los abogados se han corrompido tanto que se volvió imperativo adoptar cambios profundos en la profesión, mucho más allá de las propuestas tímidas que están en la mesa. Para empezar, el término “ética legal”, sobre el cual los códigos de conducta y las matrículas están basados, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajó en un vacío: pese a las repetidas multas y los casos documentados de violaciones a las leyes, encontró aliados y clientes en despachos de abogados más importantes en cada nación, virtualmente. Si el carácter acabado de la economía de la industria ya está suficientemente expuesto, ahora no se puede negar que no se debe permitir a los abogados regularse a sí mismos. Eso no funciona, simplemente. Los que pueden pagar la mayor cantidad siempre encuentran un abogado para servir sus fines, ya sea en Mossack Fonseca o en otro despacho que desconocemos. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? El impacto colectivo de estos fracasos ha sido una erosión completa de los estándares éticos, y llevó al final a un sistema innovador que todavía llamamos Capitalismo, pero que es equivalente a la esclavitud económica. En ese sistema –nuestro sistema–, los esclavos no tienen consciencia ni de su estatuto, ni del de sus maestros, quienes existen en un mundo aparte donde las cadenas están cuidadosamente escondidas entre montones de jerga legal inalcanzables. La dimensión horrorosa del desmedro del mundo debería despertarnos de golpe. Pero cuando la responsabilidad de sonar la alarma cae en un whistleblower es una causa de mayor preocupación. Demuestra que todos los contrapoderes democráticos han fracasado, que la descomposición es sistémica, que inestabilidades severas se encuentran a la vuelta. Entonces ahora ha llegado el tiempo por la acción real, y empieza con hacer preguntas. Los historiadores pueden fácilmente contar cómo los temas que involucraron tributación y un desequilibrio en los poderes han desembocado en revoluciones en el pasado. En ese entonces, la fuerza militar era quizá necesaria para dominar la gente, mientras hoy restringir el acceso a la información resulta tan efectivo, o incluso más efectivo, ya que la acción es invisible muchas veces. Vivimos un tiempo de almacenamiento digital barato y sin límite, con conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No toma mucho tiempo conectarse a los puntos: desde el principio hasta el final, desde el principio hasta la distribución mediática global. La próxima revolución será digital. O quizá ya empezó. (Traducción Mathieu Tourliere)