CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al acercarse el 4 de junio, fecha en que se conmemorarán los 27 años de la masacre perpetrada en la Plaza Tiananmén, en Beijing, familiares de víctimas de ese hecho denunciaron hoy que el gobierno chino desplegó sus aparatos de vigilancia y represión para acallar sus reivindicaciones de “verdad, la rendición de cuentas y la reparación (del daño)”. En una carta abierta, publicada por la oficina de Human Rights Watch (HRW) en China, integrantes de la agrupación las Madres de Tiananmén lamentaron las intercepciones de sus comunicaciones, el acoso y las detenciones arbitrarias de las que son víctimas y subrayaron que este año las autoridades restringieron las visitas a Ding Zilin, fundadora de la organización de 80 años. Los días 3 y 4 de junio de 1989, miembros de las fuerzas armadas chinas ingresaron en la Plaza Tiananmén para dispersar una protesta pacífica. El operativo se convirtió en una masacre, en la que el ejército ejecutó a un centenar de manifestantes. Posteriormente, el gobierno procedió a detenciones masivas por “actividades contrarrevolucionarias”. El colectivo deploró que durante cerca de tres décadas “el gobierno nos ignoró y pretendió que la masacre del 4 de junio, misma que impactó el mundo entero, nunca ocurrió en China y se negó a responder a nuestros llamados, mientras nuestros connacionales pierden gradualmente la memoria sobre ese evento”. Desde hace casi tres décadas, el colectivo busca que el gobierno chino investigue sobre los perpetradores de la masacre –incluyendo a los militares y funcionarios– y presente disculpas oficiales por lo ocurrido. En Nueva York, HRW urgió al gobierno chino a “reconocer su responsabilidad en los asesinatos, detenciones y persecuciones asociados con la supresión de la protesta” de junio de 1989. La organización denunció los esfuerzos que desplegó el gobierno chino para impedir la conmemoración de la masacre, a través de detenciones de activistas o de la prohibición de dejar a dos líderes estudiantiles del 1989 entrar a China. Recordó que en octubre próximo saldrá de la cárcel el último prisionero de la protesta de aquel año. HRW lamentó que desde la investidura de Xi Jinping, en marzo de 2013, el gobierno chino reforzó su control sobre la sociedad civil, multiplicó las detenciones de opositores, censuró los contenidos de Internet y “promovió de manera agresiva la ‘ideología correcta’ de la supremacía del Partido”.