CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la dimisión de varios de sus colaboradores por sus presuntos vínculos con la corrupción en la petrolera Petrobras, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, negó que él esté involucrado en esa trama, y calificó de “irresponsable, liviana y criminal” la acusación en ese sentido. El exsenador Sergio Machado, quien hasta 2015 dirigió Transpetro, una poderosa subsidiaria de Petrobras que procesa gas y distribuye combustible, aseguró a la policía que en 2012 Temer le pidió 1.5 millones de reales (unos 430 mil dólares) procedentes de fondos ilícitos para la campaña del candidato Gabriel Chalita a la alcaldía de Sao Paulo. Según la declaración del exlegislador, Temer y Machado acordaron esa cifra, que se obtendría por medio de donaciones de una de las empresas constructoras –Queiroz Galvao– que se beneficiaban de las licitaciones fraudulentas para prestar servicio a Petrobras y sus subsidiarias. Esa acusación es una “manifestación irresponsable, liviana y criminal”, respondió Temer en el Palacio del Planalto ante representantes de la prensa, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia Notimex. “Mi honorabilidad está por encima que cualquier otra función pública”, aseveró Temer, tras advertir que “no dejará pasar en vano esas afirmaciones livianas”. Aunque dos de sus ministros ya dimitieron por tratar de frenar las investigaciones sobre el esquema millonario de desvíos desde Petrobras, es la primera vez que Temer –que asumió el poder el pasado 12 de mayo y prometió combatir la corrupción– está implicado por un delator en la trama de la Operación Lava Jato. La cúpula de su formación, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), también está acusada por Machado de recibir cuantiosas sumas de dinero ilícito que podrían llegar a 100 millones de reales (unos 29 millones de dólares), según la prensa brasileña. “Alguien que hubiera cometido el delito que Machado reveló no tendría condiciones de gobernar Brasil”, señaló Temer este jueves, y aseguró que nada “empañará” la actuación del gobierno para frenar la recesión económica. El pasado 30 de mayo se dio a conocer que el ministro brasileño de Transparencia, Fabiano Silveira, intervino en la obstaculización de la Operación Lava Jato, considerada por la Policía Federal como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. Como prueba se revelaron grabaciones que le hicieron mientras criticaba dicha indagatoria. El funcionario renunció días después a su cargo. Una semana antes Romero Jucá, ministro de Planificación, tuvo que dimitir porque fue grabado prometiéndole a un empresario frenar la Operación Lava Jato en caso de lograr la suspensión de Dilma Rousseff, ocurrida el pasado 12 de mayo. Según medios brasileños, Silveira recomendó tomar medidas para obstruir las investigaciones y el avance de la investigación. El pasado martes 7 el fiscal principal de Brasil solicitó al tribunal superior del país arrestar a importantes políticos aliados del presidente interino Michel Temer por supuestamente obstruir la investigación sobre Petrobras. De acuerdo con TV Globo, el fiscal general Rodrigo Janot solicitó el arresto del expresidente José Sarney; el exministro de Planeación y actual senador Romero Juca; el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, y el líder del Senado Renan Calheiros. Los cuatro políticos pertenecen al Partido Movimiento Democrático Brasileño (o PMDB) de Temer y tuvieron participaciones cruciales en la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff a inicios de mayo. El magistrado Teori Zavascki de la Corte Suprema Federal decidirá sobre la solicitud. Sólo el máximo tribunal de la nación puede ordenar el arresto o juzgar a funcionarios elegidos. Considerada la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, la Operación Lava Jato ha imputado e investigado en sus dos años de trabajos a más de 60 políticos de primer nivel, entre ellos el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, además de los señalados Eduardo Cunha y Renan Calheiros. En el centro del escándalo está la estatal Petrobras, de donde habrían salido cientos o miles de millones de dólares a intermediarios, partidos políticos y cargos estatales por medio de contratos de suministro sobrefacturados.