MADRID (apro).— Los candidatos del PSOE y Podemos al gobierno de España, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pidieron la dimisión inmediata del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien aparece en unas grabaciones hechas públicas en las que conspira junto con el director de la Oficina Antifraude contra políticos independentistas de Cataluña.
El aspirante de Ciudadanos, Albert Ribera también pidió la dimisión de Fernández Díaz siempre y cuando las grabaciones sean ciertas.
Como reacción ante el escándalo y esas exigencias –que estalló cinco días antes de las elecciones del próximo domingo 26—, el ministro Fernández Díaz afirmó que no va a dimitir, se dijo víctima de la “verdadera conspiración” por haber sido grabado irregularmente y el contenido ser difundido en el diario digital Público.
En la grabación, Fernández Díaz asegura que el presidente Mariano Rajoy estaba enterado de la operación contra los políticos independentistas, no obstante, en declaraciones hoy ante la prensa española, el ministro desmintió que Rajoy tuviera conocimiento de los hechos.
Por su parte, el presidente del gobierno desmintió haber estado enterado de las reuniones con el titular de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y dijo en una entrevista radiofónica que el ministro le explicó la víspera el motivo de dichas reuniones, que eran parte de “sus competencias”.
En la reunión entre el ministro Fernández Díaz y el director Antifraude De Alfonso, celebrada hace dos años, se discute sobre investigaciones para incriminar penalmente o buscar acusaciones contra dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
De acuerdo con el contenido difundido, existe una actitud de presión del ministro para que se encuentren elementos para proceder contra los investigados.
El socialista Pedro Sánchez demandó que el ministro “abandone la vida política”.
El podemista Pablo Iglesias sostuvo que esta revelación es “una de las cosas más graves que ha ocurrido en este país”.
Albert Ribera de Ciudadanos advirtió que “la policía está al servicio de la democracia, no de los partidos políticos”.
Las fuerzas políticas implicadas en la investigación también pidieron la dimisión de Fernández Díaz y del director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, y consideraron una “conspiración” contra el independentismo.