Fiscal halla evidencias para vincular a otro miembro del gabinete de Temer por corrupción

lunes, 6 de junio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal general de Brasil Rodrigo Janot encontró evidencia para vincular al ministro de Turismo del presidente interino Michel Temer con la trama de corrupción en la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA. De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, el diario Folha de S. Paulo  publicó que la autoridad consideró unos mensajes telefónicos interceptados en una petición al Supremo Tribunal Federal de Brasil para que haga una investigación formal al ministro de Turismo Henrique Eduardo Alves. Según el reporte, los mensajes supuestamente muestran a Alves cuando ofrecía apoyo político a la constructora OAS Engenharia, supuestamente a cambio de donaciones de campañas políticas financiadas con dinero ilegal de Petrobras. Alves, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se postuló para el cargo de gobernador del estado de Rio Grande do Norte en 2014. La empresa OAS Engenharia está entre las empresas de ingeniería cuyos ejecutivos han sido condenados por tribunales locales, luego de comprobar  su participación en el escándalo de corrupción y lavado de dinero en Petrobras. Y mientras el ministro de Turismo ha reiterado que todas las donaciones de campaña fueron legales, la oficina del fiscal general no respondió ante las preguntas de la prensa. Con Alves suman tres ministros en el gabinete de Temer relacionados con el masivo esquema de corrupción en Petrobras desde que su gobierno provisional asumió el poder a inicios del mes pasado. En una semana, el funcionario sufrió la salida del ministro de Planificación Romero Juca, figura clave en la aprobación de medidas de austeridad en el Congreso, y del ministro a cargo de la lucha contra la corrupción Fabiano Silveira, luego de la filtración de unas grabaciones que sugieren que habían tratado de frenar la investigación en Petrobras. El mes pasado, el Senado de Brasil aprobó la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff hasta por seis meses para que sea juzgada por una presunta violación de las normas presupuestarias.

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