"El último día de la guerra"

domingo, 3 de julio de 2016
El pasado jueves 23 la firma de la paz entre la guerrilla y el gobierno colombianos fue, sin duda, un hecho histórico que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado. La ceremonia protocolaria, que tuvo lugar en la capital cubana, se selló con un apretón de manos entre el presidente Santos y el jefe de las FARC, Timochenko; pero esto es, sin embargo, apenas el primer paso de un proceso de pacificación que se prevé difícil, pues muchos sectores políticos y empresariales de Colombia no vieron con buenos ojos las negociaciones en La Habana. BOGOTÁ (Proceso).- Luego de 52 años de guerra contra el Estado colombiano, las FARC dieron el paso definitivo para dejar de ser guerrilla, dejar las armas y el uniforme de combate verde olivo y convertirse en un movimiento político legal que aspira a incidir en el futuro del país con un ideario social de fuerte acento agrario. El compromiso de las FARC para hacer esa transición fue sellado el pasado jueves 23 en La Habana, cuando su máximo jefe, Timoleón Jiménez, Timochenko, le dio un apretón de manos al presidente colombiano Juan Manuel Santos mientras ambos mostraban una carpeta roja con el acuerdo del fin del conflicto. Fue una ceremonia a la que tanto Santos como el jefe guerrillero le dieron un sentido histórico. No sólo porque ambos estaban convencidos de que allí, en el salón de protocolo de El Laguito –la zona residencial habanera donde se hospedan los visitantes ilustres– se estaba terminando formalmente una guerra de más de medio siglo, sino porque consideran que de ahí en adelante Colombia no será el mismo país. Santos dijo que no está ni estará jamás de acuerdo con la visión de país que tienen las FARC y que quizá no exista colombiano que las haya combatido “con más contundencia y determinación” que él, pero “ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como ciudadano, defenderé, con igual determinación, su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales”. Y sí. El presidente ha combatido a las FARC. Lo hizo entre 2006 y 2009, como ministro de Defensa de su antecesor y hoy principal adversario del proceso de paz con esa guerrilla, Álvaro Uribe. Y lo hizo como mandatario, cuando en 2010 dio de baja al jefe militar del grupo insurgente, Jorge Briceño, el Mono Jojoy, y cuando un año después el ejército acribilló al comandante en jefe de la organización, Alfonso Cano. Por eso también el sucesor de Cano, Timochenko, quien decidió continuar con los acercamientos que ya había realizado con delegados de Santos a pesar de la muerte de su comandante, le recordó al presidente que las FARC ni capitularon ni fueron derrotadas militarmente “como querían algunos obtusos”. En cambio, dijo, optaron por una salida negociada al conflicto armado porque “es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso”. Y antes de darle la mano al presidente, el jefe guerrillero señaló: “Que éste sea el último día de la guerra”. Falta, desde luego, que las FARC y el gobierno colombiano firmen el acuerdo final de paz, lo cual deberá ocurrir en agosto o septiembre próximos, una vez que las partes terminen de negociar el sexto y último punto de la agenda: implementación, verificación y refrendo de lo pactado en La Habana, sede de los diálogos que se han desarrollado durante tres años y siete meses. Pero ya lo principal está acordado: un programa de desarrollo rural semejante a una reforma agraria; las condiciones de participación de las FARC en política; una estrategia de sustitución de cultivos ilícitos; un modelo de justicia para que los jefes guerrilleros paguen con penas restaurativas los delitos graves que hayan cometido en la guerra, y el fin del conflicto. El paso fundamental Para el experto en solución de conflictos Kristian Herbolzheimer, “todos los puntos negociados son muy importantes, pero el paso fundamental de cualquier proceso de paz es cuando los adversarios deciden terminar la guerra”. Y eso es justamente lo que pasó en La Habana, asegura el director para Colombia de la ONG inglesa de construcción de paz Conciliation Resources. El acuerdo firmado el jueves 23 comprende un cese bilateral y definitivo del fuego que será verificado por una misión de la ONU; la dejación de las armas por parte de las FARC; la ubicación de las tropas guerrilleras en 23 zonas y ocho campamentos donde harán su incorporación a la vida productiva y se transformarán en un partido político, y garantías de seguridad para los insurgentes desmovilizados. Todos estos compromisos comenzarán a implementarse con la firma del acuerdo definitivo de paz. La dejación de armas, que consistirá en su entrega a la misión de la ONU que verificará el cese al fuego, deberá culminar en un plazo máximo de 150 días después de la firma del acuerdo final; es decir, en enero o febrero de 2017. Un mes después, todo el armamento, que será concentrado en contenedores en un solo punto, se destinará a la construcción de tres monumentos cuyos detalles aún deberán ser consensuados por el gobierno y el grupo insurgente. Un punto crítico de este proceso es el de la seguridad que recibirán las tropas guerrilleras al desmovilizarse y entregar sus armas. Las FARC temen que se repita la historia de los años ochenta, cuando la Unión Patriótica (UP), un movimiento político surgido de un fallido proceso de paz, fue exterminada por grupos paramilitares en complicidad con agentes del Estado. La Corporación Reiniciar documentó 3 mil 186 homicidios de militantes y dirigentes de la UP entre 1984 y 2006, así como la desaparición de otros 514, mientras que 2 mil 300 más tuvieron que exiliarse o huyeron de sus comunidades. Por eso, el proceso de desarme y concentración de tropas, así como la desmovilización de los guerrilleros y su participación en política irán acompañados de un mecanismo permanente de seguridad a cargo de la policía, la civil Unidad Nacional de Protección y el Ejército. Esto quiere decir que los guerrilleros serán cuidados por sus antiguos adversarios en el campo de batalla. Además las FARC y el gobierno colombiano dieron otro paso definitivo: acordaron que el mecanismo de refrendo de los acuerdos de paz sea un plebiscito cuyo trámite ya se inició pero frente al cual la guerrilla tenía reservas. Las FARC se inclinaban por una “consulta popular”, pero el Congreso aprobó a principios de este mes un “acto legislativo especial” que faculta al presidente a decretar leyes relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz, que les otorga a éstos rango constitucional y que convoca a un plebiscito para que los votantes refrenden o no los pactos de La Habana. Las FARC aceptaron que el plebiscito sea el mecanismo de refrendo en los términos en que lo decida la Corte Constitucional, donde los magistrados están revisando la legalidad de la convocatoria. Transición Para el exrector de la Universidad Nacional de Colombia e integrante de la Comisión de la Verdad Histórica del Conflicto, Víctor Manuel Moncayo, el proceso de paz ya llegó a un “punto crucial” en el que las FARC inician, en los hechos, su transformación en partido político sin armas. “Esto marca un antes y un después para Colombia”, dice a Proceso el abogado, politólogo y autor de varios libros sobre teoría del Estado. A diferencia de otros procesos de paz, los guerrilleros de las FARC no retornarán a sus casas cuando concluya el proceso de desarme, sino que esa organización formará comunidades con sus excombatientes y sus familias y mantendrá sus estructuras de mando al convertirse en partido político. Las 23 zonas y los ocho campamentos donde se concentrarán inicialmente las tropas insurgentes serán centros de adiestramiento político y de capacitación profesional para los guerrilleros desmovilizados. Uno de los acuerdos suscritos por los jefes de negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, y de las FARC, Iván Márquez, establece que esa guerrilla y el gobierno capacitarán en las 23 zonas a excombatientes en labores productivas y en educación primaria, secundaria y técnica. Aunque el gobierno y las FARC no han precisado dónde estarán ubicadas las zonas de localización y los campamentos, se da por descontado que será en las regiones donde ese grupo insurgente fundado en 1964 por un grupo de campesinos sin tierra ha tenido presencia histórica. “Ellos quieren estar cerca de su base social para facilitar su paso a la política, lo cual es legítimo”, asegura Moncayo. Según estimaciones del gobierno colombiano, las 23 zonas y ocho campamentos acordados albergarán a unos 6 mil 770 guerrilleros y 8 mil 500 milicianos. Esos 15 mil 270 hombres y mujeres serán el núcleo del partido político de las FARC. Incluso los presos de esa guerrilla que serán liberados por una ley de amnistía acudirán a radicarse en esos sitios. Y aunque el acuerdo del fin del conflicto prevé que las zonas de ubicación tendrán una vigencia de seis meses, no se descarta que las FARC permanezcan en ellas y que sea en esos lugares donde los jefes de la guerrilla que hayan cometido delitos graves en el desarrollo del conflicto cumplan las penas que les impondrá un tribunal especial. Según el acuerdo de justicia, las sentencias serán de hasta ocho años de “restricción efectiva de la libertad”, lo que quiere decir que los condenados podrán cumplirlas en una población de la que no podrán salir mientras cumplen su pena y en la que harán trabajo comunitario. Lo que es un hecho es que las bases sociales de las FARC están en las zonas rurales y que esa guerrilla, como movimiento político, seguirá reivindicando su origen agrario. El primer punto del acuerdo con las FARC es el de desarrollo rural y éste prevé la creación de un fondo de tierras para campesinos que no la tienen, así como llevar carreteras, electricidad, agua potable, salud, educación, crédito y asistencia técnica al campo. Moncayo considera que la transformación social de los campesinos colombianos, cuyo nivel de pobreza rebasa 60%, será el eje de la plataforma política de esa guerrilla, “pero también hará mucho énfasis en el desarrollo de las áreas urbanas marginadas”. El acuerdo de participación política que sellaron las FARC y el gobierno en 2014 establece que esa guerrilla tendrá representación en el Congreso mediante la creación de curules transitorias de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, aunque el número de éstas se definirá en una futura ley. Pero seguramente el primer escollo político que enfrentarán las FARC una vez que comiencen su desmovilización y la dejación de armas será el plebiscito para ratificar o no los acuerdos de paz. El partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, el más enconado opositor a los acuerdos de paz por considerarlos una “claudicación del Estado frente a las FARC”, ya está en campaña contra ese plebiscito. El gobierno también ha lanzado una iniciativa denominada “Sí a la paz”, que será el lema oficial de cara a esa consulta. Los primeros sondeos anticipan que al menos 60% de los colombianos votará por el “sí” a los pactos de paz, un porcentaje que tenderá a subir con la euforia que vive el país por la firma del acuerdo del fin del conflicto. Pero Uribe y su principal aliado político, el ultraconservador procurador general Alejandro Ordóñez, son adversarios de mucho peso que cuentan con el respaldo de empresarios, ganaderos y terratenientes muy poderosos.guerra

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