VALPARAÍSO (apro).- El procesamiento como cómplice de homicidio calificado, del excomandante en jefe del Ejército y actual director del Servicio Electoral (Servel), Juan Emilio Cheyre, ha implicado un duro golpe para la institucionalidad política que tenía en él a uno de sus hombres más reputados. Al momento del golpe, el teniente Cheyre era el ayudante principal de Ariosto Lapostol, comandante del Regimiento de Artillería 2 “Arica de La Serena” (capital de la Región de Coquimbo). Además, fungía como jefe subrogante del Departamento de Inteligencia. En su resolución del jueves 7 de julio el juez Mario Carroza estableció que la “Caravana de la Muerte” comandada por el general Sergio Arellano Stark –quien actuaba bajo instrucciones del jefe del Ejército Augusto Pinochet-- arribó al Regimiento “Arica” la mañana del 16 de octubre de 1973 en un helicóptero Puma. Arellano Stark, tras sostener una reunión para informar de su misión con el primer comandante Ariosto Lapostol “requiere del fiscal militar Manuel Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban prisioneros políticos. Luego de seleccionar a los detenidos que serían ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la cárcel pública a retirar y trasladar, sin derecho ni decreto alguno a las víctimas (…) hasta el aludido regimiento”. Distintas versiones señalan que Cheyre fue a buscar los presos a la cárcel. Una vez que éstos arribaron al regimiento, fueron conducidos al Polígono de Tiro donde “fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército”, como señala Carroza en su resolución. Allí se afirma también que “seguidamente y de manera ya prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérseles practicado las autopsias respectivas ni realizado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común, de manera oculta”. Una vez hechos desaparecer los cuerpos, Lapostol y Cheyre construyen la coartada, como lo señala el magistrado Carroza: “(las autoridades del regimiento) resuelven publicar en los medios de comunicación un bando militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado a 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el comandante del regimiento como su ayudante (Cheyre) y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y se les había ajusticiado sin juicio previo por la sola circunstancia de su ideología”, como se establece en el procesamiento. Fue el propio Cheyre quien llevó al diario El Día de La Serena el señalado bando militar con la instrucción de que se publicara en portada al día siguiente. En 1998 tras ser exhumados los cuerpos de las víctimas, el Servicio Médico Legal pudo establecer que nueve de éstas presentaban perforaciones de balas en el cráneo, heridas que corresponderían a “tiros de gracia”. El exoficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos declaró el 26 de diciembre de 1999 ante el juez Juan Guzmán que Cheyre fue uno de los oficiales que remataron a los fusilados. Carroza procesó como autores de estos crímenes a Ariosto Lapostol, Víctor Hugo Alegre y Armando Fernández Larios (en ausencia); y como cómplices, además de Cheyre, a Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito, Guillermo Raby, Hugo Leiva, Mario Vargas Migueiles. Las víctimas fueron Oscar Aedo, Marcos Barrantes, Mario Ramírez, Hipólito Cortés, Jorge Contreras, Roberto Guzmán, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Carlos Alcayaga, Jorge Osorio, José Araya, Óscar Cortés, Manuel Marcarián, Víctor Escobar, y el destacado director de orquesta y fundador del Conservatorio Regional de Música, Jorge Peña Hen. El protegido Desde 2003, un año después de asumir la jefatura del Ejército, Cheyre comenzó a ser conocido como “el general del nunca más”. Esto por declarar: “Nunca más una crisis política que nos llevó a la división; nunca más la incapacidad para controlar esa crisis; nunca más sectores que avalaron, que indujeron al Ejercito a actuar; nunca más, de nadie, crímenes, terrorismo, violencia", como dijo el 13 de junio de 2013, en visita a unidades del Ejército, en la norteña ciudad de Calama. Esta declaración junto a otras del mismo corte fueron interpretadas por el presidente Ricardo Lagos como el inicio de una nueva etapa en la historia del Ejército, el que supuestamente dejaba atrás las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar (1973-1990). La prensa derechista se sumó a esta interpretación definiendo a Cheyre como el “general de la transición”. Lagos instaló a Cheyre al mando del Ejército aun cuando ya en 2002 existían abundantes antecedentes que lo sindicaban como torturador y asesino. La entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet expresó el 16 de marzo de 2002 --tras ser consultada en relación con notas publicadas por el periodista Arnaldo Pérez Guerra en el semanario El Siglo en que se detallaba la eventual participación de Cheyre en asesinatos y torturas-- que “el general Cheyre es una persona íntegra y no tiene ningún tipo de delitos y crímenes sobre los cuales las personas debamos preocuparnos”, según consigna el diario La Tercera. La caída de Cheyre comenzó el 13 de agosto de 2013. Ese día el noticiario central de Televisión Nacional de Chile (TVN) mostró una nota –realizada por el periodista Rodrigo Cid-- con la trágica y hasta ese entonces desconocida (en Chile) historia del matrimonio compuesto por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos. Ellos, militantes de izquierda, fueron acribillados junto a una cueva de la precordillerana localidad de Gualliguaica (actual Región de Coquimbo) el 8 de diciembre de 1973, mientras intentaban escapar de la represión dictatorial con su hijo Ernesto, de dos años y medio. Pero fruto de una delación fueron interceptados y masacrados por una patrulla militar del regimiento “Arica” liderada por el capitán Fernando Polanco Gallardo. Ernesto, que se aferró al cuerpo de su acribillada madre, sobrevivió. Ella rogó antes de morir que no le hicieran daño a su hijo. Este fue llevado al regimiento Arica. Una vez allí, por orden de Lapostol, Cheyre lo trasladó al convento Casa de la Providencia, señalando que sus padres se habían suicidado. La difusión de esta tragedia causó conmoción en la opinión pública y puso en entredicho la idoneidad ética de Cheyre. Presionado por las críticas, el excomandante del Ejército aceptó encontrarse en el programa El Informante --de TVN-- con Ernesto Lejderman, que ya tenía 42 años. Pero todo le salió mal (Ver “La guerra de Ernesto”, Proceso 10 de diciembre de 2013). “Estoy aquí por la memoria de mi papá y mi mamá (…) No le deseo ni a Cheyre ni a ningún militar genocida ni a nadie lo que mis padres vivieron, tampoco lo que viví yo al tener que presenciar el crimen”, dijo Lejderman en el programa de televisión. Enseguida increpó duramente al general retirado: “¿Por qué cuando fue jefe del Ejército (2002-2006) no dijo dónde estaban los restos de los detenidos desaparecidos? (…) Yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio y cuente de verdad ¿dónde están? Que diga qué pasó con mi mamá y con mi papá”. Lejderman recordó que Cheyre siempre respaldó la versión dada por el Ejército respecto de la muerte de sus padres: que se habían dinamitado en la precordillera. En relación con esto, Cheyre argumentó que él se dio cuenta de la falsedad de esta versión recién el 2000 cuando comenzó el juicio por este doble asesinato. Entonces el periodista Juan Astorga --conductor de El Informante-- le hizo ver que el hecho de que los Lejderman-Ávalos fueron acribillados estando desarmados, como fue establecido en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en 1991. Cheyre, acorralado, respondió: “Yo nunca lo leí”. Incluso expresó que él había sufrido tanto como Ernesto con su tragedia. “Yo creo que esta comparación que él hace es realmente inmoral, y eso la sociedad chilena no lo perdonó, ni se lo perdonara a Cheyre, que era un referente académico y político”, señaló entonces Lejderman a este corresponsal. Y él tiempo pareció darle la razón. Un día después de la emisión de dicho programa --de 2013-- Cheyre renunció a la presidencia del Servicio Electoral (Servel). No obstante, siguió como miembro de su Consejo Directivo, cargo en el que aún se mantiene pese a su reciente procesamiento en el caso Caravana de la Muerte. Pese a las críticas abrumadoras que recibió el general, el expresidente Lagos salió en su defensa. “¿Qué otra cosa más podía hacer un teniente de 25 años cuando se está en estado de guerra?”. En entrevista realizada tras el reciente procesamiento de Cheyre, Lejderman expresó: “Me parece muy importante el paso que ha dado la justicia chilena para detener y procesar a una persona que está muy involucrada en los crímenes que se cometieron en el regimiento “Arica”. En mayo de 2009 la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el caso Lejdermán-Ávalos. En fallo dividido rebajó las penas determinadas dos años antes por la Corte de Apelaciones, al aplicar la doctrina de la media prescripción. Condenó a Polanco, Héctor Vallejos Birtiola y Luis Fernández Monjes, a una pena de cinco años y un día de cárcel. Cheyre fue absuelto, y también Lapostol, “que fue el autor intelectual de este crimen”, señala Lejderman en la entrevista. El máximo tribunal rechazó indemnizar a Lejderman por el daño causado. Esta sentencia significó un duro golpe a sus anhelos de justicia por lo que –en noviembre de 2009-- Ernesto presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “pidiendo justicia porque la justicia me fue denegada”, manifestó. La víctima adujo que Chile –a través del Consejo de Defensa del Estado-- “se desentendió del caso, planteando que tengo que demostrar el daño que sufrió mi familia y que sufrí yo, en circunstancias en que en la investigación criminal está demostrando que mis padres fueron asesinados y que yo presencié este terrible crimen”. Los descargos El domingo 24 de julio el diario La Tercera y Canal 13 difundieron entrevistas con el excomandante en jefe. En éstas negó tener responsabilidad en los crímenes. “El ayudante del comandante es un asistente, un secretario --dijo a La Tercera--. No es alguien que planifica o comenta decisiones, no es un asesor del mando. Está en la oficina del lado, lo llaman con un timbre, recibe órdenes”, justificó. Agregó: “Mi único pecado es haber estado allí”, aludiendo al señalado fusilamiento de 15 personas en el regimiento Arica. Afirmó que no tenía personal a cargo ni vehículos a su disposición. “No tuve mando de tropas ni labores operativas, ni de inteligencia”. Comentó: “Estoy viviendo uno de los momentos más difíciles de mi vida (…) jamás he violado los derechos humanos”. En entrevista, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, rechazó los dichos del general. “Cheyre no llegó gratis a comandante en jefe del Ejército: él sabía de los horrores, fue parte y cómplice de los horrores, y es cómplice hasta la fecha de la campaña de encubrimiento de los militares que son condenados o procesados en causas de derechos humanos”. Lira manifestó que “es vergonzosa la inmensa tribuna que La Tercera y Canal 13 han dado a Cheyre” en comparación con la brindada a los familiares de las víctimas de la “caravana de la muerte” en La Serena. “Hay que recordarle al señor Cheyre que cuando estuvo en el regimiento de La Serena se ejecutó a 15 hombres que fueron torturados. Él siempre supo que estaban en La Serena sepultados y nunca dijo la verdad”, agregó. Lira dijo que el “nunca más” de Cheyre “es una falacia”. Fundamentó: “Eso nunca se tradujo en gestos concretos, él dijo algo de la boca hacia fuera… él ocultó la verdad, la que está saliendo en los procesos judiciales porque las víctimas y las familias hemos luchado por largos años”. Lira sostuvo que personeros de la “vieja Concertación (de Partidos por la Democracia) como Ricardo Lagos, y los exministros Enrique Correa y Francisco Vidal, están involucrados en una campaña de encubrimiento. “¡Están buscando hasta en la basura argumentos para poder hablar en favor de Cheyre para que quede en la impunidad!” expresó molesta Lira. El historiador y sociólogo Felipe Portales afirma que “el caso Cheyre ilustra muy bien el aspecto concesivo de la élite de la Concertación (hoy Nueva Mayoría, en el gobierno) en cuanto al tema político y de derechos humanos, y su búsqueda de un acuerdo con el Ejército de Pinochet”. Portales --autor del libro Los mitos de la democracia chilena-- sostuvo que este episodio recuerda que “nunca hubo un intento real de la Concertación por avanzar en justicia. Si se avanzó, fue a pesar ella, gracias a la lucha permanente de las organizaciones de derechos humanos y de los abogados, y porque el Poder Judicial buscó reivindicarse históricamente y tuvo un espacio para hacerlo después de la detención de Pinochet en Londres (10 de octubre de 1998)”.