El discurso del presidente Mauricio Macri en torno a los derechos humanos está soslayando aspectos simbólicos, históricos y políticos relacionados con las secuelas sociales que dejó el régimen militar en Argentina. Analistas de este país indican que el mandatario no sólo elude referirse públicamente a la “dictadura” y a los “desaparecidos”, sino que en ningún momento ha condenado de manera explícita los delitos de lesa humanidad perpetrados durante aquel periodo. Más aún, su gobierno está abriendo la puerta a beneficios para los militares procesados, lo que ha encendido la indignación en Argentina. BUENOS AIRES (Proceso).- El presidente Mauricio Macri dijo que no tiene idea de si los desa­parecidos durante la dictadura “fueron 9 mil o 30 mil” y calificó de “guerra sucia” el terrorismo de Estado implantado durante el régimen militar que asoló al país entre 1976 y 1983. Estos conceptos, vertidos durante una entrevista con el sitio estadunidense BuzzFeed el miércoles 10, han provocado el rechazo de organismos de derechos humanos y de sectores de la oposición. La falta de condena explícita del gobierno a los delitos de lesa humanidad coincide, por otra parte, con un freno a las políticas de Estado en la materia. “Hay un sector de la sociedad argentina que avaló la dictadura, que estuvo de acuerdo con la represión, que vio con muy malos ojos la lucha de los organismos de derechos humanos, pero no puede reivindicar la dictadura de manera abierta. Macri representa un poco ese sector social. Y él personalmente es parte de un grupo económico que fue uno de los más beneficiados por la dictadura”, dice a Proceso Guillermo Levy, investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio, dependiente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. La política de derechos humanos sufre hoy un retroceso. Hay un desmantelamiento total o parcial de áreas ministeriales que auxiliaban a la justicia en la investigación del terrorismo de Estado. Se disolvió el Grupo Especial de Relevamiento Documental, cuyo aporte sirvió para echar luz sobre el esquema de trabajo y procedimientos en los denominados “vuelos de la muerte”, en los que los prisioneros eran arrojados al mar sedados, es decir, con vida. Se verifica un empantanamiento de las investigaciones que involucran a empresarios, jueces o fiscales cómplices de la dictadura. A varios represores, por el contrario, se les ha otorgado el beneficio del arresto domiciliario. Uno de ellos es el general retirado Eduardo Cabanillas, responsable del centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Los condenados por causas de lesa humanidad pueden volver a atenderse en hospitales militares, beneficio que les estaba vedado. Más de 100 abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad de todo el país reclamaron el sábado 13 que “la memoria, la verdad y la justicia sigan siendo política de Estado”. En las últimas semanas se han denunciado casos de intimidación y de amenazas contra letrados y testigos. Tras el cambio de gobierno, el Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo del subteniente retirado Francisco Lagos, hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura. Los nuevos aires dificultan el avance de los juicios contra los responsables de los crímenes perpetrados durante el régimen militar. “Los juicios tienen un impacto enorme, no sólo en Argentina sino a nivel internacional. Son únicos en el mundo por su dimensión, por su cantidad y porque los realizan tribunales ordinarios que ya han dictaminado más de 700 condenas –afirma Guillermo Levy–. El nuevo gobierno no brinda apoyo a los juicios, que siguen por una cuestión de inercia”. Macri sostiene que los juicios están en manos de la justicia y que ésta es un poder independiente. La intromisión de los servicios de inteligencia en la justicia federal es, sin embargo, un viejo lastre que pervive en su gobierno. Cifras El número de desaparecidos, cifrado en 30 mil tras la recuperación de la democracia, tiene un fuerte contenido simbólico. En 1984, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) consignó 9 mil 300 casos. Presuponía, sin embargo, un elevado subregistro, debido al terror que sumergía a víctimas y familiares en el silencio. Muchísimos sobrevivientes del nazismo nunca hablaron o lo hicieron después de tres o cuatro décadas. En Argentina, al igual que con las víctimas del nazismo, muchos sobrevivientes cargan con la culpa de haber sobrevivido. Fue con el fin de la impunidad, sobre todo durante los gobiernos kirchneristas, 20 años después de finalizada la dictadura, cuando muchos se animaron a hablar por primera vez. El discurso estatal, fuertemente condenatorio y reparatorio de dicho pasado, colaboró para que dieran ese paso. Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de 2003 hasta su fallecimiento en 2012, consideraba que la cifra de 30 mil desaparecidos no era arbitraria; se basó en las estimaciones sobre el número de prisioneros que habían pasado por los grandes centros de detención clandestina, entre 4 mil y 5 mil en el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Ponderaba también los más de 500 centros clandestinos de detención y tortura. Citaba además un informe de la dictadura argentina a la chilena –enviado por la embajada norteamericana al Departamento de Estado– según el cual en 1978 el número de víctimas ascendía a 22 mil. Aunque la represión ilegal tuvo su apogeo en esos dos primeros años de la dictadura, los secuestros y asesinatos continuaron por cinco años más. “Las cifras reales no se conocen”, sostiene Levy. “Esto se debe a la acción misma de la represión, es decir, a la desaparición de los cuerpos, la destrucción de información y al pacto de silencio que todavía rige entre los represores. Pero si se toma el número de las personas que aparecieron asesinadas, los desaparecidos que aún figuran como tales y también el tercer grupo de los desaparecidos sobrevivientes, seguramente se llega a un número superior a los 30 mil. Cuando se cuestiona este número, lo que en realidad se está atacando es la lucha de los organismos de derechos humanos”, explica el investigador. Macri podría impulsar la búsqueda de las listas que los represores siempre se negaron a aportar. El actual presidente sufrió en carne propia, en agosto de 1991, un secuestro extorsivo, perpetrado por la “mano de obra desocupada”. Así se denominaba a militares y policías que tras el advenimiento de la democracia siguieron aplicando prácticas de la dictadura para su enriquecimiento privado. “Él también es una víctima del personal que había actuado en los centros clandestinos de detención –dice Levy–. Pero ahí la cuestión de clase me parece que prima por sobre la experiencia personal. Muchos empresarios fueron secuestrados por cuestiones económicas durante la dictadura y también años más tarde.” Palabras Macri nunca pronuncia la palabra “desaparecidos” ni tampoco habla de “dictadura”. La denominación de “guerra sucia”, usada por los militares durante el período en el que usaron el poder, presuponía la falta de un plan criminal para exterminar a una parte de la sociedad, para torturar y hacer desaparecer los cuerpos, para esparcir el terror y para apropiarse de los hijos de las víctimas. Se justificaba lo actuado como errores o excesos. “Lo más grave es lo de ‘guerra sucia’ –dice Levy refiriéndose a las palabras del jefe de Estado–, porque es el término usado por los represores, por las Fuerzas Armadas, y es un término vinculado al Departamento de Estado norteamericano y a la Doctrina de la Seguridad Nacional. El término ensucia todo y no conceptualiza nada. Mete a las víctimas en el mismo barro que a los victimarios”, explica. Algunas voces críticas creen ver en las declaraciones del presidente una legitimación de la corriente del negacionismo histórico. El término se utiliza en los países atravesados por el nazismo para describir aquellos postulados que niegan el Holocausto y para tratar de impedir su condena a nivel judicial y político. “Yo lo veo, más que como una cuestión negacionista, como un tema que políticamente le molesta. Macri suele decir que los derechos humanos no son el pasado, sino el presente; habla de los derechos humanos del siglo XXI, sin precisar a qué se refiere”, explica Levy. Añade: “La lucha contra la impunidad le molesta porque es un tema fundamental de la transición argentina hacia la democracia y al día de hoy genera consensos y divisiones”. El historiador Ezequiel Adamovsky considera que el actual gobierno tiene una incomodidad muy grande con el pasado, lo que se debe, dice, a la vinculación intensa de la sociedad argentina con la memoria de hechos traumáticos o conflictivos, que dan consistencia a un sentido de pertenencia nacional, “sobre todo con el gran trauma nacional, que permanece presente a pesar del tiempo, que son las represiones y desaparecidos en la última dictadura militar”, según declaró en entrevista con Interferencia TV el pasado lunes 15. Abunda: “La conexión que ha trazado la sociedad argentina entre esas memorias traumáticas y la participación protagónica de las clases altas como favorecedoras de algunos de esos hechos luctuosos, particularmente en la última dictadura, pero también hacia atrás, la participación de las entidades empresariales en este tipo de hechos, hace que este tipo de actividad o de acción o de contribución de las clases altas en el presente sea más visible”, explica. El historiador reflexiona: “Creo que de allí viene la necesidad, como dice Macri muchas veces, de dar vuelta la página, no mirar el pasado, (sino) mirar el futuro, porque lo que pasa es que si uno mira el pasado hay cosas que sigue viendo en el presente”.