CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la comisión del Senado responsable del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó avanzar hacia su destitución, luego de aprobar un informe en el que la acusa de "atentar contra la Constitución". El informe –elaborado por el instructor del caso, Antonio Anastasia– tuvo 14 votos a favor y sólo cinco en contra. El presidente de la comisión, Raimundo Lira, no se pronunció, ya que sólo podría hacerlo en caso de un empate. El pleno del Senado deberá ser notificado de esa decisión y convocado a una primera votación prevista para el próximo martes 9, en la que bastará una mayoría simple de 41 votos entre 81 posibles para que el proceso continúe, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE. Si así fuera, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, convocará nuevamente al pleno del Senado para decidir la suerte definitiva de la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer. En esa última sesión, que se celebrará a fines de este mes, la destitución de Rousseff dependerá de que sea aprobada por una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) del pleno. En caso de que sea declarada culpable, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019. Si fuera absuelta, Rousseff recuperará el cargo y Temer, a quien los partidarios de la mandataria tildan abiertamente de "golpista", debería volver a ocupar la vicepresidencia, a la cual se conjetura que renunciaría de inmediato si así fuera. Según el informe de Anastasia, de 441 páginas, los delitos fiscales por los que se acusa a Rousseff son de "tal gravedad" que, según las leyes, ameritan la pérdida del mandato. Esas maniobras, agrega, provocaron un gran desequilibrio en las cuentas del gobierno brasileño y un "descontrol fiscal" que alteraton los presupuestos. Además, ese desequilibrio "amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB), y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población", destaca el texto.