MADRID (apro).— El Tribunal Supremo de España abrió una causa contra la exalcaldesa de Valencia y poderosa senadora del Partido Popular, Rita Barbera, por un presunto delito de blanqueo de capitales, lo que complica aún más la posición política del presidente en funciones, Mariano Rajoy, de cara a la formación de un nuevo gobierno. La investigación se produce cuando en abril pasado el juzgado de Instrucción 18 de Valencia elevó la causa al máximo tribunal español, debido a que la legisladora está aforada y gracias a que existen indicios firmes contra Barbera cuando presidía el ayuntamiento valenciano. El 27 de julio pasado, la Fiscalía apoyó la apertura de la investigación en la trama valenciana. El auto del Supremo, del que fue ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, nombró al exfiscal del Estado, Cándido Conde Pumpido, como instructor de la causa y le indica que “resulta imprescindible continuar la investigación sobre los mismos (en referencia a los hechos que señala el juzgado valenciano) y sobre la participación en ellos de la aforada”. La investigación en curso detectó que las contrataciones públicas en la Concejalía de Cultura y la Diputación Provincial, así como las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, se daban donaciones masivas a través de billetes de 500 euros en efectivo, que luego eran canalizados por al menos 50 personas al PP, que domina Barbera. Los investigadores cuentan con grabaciones de audio de llamadas telefónicas intervenidas en las que se señala directamente a Barbera. Por otro lado, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, anunció hoy que retirará la causa en contra de dicho partido, por la destrucción de sus dos computadoras, donde tenía presuntas pruebas sobre la gran trama de corrupción en ese instituto político. La querella contra el PP, que el juzgado de la Audiencias Nacional lo imputó considerándolo responsable jurídico por la destrucción de esas computadoras y destruir presuntas pruebas, en la causa de los llamados Papeles de Bárcenas, una de las mayores tramas de corrupción política. Especialistas jurídicos advirtieron que este anuncio deja entrever un posible acuerdo entre Bárcenas con el PP, cuando el primero argumenta que no quiere que su nombre sea utilizado como pretexto para que no se forme un nuevo gobierno en España.