CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia hondureña “extravió” el expediente judicial de la activista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada a balazos por dos hombres encapuchados el pasado 3 de marzo en su casa de La Esperanza. Según la versión oficial, la magistrada María Luisa Ramos sacó anoche el expediente de la Corte Suprema de Justicia y lo llevó a su vehículo. Mientras circulaba, un grupo de delincuentes asaltó a la jueza y le robó su automóvil con el expediente en el interior. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una institución instalada en Honduras por la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó hoy su indignación ante el robo del expediente y señaló que “la acción de la jueza, quien habría llevado el expediente en su vehículo, sería de una grave irresponsabilidad”. La MACCIH anunció hoy que supervisará el proceso de reconstrucción del expediente para “garantizar la total recuperación de las pruebas y demás actuaciones judiciales que incriminan a los responsables materiales y mediatos”, sin indicar cuánto tiempo tomaría este proceso. A través del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que cofundó en 1993, la activista luchaba por los derechos de las comunidades originarias a la consulta y al medio ambiente sano. Participó en las protestas contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que pretendía construir una empresa china con el apoyo del Banco Mundial en el río Gualcarque. El pasado 9 de marzo las hijas de la activista indígena acusaron al gobierno de su país, dirigido por Juan Orlando Hernández, de haber ordenado el asesinato de Cáceres “en contubernio con grupos industriales”. El día anterior, Amnistía Internacional había denunciado que las autoridades hondureñas “no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de derechos humanos”. Cáceres denunció en múltiples ocasiones las campañas de hostigamiento que la policía, el Ejército y grupos paramilitares emprendían en su contra y la de las comunidades afectadas en Honduras, uno de los países más peligroso del mundo para los defensores del ambiente, junto con Guatemala. A raíz del golpe de Estado que sacudió la pequeña nación centroamericana en 2009, el Estado hondureño concesionó cerca de 50 megaproyectos, los cuales generaron oposiciones en comunidades afectadas. En el momento del asesinato de Berta Cáceres, hace seis meses, el activista mexicano Gustavo Castro se encontraba en su casa y se convirtió en el único testigo del crimen. Después de dar su declaración, las autoridades impidieron a Castro salir del país durante 30 días. El pasado 2 de septiembre, el mexicano aseveró en entrevista que “están involucrados todos, la empresa, el Ejército, los sicarios, jueces (…) están implicados funcionarios del gobierno de Honduras, familias importantes de Honduras”.