Venezuela: El forcejeo por el referéndum

viernes, 9 de septiembre de 2016
El gobierno de Nicolás Maduro pone todos los obstáculos posibles para impedir que el referéndum revocatorio se realice en este año. Intenta con ello evitar nuevas elecciones presidenciales en las que, según las encuestas, el chavismo sería derrotado. La oposición ya demostró su músculo en las calles. El pasado jueves 1 realizó una multitudinaria manifestación. Maduro reaccionó con la amenaza de levantar la “inmunidad” y someter a juicio a los legisladores de la oposición. Ante el encono, la comisión internacional que promueve el diálogo político en Venezuela –encabezada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero— intensificó sus gestiones para pactar una transición política pacífica y ordenada. BOGOTÁ (Proceso).- El gobierno y la oposición de Venezuela entraron en la última semana a una nueva etapa de la enconada confrontación política que sostienen desde las elecciones legislativas de diciembre pasado: la de las movilizaciones callejeras para medir fuerzas. Y en ese escenario, el primer combate lo ganó la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que el pasado jueves 1 congregó a cientos de miles de simpatizantes a lo largo y ancho de tres avenidas del este de Caracas, mientras que el gobierno realizó una concentración más modesta en el centro de la ciudad. La estrategia de la MUD tiene un solo objetivo: que el gobierno deje de poner obstáculos y permita que el Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por el chavismo– convoque, ya, a un referéndum para revocarle el mandato al presidente Nicolás Maduro. El mandatario y el número dos del régimen, Diosdado Cabello, han repetido con insistencia que, por cuestiones logísticas, es imposible realizar la consulta este año, y la quieren llevar hasta 2017. La diferencia es sustancial, porque una derrota de Maduro en un referéndum este año obligaría a realizar nuevos comicios presidenciales, mientras que si eso ocurre en 2017 el gobernante sería reemplazado por el vicepresidente, un cargo cuyo titular él mismo designa y en el que podría colocar a Cabello o a su propia esposa, Cilia Flores, ante la inminencia de una derrota. “La toma de Caracas” Todas las encuestas señalan que ocho de cada 10 venezolanos quieren que se convoque a un referéndum este año y que, si esto ocurre, entre 60% y 70% de electores votaría por la salida del presidente del poder. Por eso es que, ante las trabas del gobierno de Maduro y del CNE a la realización de esa consulta, y frente a la profundización de la crisis económica y social –que se expresa en desabasto de alimentos, hiperinflación, deterioro acelerado del poder adquisitivo y una alta criminalidad– la oposición decidió ir a las calles y demostrar en ellas su músculo político. La MUD estimó en más de 1 millón el número de simpatizantes que congregó en la marcha del jueves 1, la cual denominó la “toma de Caracas”, mientras que el gobierno aseguró que la concentración opositora fue de “entre 25 mil y 35 mil” personas. Observadores independientes coincidieron en que el número de manifestantes superó el medio millón. “La marcha opositora superó las expectativas. Fue una demostración de fuerza muy importante que presiona al gobierno a realizar el referendo revocatorio sin dilaciones”, dice a Proceso el doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Tomás Helmut Straka. Esto, agrega el autor de La república fragmentada, a pesar de todas las “trabas” que puso el oficialismo chavista a la manifestación. En los días previos, organismos de seguridad detuvieron a dirigentes opositores, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió la llegada a Caracas de autobuses con simpatizantes de la MUD que viajaron de provincia para participar en el mitin, y el presidente Maduro acusó a los organizadores de estar fraguando un golpe de Estado y de preparar actos de violencia. Aunque las marchas de la oposición y del gobierno transcurrieron con tranquilidad, al término de las mismas decenas de simpatizantes de la MUD fueron atacados por grupos de encapuchados y efectivos de la GNB reprimieron a cientos más, con golpes, perdigones y gases lacrimógenos, en Caracas y en la suroccidental San Cristóbal. De acuerdo con Straka, como estas movilizaciones seguirán y la tensión política es alta, “está latente el peligro de un estallido de violencia, y ese es el principal desafío del país, que todas las diferencias se diriman en paz y por los cauces democráticos”. ¿Planes golpistas? El presidente Maduro mantiene la tesis de que la inconformidad que existe en el país se debe a los “planes desestabilizadores de la derecha golpista”. Ha dicho que el desabasto de alimentos y medicinas se debe a los “acaparadores capitalistas”, y que la hiperinflación –que será de 720% este año, según el FMI– es “inducida” por empresarios interesados en dañar la revolución chavista. En los últimos días, el mandatario ha alertado que “la oposición de derecha” optó por las movilizaciones en las calles “para dar, este mes (septiembre) un golpe de Estado”. Según un boletín oficial, la tarde del jueves 1 Maduro se reunió en privado con sus principales colaboradores para evaluar “la exitosa movilización del pueblo venezolano” en la avenida Bolívar, que fue donde se realizó el mitin oficialista. Una fuente de la oposición dijo a este semanario que lo que en realidad se hizo en ese encuentro, que se llevó a cabo en el presidencial Palacio de Miraflores, fue una evaluación de la movilización de la MUD en la que los responsables de los organismos de inteligencia “dieron cifras muy altas de nuestra marcha”. Para Helmut Straka, “es muy difícil que el gobierno reaccione con racionalidad política a la capacidad de movilización que está demostrando la oposición” y no cree que esas demostraciones “logren derribar los obstáculos que está poniendo el CNE, que es la oficina electoral de Maduro”, para la realización del referéndum revocatorio este año. “Hay un sector del gobierno de línea muy dura, que está dispuesto a llevar esta confrontación política a los extremos, sin importar los costos que algo así pueda tener para el país. Y hay un sector más moderado, más sensible a la inconformidad que existe entre amplios sectores venezolanos, incluso entre los chavistas, por la crisis económica”, señala. El profesor de la UCAB y la Universidad Central de Venezuela (UCV) dice que esas son las posiciones que se deben debatir dentro del chavismo. Agrega que ante los altos niveles de rechazo que tiene Maduro entre la población –más de 70%, según la mayoría de sondeos– los “duros deben estar presionando por cerrar todas las compuertas de un referendo revocatorio porque saben que, en esa votación, llevan todas las de perder”. La opción Zapatero El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, considera que “no hay razones distintas a las políticas para que este referendo no se haga rápidamente”. Dice que Venezuela cuenta con un sistema electoral automatizado y moderno que fue capaz en 2013, cuando murió el presidente Hugo Chávez, de organizar en sólo cinco semanas unos comicios para elegir a su sucesor. Pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ni siquiera ha dado fecha para la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral que requiere la MUD para activar el referéndum revocatorio, y ha sugerido que la consulta sólo podrá realizarse el año próximo, lo que le permitiría al chavismo seguir gobernando aun cuando Maduro pierda la votación. “No hay ninguna razón técnica ni legal para no hacer el referendo este año”, insiste Lander, doctor en ciencias sociales por la UCV. En medio de la tensión política que antecedió a las marchas de la oposición y del gobierno, el pasado 30 de agosto llegó sorpresivamente a Caracas el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza una comisión para promover el diálogo político en Venezuela. Y aunque Rodríguez Zapatero dejó el país un día después sin dar detalles de las gestiones que realizó en su visita, trascendió que tuvo reuniones con chavistas y opositores para convencerlos de iniciar conversaciones formales entre las partes con base en una agenda que se ha venido negociado en sigilo. De acuerdo con el analista político Jesús Seguías, el punto principal de esa agenda es adelantar las elecciones presidenciales de 2018 en nueve meses, a fin de que se realicen en enero y no en octubre. De esta manera se desecharía el referéndum revocatorio. Otros puntos son la liberación de los presos políticos, entre ellos el dirigente opositor Leopoldo López, que está condenado a 13 años y nueve meses de prisión por las muertes que se produjeron en las protestas de 2014; realizar las elecciones de gobernadores en el primer trimestre de 2017, y permitir el envío de ayuda humanitaria a Venezuela para paliar el desabasto de alimentos y medicinas. Además, reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que responde a las directrices del gobierno y se ha encargado de resolver a favor de Maduro todas las controversias que éste ha tenido con la unicameral Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Con esta reestructuración, el TSJ quedaría integrado con seis magistrados propuestos por la oposición y seis por el gobierno. De esta manera, podrían comenzar a funcionar con mayor equilibrio los poderes del Estado. Luis Lander considera que la presión que ha puesto en el gobierno la movilización opositora puede inclinar la balanza hacia un acuerdo para una transición política ordenada porque “a pesar de la crisis y de la polarización, hay una clara voluntad popular de resolver esto mediante el voto, en democracia, y no con violencia”. Para Helmut Straka, la clave está en que las diferentes posturas dentro del chavismo para enfrentar la crisis política decanten en forma mayoritaria hacia la búsqueda de una salida negociada y no “hacia la opción de apretar tuercas y cerrar todos los caminos a la oposición”. Por lo pronto, las gestiones de la comisión encabezada por Rodríguez Zapatero no han logrado resultados visibles. En medio de la marcha opositora del jueves 1, Maduro anunció que ya tiene listo un decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, entre ellos a los legisladores. Con esto, el mandatario buscaría someter a juicio, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, a los dipu­tados opositores que lideran la Asamblea Nacional, en especial a su presidente Henry Ramos Allup, a quien acusa de incentivar la intervención extranjera en Venezuela. Mientras el gobierno y la oposición profundizan sus diferencias, la crisis económica y social va en ascenso. Según un reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre enero y julio de este año se registraron 4 mil 169 protestas en el país, 20 diarias en promedio, por demandas económicas y sociales. Sólo en julio pasado ocurrieron 209 protestas por la escasez y el desabasto de alimentos, lo que significa un aumento de 70% respecto a las reportadas en el mismo mes de 2015. Además, hubo 73 saqueos y 46 intentos de saqueo. Lander sostiene que la irritación social “es mayor” a la inconformidad política, y esto tiene que ver con las dificultades que tienen los venezolanos cada día para conseguir alimentos y medicinas y para hacer rendir su salario. El pasado jueves 1 entró en vigor un aumento de 50% en el salario mínimo. Con el alza, quedó en 65 mil 56 bolívares mensuales, que equivalen a 63 dólares según la cotización del mercado paralelo de divisas. El salario mínimo ha aumentado en el transcurso de este año 100%, pero la inflación es siete veces mayor, lo que según Lander “alimenta, más que las ideologías, la protesta política contra Maduro”. La MUD ya anunció que seguirán las movilizaciones. El miércoles 7 habrá mítines en todas las ciudades del país ante las sedes del CNE para exigir la realización del referéndum revocatorio. Y una semana después los opositores se concentrarán en las plazas de las capitales de los estados. El gobierno también tiene previstas contramarchas “en defensa de la revolución”.

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