CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 15 de julio el indígena lenca Martín Gómez conoció el precio de defender el territorio en Honduras. La tarde de ese día, un simpatizante del oficialista Partido Nacional (PN) lo apedreó y amenazó en la comunidad de Azacualpa, en el sudoccidental departamento de La Paz, por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Los Encinos. Gómez, miembro del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah), escapó y denunció a sus agresores, uno de los cuales fue sentenciado en noviembre pasado a 8 meses de cárcel. “El Ministerio Público sólo lo tomó como amenaza. Lo dejaron libre con medidas sustitutivas, como mantenerse alejado de mí ni acercarse a mi persona”, relata Gómez, vía telefónica, a Apro. Milpah, que en 2010 entabló una demanda de reconocimiento de sus terrenos ancestrales, ha rechazado la represa Los Encinos, propiedad de la empresa Inversiones Encinos S.A., por amenazar su territorio y el agua. “La obra está paralizada porque nos hemos opuesto después de una resistencia de 70 días. Los hemos sacado del río y no queremos que regresen. Esos proyectos afectan, porque los bienes comunes como el agua, el aire, el bosque, son propiedad nuestra. El agua, el aire, son sagrados porque sin ellos no podemos vivir. Atentan directamente contra las indígenas, confunden, dividen, usurpan y destruyen la organización de los pueblos originarios. Son proyectos salvajes”, dice el dirigente. La lucha de los lenca es uno de los cinco casos estudiados por la organización inglesa Global Witness (GW) en su informe Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta, divulgado este martes 31, y cuya conclusión es contundente: esa nación centroamericana es sinónimo de muerte para los protectores del territorio y el ambiente. El reporte, de 27 páginas de extensión, sostiene que más de 120 personas han sido asesinadas desde 2010 por protestar contra el expolio o la destrucción de sus tierras, sus bosques o sus ríos, una marejada violenta en la que confluyen intereses políticos, económicos y criminales. La institución, con sede en Londres, considera como causas de esas muertes a los conflictos por la minería, los embalses y la agroindustria. La mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y comunidades rurales. Además, GW revela evidencias de acuerdos subterráneos, sobornos y violaciones de la ley utilizados para imponer estos proyectos y silenciar cualquier oposición. También acusa a Estados Unidos de fomentar la intensificación de las inversiones en las industrias extractivas de Honduras y de equipar a la policía y el ejército, inmiscuidos en la represión contra los activistas ambientales. Billy Kyte, director de Campañas de GW, explica a Apro las razones detrás del apogeo de la violencia ambiental. “Ha habido un auge de la minería, hidroeléctricas y agroindustria que están cada vez más apoderándose de tierras de comunidades rurales y pueblos indígenas. Eso implica que haya más violencia y conflictos”, declara Kyte. La corrupción, la falta de consulta libre, previa e informada entre los aborígenes y de protección de los defensores alimentan también el listado de factores. “Honduras es el país más desigual en América Latina. Las elites políticas y empresariales están sacando provecho de la riqueza natural y no se beneficia al pueblo. Esto quiere decir que estos proyectos que supuestamente están trayendo desarrollo no lo están haciendo. Las personas que buscan una manera más sostenible del desarrollo son silenciadas, atacadas, amenazadas y en muchos casos asesinadas”, subraya Kyte. El proyecto o la vida El reporte expone los ramales que ligan a la clase política, la empresarial y la represión. Varios documentos obtenidos por GW exhiben que Los Encinos, en el oeste del país, es controlado por Arnold Gustavo Castro, administrador único de la empresa propietaria, y esposo de Gladis Aurora López, presidenta del PN y vicepresidenta del Congreso. Castro “pretende vender energía al Estado a pesar del evidente e ilegal conflicto de intereses que plantea esta situación”, señala. En una carta a GW, López negó cualquier vínculo con ataques violentos contra los opositores a los proyectos de su marido, quien rechazó que su empresa hubiera actuado ilegalmente en relación con los emprendimientos o su responsabilidad en las agresiones. Como otros grupos, los lenca han derramado una cuota de sangre por defender sus tierras, pues los cuerpos de tres activistas aparecieron con indicios de tortura y descuartizados. Ana Mirian Romero y su cuñada Rosaura, ambas embarazadas, fueron golpeadas tras haber reportado amenazas por oponerse a la hidroeléctrica. A consecuencia del ataque, Rosaura perdió el bebé que esperaba. Otro conflicto sobresaliente es entre el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la compañía Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, planificada sobre el río Gualcarque, en el occidente hondureño. Berta Cáceres, fundadora de Copinh y ganadora del prestigiado Premio Ambiental Goldman 2015 por su defensa del ambiente, fue asesinada por hombres armados el 3 de marzo en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. En el ataque resultó herido en una mano y en la cabeza el mexicano Gustavo Castro Soto, director de la organización Otros Mundos Chiapas, quien ha asesorado a organizaciones en América Central. La ejecución desató un escándalo internacional y esa presión forzó al gobierno a investigarla y detuvo a siete sospechosos, pero el proceso se ha visto dificultado por acusaciones falsas, sospechas de encubrimiento y el robo del expediente judicial en dos ocasiones, señala el informe. A ese crimen se suma la ejecución de Nelson García, otro miembro de Copinh, el 15 de marzo último en Río Lindo, en el departamento de Cortés, en el norte del país, luego de un desalojo violento a cargo de la policía. En octubre de 2016, Tomás Gómez, sucesor de Cáceres, sobrevivió a un atentado. Desde 2013, otros cinco integrantes de Copihn han sido asesinados. Un caso más es la mina de óxido y hierro Buena Vista I, operada por la corporación La Victoria, en confrontación con la comunidad agrícola de Nueva Esperanza. La explotación pertenece al empresario Lenir Pérez, militante del PN y yerno de Miguel Facussé, quien fue uno de los empresarios más acaudalados del país. Facussé, fallecido en 2015, era propietario de Dinant, emporio de la agroindustria -como palma aceitera-, ha sido acusado de contratar escuadrones de la muerte para asesinar a decenas de agricultores a pequeña escala en la región norteña de Bajo Aguán. Dinant niega esos señalamientos. Pérez “supuestamente sobornó a un antiguo alcalde e intentó sobornar con un millón de dólares a los activistas que se oponían a su proyecto minero. Se sospecha que Pérez está implicado en amenazas de muerte y en el secuestro de dos activistas internacionales de derechos humanos”, cita el informe. El empresario no respondió a la consulta de GW. Concepción Gutiérrez reportó que recibió repetidas amenazas por negarse a vender su tierra a la minera. Los observadores de Francia y Suiza asignados para su protección fueron secuestrados. Los indígenas tolupanes también han padecido el embate violento por su rechazo a la explotación ilegal minera y forestal en su territorio. Cinco activistas han sido asesinados, según el reporte. GW denuncia que Filánder Uclés, antiguo general del ejército, supuestamente amenazó desde 2014 a los miembros de la comunidad indígena de San Francisco de Locomapa para intentar expulsarlos de su tierra. El sobrino del exgeneral, Kenton Uclés, también se ha visto envuelto en conflictos con la comunidad tolupán, pues su empresa de tala llamada Velomato recibió una concesión ilegal en las tierras indígenas sin ningún tipo de consulta previa1. El líder indígena Santos Matute comenzó las protestas contra los madereros y esto provocó que se interpusieran procesos penales en su contra por “obstruir la puesta en práctica de planes de gestión forestal”. En marzo de 2013, un tribunal desestimó el caso, ya que se violó el derecho de la comunidad a ser consultada. Pero el pueblo originario asegura que Velomato ha proseguido con el corte ilícito. Los líderes indígenas tolupanes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta fueron asesinados en 2013 mientras participaban en una protesta pacífica contra el paso de camiones de minería y tala por su territorio. Luis de Reyes Marcía fue acribillado el 5 de abril de 2015, después de haber interpuesto una denuncia policial tras haber recibido amenazas de muerte. En junio de 2015, el líder tolupán Erasio Vieda Ponce también fue ejecutado. En el último expediente relatado por el informe, la comunidad afrohondureña de Barra Vieja, en el norte del país, resistió a los intentos de la policía y los funcionarios gubernamentales de desalojarlos por la fuerza de su tierra, para favorecer al complejo hotelero Indura Beach and Golf Resort, de capital mixto y adscrito a la cadena Hilton. En agosto de 2014, soldados y policías intentaron desalojar a la fuerza a la comunidad garífuna. La Autoridad Nacional Portuaria demandó a los pobladores por usurpación de tierras, pero un tribunal los absolvió en julio de 2015. Complicidades criminales Los defensores han pagado con vidas su desafío al poder político y al capital. “Nuestras investigaciones demuestran que las instituciones estatales como el sistema judicial, el ejército o las fuerzas policiales, suelen utilizarse para apoyar los intereses de las empresas y las personas que en ellas participan”, indica el reporte. El caso DESA y el asesinato de Berta Cáceres vierten luz sobre esas relaciones carnales. De los siete hombres detenidos por ese crimen, dos de ellos tienen relación con la empresa, mientras que cuatro están vinculados con el ejército hondureño. Tomás Gómez informó a GW de que se había vendido a sicarios una lista negra de activistas, en la que se ofrecían mil dólares por el asesinato de Cáceres. En septiembre último, Copinh descubrió que un espía militar se había infiltrado en la organización y durante un año pasó información sobre sus actividades directamente a la presidencia hondureña. Documentos corporativos consultados por GW indican que el presidente de DESA es Roberto David Castillo Mejía, exagente de inteligencia militar y empleado de la paraestatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Un fenómeno emergente en contra de los defensores es la participación de sicarios que usualmente trabajan para el narcotráfico y que se han convertido en gatilleros de las empresas. Es la evolución de una práctica que se remonta a los años setenta y ochenta en Guatemala, donde delincuentes comunes se transformaron en ejecutores de los órganos de seguridad en contra de sindicalistas y opositores al régimen militar. En Colombia fueron los paramilitares el brazo ejecutor de las corporaciones en las últimas dos décadas. “Es bueno preguntarse cómo sicarios del narco han terminado trabajando también para las empresas. La muerte de Berta es el caso emblemático de cómo se ven mezclados intereses comerciales y estatales, usando gatilleros para llevar a cabo asesinatos de activistas y defensores”, sostiene Kyte. Cuando el equipo de GW realizaba la investigación de campo sobre Leni Pérez, hallaron en el auto un papelito que decía “Váyanse de aquí, hijos de puta”. GW recomienda que el gobierno de Honduras dé prioridad a la protección de los defensores de la tierra y el ambiente, dotar al nuevo sistema de protección de los recursos necesarios y poner en práctica medidas cautelares. Pide también que el gobierno, la policía y el sistema judicial investiguen las denuncias, persigan a los autores de los delitos contra los activistas y eliminen la corrupción. “Los inversores extranjeros y las instituciones financieras internacionales deberían detener cualquier inversión prevista en las industrias que provocan la violencia: proyectos de minería, construcción de presas, tala, turismo y agricultura a gran escala”, sugiere la organización. El año empezó mal para los lencas, pues un desalojo el 10 de enero dejó cuatro heridos. “Estamos desprotegidos. El mismo sistema de gobierno tiene grupos de terror que planifican y ejecutan acciones, son policías, militares y civiles. Es la vida real de los que vivimos aquí. Le pedimos al Estado que nos respete, no queremos proyectos, dinero o regalos. Únicamente le pedimos que respete nuestros derechos”, exigió Gómez.