MADRID (apro).- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dejó en libertad, con medidas cautelares, a Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra --la policía autonómica catalana--, quien deberá comparecer cada 15 días en un juzgado por el delito de sedición relacionado con la pasividad con que actuaron él y su cuerpo policial para impedir el referéndum independentista en Cataluña. También se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir de España. La decisión es contraria al criterio de la Fiscalía General del Estado, que pedía prisión para Trapero, por considerar que es el “brazo ejecutor” del plan para llegar a la independencia. Esta petición se basa en una investigación de la Guardia Civil que identifica una orden generalizada para que los mossos no colaboraran con las fuerzas de seguridad nacionales para evitar el referéndum del 1 de octubre, como lo ordenaron los tribunales. Según la fiscalía, la estrategia de desconexión con España estaba contenido en un documento llamado EnfoCAT, encontrado en el domicilio de Josep Maria Jové, colaborador cercano del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en el que se señalaba la supuesta actuación de los mossos y las labores de “contravigilancia” que hizo la policía catalana para proteger a determinadas personas frente a la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales. La juez concluyó que la actuación del mayor Trapero “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos días sucedieron”. Sin embargo, no cierra la puerta en que pueda determinarse esa posible participación en una fase más avanzada de la investigación. La juez que instruye el caso se centró en los hechos acontecidos los días 20 y 21 de septiembre, cuando una comisión judicial (con la Guardia Civil como policía judicial) detuvo a 16 funcionarios de alto rango del gobierno catalán relacionados con la organización del referéndum. Una secretaria judicial y un grupo de guardias civiles catearon la ‘Concellería’ de Economía del gobierno catalán, pero no pudieron abandonar el edificio luego de muchas horas, porque a las afueras se asentó una congregación de proindependentistas, quienes impidieron su salida. La Guardia Civil acusó a Trapero de no haber atendido los llamados para hacer un pasillo que permitiera la salida de la comisión judicial sin provocar roces con los manifestantes. La juez Lamela ya había decidido esta mañana dejar en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos d´Esquadra, Teresa Laplana, para quien la fiscalía también pedía ingreso a prisión con una fianza de 40 mil euros, según informan fuentes jurídicas. Laplana recibió las mismas medidas cautelares que su jefe Trapero: deberá comparecer cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio, entregó el pasaporte y tiene prohibido abandonar el territorio nacional. Los dos funcionarios de los mossos se quejaron de no haber recibido la información del operativo, aunque sí abrieron los pasillos para el desalojo de la comisión judicial, pero no fueron utilizados en el momento que estaba previsto. Mandan a prisión a líderes de la ANC La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió este lunes por la noche a prisión sin fianza a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, investigados por el delito de sedición por su participación como líderes en la concentración independentista que bloqueó la salida a la comisión judicial que participó en la detención de 16 funcionarios de alto rango del gobierno catalán que organizaban el referéndum ilegal del 1 de octubre. La resolución judicial señala que ambos convocaron dicha concentración los días 20 y 21 de septiembre, que “no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo” con la operación policial que buscaba frenar la celebración del referéndum, sino que se trató de una estrategia “en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”. Señala que con esos incidentes se bloqueó la labor de la comisión judicial mencionada que actuó por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, para impedir el mencionado referéndum. En su comparecencia ante la magistrada, Sánchez solo contestó a las preguntas de su defensa, mientras que Cuixart no declaró, como ya se había negado en la primera comparecencia días atrás al negar la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle por sedición. Enviados esta noche a la prisión de Soto del Real son los líderes de las asociaciones pro independentistas que tienen mayor protagonismo en impulsar la hoja de ruta para conseguir la desconexión con España y tienen una interlocución de primer orden en esta labor con el gobierno de Carles Puigdemont. La juez señala que los dos líderes sociales intentaron al menos en cinco ocasiones con las fuerzas de seguridad “planteando opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos”, pero sin aceptar las alternativas que se les planteaban para disminuir los riesgos de la comisión judicial, a la que estaban coaccionando.