Luego de la jornada electoral del pasado domingo 15, en la que se renovaron los gobiernos regionales de Venezuela (unos comicios improvisados por el mandatario Nicolás Maduro y condenados incluso por el secretario general de la OEA), la oposición de ese país quedó desarticulada, partida entre los que, desde fuera de la Mesa de la Unidad Democrática (la que agrupaba a todos los inconformes con el gobierno), condenaron a ésta por sumarse al proceso; y desde dentro, quienes culpan de la derrota a la abstención y los que responsabilizan al órgano electoral. CARACAS (Proceso).- Los próximos pasos que dé la oposición venezolana agrupada en la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) serán decisivos para su continuidad como fuerza opositora. Tras perder más de 80% de las gobernaciones en las elecciones del pasado domingo 15, según los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición se divide entre quienes piden una nueva conducción política en coordinación con la comunidad internacional y los que culpan de la derrota a los opositores que no votaron, mientras otro grupo mantiene las denuncias por fraude. El panorama para la oposición no es del todo claro, según Eugenio Martínez, periodista y analista electoral. “La incertidumbre es lo que mejor describe en estos momentos a los adversarios políticos de Nicolás Maduro”, asegura en relación con los escenarios que pudieran presentarse tras los resultados electorales. Por su parte, María Corina Machado, dirigente opositora que se separó de la MUD cuando la coalición decidió participar en los comicios, asegura que se debe armar “una nueva conducción política” en coordinación con la comunidad internacional. Las elecciones de gobernadores se adelantaron en medio de una crisis política y de gobernabilidad que dejó más de 130 asesinatos, centenares de heridos y miles de detenciones en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro entre finales de abril y agosto de este año. La oposición había logrado poner contra las cuerdas al gobierno de Maduro, quien hizo una jugada política que volteó a su favor la tensa situación venezolana: convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como un poder por encima, incluso, de la Presidencia. La ANC –cuya convocatoria debió someterse a votación, según la Constitución venezolana, pero para la cual Maduro sólo consultó la elección de integrantes el 30 de julio– recién instalada, anunció que se adelantaban los comicios de gobernadores, que estaban pautadas por el CNE para el próximo diciembre, y eliminó la elección de los parlamentos regionales. La oposición se encontró ante el dilema de participar o no en una contienda con pocas garantías y sin tiempo de campaña. En ese momento las protestas callejeras se detuvieron. La MUD se concentró en las elecciones regionales, bajo fuertes críticas internas. Esto ocasionó la separación del partido Vente Venezuela, liderado por Machado, y la crítica del preso político y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, cuyo partido no se separó de la Mesa de la Unidad Democrática pero condenó la decisión de ir a unas “elecciones viciadas”. Una de las razones que esgrimió la coalición opositora para justificar su participación en los comicios regionales fue la de “forzar al gobierno de Maduro a violar la normativa” y dejar en evidencia ante la comunidad internacional el nuevo fraude, que sería de grandes dimensiones debido a la poca popularidad que tenía en la población venezolana, dice Martínez a Proceso. El rechazo a esos comicios llegó incluso de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien dijo el lunes 16: “Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías, se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos para proteger los derechos de la gente, en este caso, el voto”. Fragmentación  Pasadas las elecciones y dados los resultados con los que el CNE adjudicó al partido de Maduro 18 de las 23 gobernaciones, las acciones de la MUD han sido erráticas. “La oposición venezolana quedó dividida en tres bloques: el que condena a la MUD por sumarse al proceso electoral de las regionales, y una división interna en la mesa, que se ha subdividido en dos fracciones: la que culpa a la abstención de la derrota y la que responsabiliza al CNE de manipular los resultados”, explica Martínez. Desde su punto de vista, a la oposición le costará mucho trabajo unificar su postura. Uno de los casos emblemáticos es el del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, una entidad minera y fronteriza con Brasil. Fue el único en donde el CNE no dio a conocer los resultados la noche de las elecciones, por “no tener una tendencia irreversible”, según lo dicho por la presidenta del organismo, Tibisay Lucena. El candidato opositor en Bolívar, Andrés Velázquez, aseguró que había ganado. De hecho, el sitio web del CNE publicó el resultado que lo daba como ganador con 49.43% frente a 48.47% de Justo Noguera, candidato oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero este resultado fue borrado rápidamente de la página de internet, aunque varios medios difundieron la imagen. En la madrugada del miércoles 18, la junta electoral regional adjudicó a Noguera la victoria, sin antes anunciarla formalmente. Velázquez mostró pruebas de manipulación de actas electorales y votos. Dada esta situación, Martínez considera que cobra fuerza la fracción de la MUD que defiende la tesis del fraude. “Con lo ocurrido en el estado Bolívar, quienes denuncian manipulación e irregularidades ahora tienen argumentos más fuertes”, dice. Históricamente la oposición venezolana ha denunciado fraude en los procesos electorales antes liderados por Hugo Chávez y ahora por Maduro. Pero las pruebas han sido casi inexistentes, más allá de la denuncia de vicios en convocatoria y uso de recursos del Estado para movilizar electores, lo cual está penado por la ley venezolana. La particularidad en este caso es que ahora sí presentaron pruebas. “Por primera vez en una década la oposición tiene argumentos de manipulación. Los resultados del domingo 15 generan dudas importantes. La mayoría de los estudios de opinión acertaron el porcentaje de participación, pero no los resultados”, explica. El candidato opositor Carlos Ocariz, quien buscaba la gobernación de Miranda, centro de Venezuela, y cuyos votantes forman parte del Distrito Capital del país, enumeró irregularidades que según sus estimaciones afectaron el voto de 337 mil 162 electores de tendencia opositora en esa región, antes en manos del excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski. La diferencia entre Ocariz y el candidato adjudicado por el CNE, Héctor Rodríguez, fue de 86 mil 388 votos. Otro vicio electoral indicado por Ocariz fue la reubicación de centros electorales poco antes de la votación. “48 horas antes del domingo, el CNE migró más de 114 mil electores en Miranda”, dijo. A esto le suman otros factores como la violencia en los centros electorales reubicados, máquinas de votación dañadas en centros de clase media –donde nunca ha ganado el chavismo–, impedimento para hacer auditorías ciudadanas en 77% de los centros, transmisión de actas sin testigos de la oposición. “Nuestros testigos fueron sacados a la fuerza”, denunció. En espera de la presión extranjera Aunque la oposición está dividida, parece haber un punto común: la esperanza en la reacción de la comunidad internacional. Para Machado es necesaria no sólo una nueva conducción política, sino articular la estrategia opositora con la presión extranjera. “A partir de la debacle del domingo y el fraude monumental anunciado que tuvo lugar en Venezuela, debemos retomar la ruta unitaria que más de 7 millones de venezolanos dimos el 16 de julio (fecha del plebiscito opositor), que es la reorganización de todas las fuerzas dispuestas a enfrentar la dictadura y aplicar toda la presión interna alineada y coordinada con la presión internacional. Para que Maduro entienda que su única opción es una negociación que dé garantía para su salida del poder sin demora”, expresó la coordinadora nacional de Vente Venezuela. Machado confía en que la presión de las protestas callejeras retornará cuando los ciudadanos que se oponen al gobierno de Maduro vuelvan a creer en el liderazgo opositor, el cual se ha visto lesionado desde que éste decidió abandonar las manifestaciones para sumarse a unas elecciones sin garantías de transparencia. “La presión de calle volverá cuando los ciudadanos vean que hay una conducción política que no se va a doblegar ni a ignorar ese mandato, que tiene el respaldo internacional”, aseveró. Estima que fue la reacción popular la que determinó el apoyo internacional. “Esa lucha heroica de cuatro meses logró un cambio en la posición de la comunidad internacional. Ahora hay que retomar con nuevos bríos esa ruta que lleva al único propósito que debemos mantener como prioridad: la salida de Maduro y del régimen del poder, para iniciar la transición y la reconstrucción democrática del país”, señala. Desde el punto de vista de Martínez, el apoyo internacional también juega un papel determinante, no solo en la salida de la crisis venezolana, sino en las próximas acciones de la oposición. “A pesar de las críticas de los actores internacionales a la participación de la oposición en las elecciones regionales, prácticamente hay una respuesta unánime, tanto de Estados Unidos y Canadá como del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú), que consideran fraudulentas y manipuladas las elecciones”, señala el analista electoral. Martínez destaca que la postura del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, da una idea de la presión que podría ejercer la comunidad internacional. Santos “parece haber marcado la línea de lo que va a ser la postura de la comunidad internacional: elecciones generales, con garantías de competitividad, observación internacional y un nuevo CNE”, dice. Aunque las primeras 24 horas posteriores a los comicios regionales en Venezuela no hubo pronunciamientos en ese sentido, luego de que la oposición denunció fraude, la postura de la comunidad internacional ha sido más clara. “Las pruebas concretas de manipulación en un estado (Bolívar) más la acumulación de irregularidades en otros, sustenta con más fuerza la postura de la comunidad internacional, en especial la de Canadá y del Grupo de Lima, que han pedido una auditoría amplia de los resultados”, explica Martínez. Para Machado, además de la presión foránea, el actual Parlamento venezolano, dominado por la oposición en sus dos terceras partes, debe hacer cumplir lo que ella considera que es el mandato para el cual fueron electos los legisladores y renovar el poder electoral. “El mandato está claro, este Parlamento tiene 20 meses que no ha cumplido su mandato, que es designar un nuevo CNE que, en el caso de que sea perseguido (como los magistrados designados previamente por el Parlamento), sesione y actúe desde la sede de la OEA, como hacen los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia”. Este reportaje se publicó el 22 de octubre de 2017 en la edición 2138 de la revista Proceso.