MADRID (apro).- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión sin fianza al vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a ocho consellers del gobierno de Carles Puigdemont, luego de comparecer como imputados por los delitos de rebelión, secesión y malversación con motivo de la declaración de independencia. Al exconseller de Empresa, Santi Vila, la magistrada le ofreció la posibilidad de seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza de 50 mil euros. A esa medida se sumó la petición de la fiscalía para que la magistrada decrete una Orden Europea de Búsqueda y Captura contra Carles Puigdemont y otros cuatro consellers que permanecen en Bruselas, Bélgica. La juez cree que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas, y la posibilidad de “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”. Lamela tomó la decisión tras escuchar a los nueve acusados que acudieron a la convocatoria en esta etapa de instrucción del caso. Los primeros en sentarse en el banquillo fueron los consellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Meritxel Borràs (Governació) y Joaquim Forn (Interior), quienes se negaron a contestar a la fiscalía. Después declaró Santi Vila (Empresa), quien acudió con su propio representante legal y sí respondió a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira. Posteriormente declararon el vicepresidente Oriol Junqueras, Dolors Bassa (Trabajo), Raül Romeva (Asuntos Exteriores) y Carles Mundó (Justicia). La magistrada argumentó que, conforme al relato de la fiscalía, en la denuncia contra los investigados se señala que pretendían proclamar una república catalana independiente de España, lo que representa “una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado”. Según la fiscalía, se puede concluir que los acusados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que celebraron el referéndum ilegal el 1 de octubre, y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”. Destacó el hecho de que mientras el vicepresidente y ocho consellers acudieron a la cita de la magistrada Lamela, el autodenominado ‘presidente legítimo’ de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consellers cesados por el gobierno español, permanecieron en Bruselas sin atender la convocatoria de la juez para declarar por la acusación Por ello, la fiscalía pidió a la juez que curse una orden europea de detención contra el presidente cesado Carles Puigdemont y los consellers que le acompañan: Clara Ponsatí (Educación), Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Puigdemont anunció que no acudirían a comparecer ante la juez que los investiga, porque esperarían la acción de la justicia desde Bruselas, según un comunicado conocido ayer. En el mismo solicitaron declarar por videoconferencia desde Bruselas, pero no se les permitió esa posibilidad, por considerar que legalmente “no ofrecieron dato alguno sobre su paradero”. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo el magistrado Pablo Llarena, aplazó para el próximo jueves 9 la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, atendiendo la petición de la defensa de estos acusados que alegaron indefensión por la celeridad con la que la justicia los citó, lo que les imposibilitó estudiar la querella para armar su defensa. Eso sí, ordenó que los acusados permanecieran con vigilancia policial toda esta semana. Los miembros de la mesa que declararán la próxima semana son: la presidenta Carme Forcadell y los diputados Lluís Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, este último miembro de la Mesa que votó ‘no’ a la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. En una entrevista en la radio catalana Rac1, el abogado de Forcadell, Andre Van Den Eynde, dijo esta mañana que el proceso judicial “no tiene todas las garantías” por el poco tiempo para preparar la defensa.