Tras la declaración de la independencia de Cataluña, el gobierno de Mariano Rajoy inició la “intervención” de la autonomía de la región y descolocó a los independentistas con el anuncio de elecciones para el próximo 21 de diciembre. Parecían golpes bien calculados para retornar a la normalidad política sin traumas mayores. Pero la decisión de detener a los líderes independentistas e iniciar en su contra procesos judiciales que podrían terminar con largas sentencias de cárcel, reavivó el conflicto. Miles de catalanes se lanzaron a las calles para protestar por “la represión” ejercida desde Madrid y luchar por la liberación de los “presos políticos”. MADRID (Proceso).– Como echar gasolina al fuego, la crisis catalana se volvió a reavivar al sumarse la vertiente judicial contra los líderes independentistas, pese a que el conflicto político, aún sin resolver, tenía como una posible salida las elecciones autonómicas que están convocadas para el próximo 21 de diciembre (21D). Miles de simpatizantes independentistas volvieron a salir a las calles en Barcelona y en el resto de Cataluña para protestar tras conocerse la polémica decisión de una magistrada de la Audiencia Nacional de enviar a prisión, sin fianza, al depuesto vicepresidente independentista Oriol Junqueras y a ocho exconsejeros del gobierno catalán, acusados de rebelión, sedición y malversación de recursos por promover la independencia de Cataluña, lo que les representa penas de cárcel de entre 15 y 30 años. Después, el viernes 3, Carmen Lomela, jueza de la Audiencia Nacional, emitió una orden europea de búsqueda y captura contra el cesado presidente separatista, Carles Puigdemont, y contra cuatro exconsejeros catalanes que están con él en Bélgica. Así, la orden internacional de detención también pesa sobre Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. Puigdemont está en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, mismo día en que la fiscalía presentó dos querellas: una contra los miembros del gobierno catalán y otra, ante el Tribunal Supremo, contra seis exintegrantes del Parlamento de Cataluña, encabezados por la expresidenta de la Mesa, Carme Forcadell. Tras esa decisión judicial, el ruido de las protestas invadió la noche en los barrios catalanes y miles de personas se concentraron frente al Parlamento, en Barcelona, y ante los principales ayuntamientos, en convocatorias difundidas por las redes sociales. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Arrán, el movimiento de jóvenes perteneciente al partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), convocaron, por separado, a nuevas movilizaciones para combatir las inéditas medidas de intervención del artículo­ 155 constitucional, puestas en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy. La indignación ciudadana en las calles para pedir la liberación de los “presos políticos”, como los califican los independentistas, y la fase judicial contra los líderes secesionistas marcaron el inicio de las elecciones autonómicas a las que convocó Rajoy, al amparo de la intervención de la Generalitat (la administración catalana) para frenar al separatismo catalán. División tras huida a Bélgica La noche del jueves 2, una hora después que Junqueras y el grupo que iba con él entraran a las prisiones de Estremera y Alcalá Meco, la televisión pública catalana (TV3) emitió un mensaje de Puigdemont desde Bruselas, en el que dijo: “Como presidente legítimo, exijo la liberación de las consellers (consejeros), los consellers y del vicepresidente (Junqueras), y el fin de la represión política”. “Entre barrotes, el gobierno legítimo de Catalunya es más digno que sus ilusos encarceladores”, remató. Puigdemont calificó la decisión judicial como “un error muy grave, un gravísimo atentado a la democracia. El gobierno español renuncia, así, al diálogo, imprescindible para resolver el problema político”, y con ello, “rompe los principios básicos de la democracia”. El depuesto presidente independentista denunció que el gobierno de Mariano Rajoy optó “por la violencia policial, como ya se vio en el 1-O (en el referéndum del 1 de octubre)” y ahora antepone, “en vez de diálogo, la vía judicial”. Y advirtió que las detenciones representan “un golpe a las elecciones del 21-D”, que se celebrarán en “un clima de represión inaceptable”. Al dirigirse a los ciudadanos catalanes, a los que pidió seguir actuando de manera pacífica, les alertó: “Nos espera una represión larga y feroz. La furia con la que el Estado ha embestido es desbocada y lo amenaza todo”. Luego subió un tuit a su cuenta, acompañado de la fotografía de una concentración ciudadana portando esteladas (la bandera catalana identificada con el independentismo). “El clan furioso del 155 nos quiere en prisión. El clamor sereno de los catalanes es de libertad”. Aunque Puigdemont explicó que su salida a Bruselas tenía como propósito “internacionalizar” el tema catalán, en Cataluña su decisión generó desazón y malestar en las filas independentistas, porque cuando pidió resistir a las medidas del artículo 155, él se refugiaba en la capital belga. No obstante, su abogado Paul Bekaert advirtió que su cliente se entregará a la justicia belga cuando se emita la orden europea de búsqueda y captura, aunque el autodenominado “presidente legítimo” pidió “garantías” para enfrentar las acusaciones en España. Javier Melero, principal abogado del Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT), representante de los miembros de la Mesa del parlamento catalán que están impu­tados, criticó que Puigdemont no acudiera a la llamada de la justicia, porque perjudica claramente a sus defendidos. En entrevista con Proceso, el abogado Gonzalo Boyé, quien representa a los consejeros Meritxell Serret (quien se encargaba de las carteras de ganadería, pesca y alimentación en el gobierno catalán) y Antoni Comín (de Salud), quienes permanecen al lado de Puigdemont en Bruselas, criticó que la jueza le negara la solicitud para que sus representados comparecieran por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, pese a que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que aprobó el Partido Popular (PP) permite esa modalidad. “Es evidente que desde el gobierno central están judicializando un tema político y están instrumentalizando la justicia”. Y aunque explicó que cree en el sistema de justicia español, aclaró que, “en este caso, veo una resolución judicial de difícil encaje jurídico, si no imposible”. En relación con la estrategia del gobierno central ante el proceso soberanista, el abogado de la organización Observatori DESC señaló: “Veo un retroceso de más de 40 años en la historia democrática de España, por la instrumentalización de la justicia”. Explicó que lo afirma porque la Fiscalía presentó la querella ante la Audiencia Nacional, “pese a que en 2012 y en 2014 el pleno de los magistrados se declaró no competente para atender los delitos de rebelión y sedición, por ser éste un tribunal de jurisdicción especial”. Y porque “la acusación mezcla acontecimientos para forzar una acusación contra los señalados”. Boyé aseguró que, al igual que Puigdemont, sus clientes se entregarán a la justicia belga. Antes de que le fuera retirado el teléfono móvil y ser conducido a prisión, el vicepresidente Junqueras también tuiteó para sus seguidores: “Hagan cada día todo aquello que esté a su alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21D. De pie, con determinación y hasta la victoria”. Desde la prensa catalana también se expresó la indignación por la deriva judicial del conflicto. El diario Ara publicó un titular a portada completa: “Libertad presos políticos”, y debajo de la cabeza los apellidos de los consejeros y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de ANC y de la asociación Omnium Cultural, detenidos 18 días antes por sedición. Asimismo 20 medios catalanes, entre ellos Ara, Punt Avui y ElNacional.CAT, publicaron un artículo conjunto titulado, “Con el gobierno legítimo de Catalunya”, en el que piden la libertad de los detenidos, la vuelta a la normalidad democrática, el cierre de los judiciales abiertos y alto a los actos de violencia institucional. “La nación catalana no será silenciada con medidas represivas. Es necesario que los derechos democráticos y nacionales sean respetados en un contexto de civismo y tolerancia”, apuntan. Independientes e intervenidos A principios de la semana pasada, las actividades se reanudaron en medio de una extraña normalidad. El pasado 30 de octubre, en los edificios públicos de la Generalitat en Barcelona no habían arreado las banderas españolas, luego de que el 27 de octubre se proclamó la independencia. Los cuadros con la fotografía oficial de Carles Puigdemont permanecían colgados en las oficinas públicas, pese a que el gobierno español ya lo había cesado. Para recoger el pulso que tienen los ciudadanos sobre la crisis catalana, este semanario habló con Josep Lluís Puig, empleado de una multinacional extranjera. “Se siente como un cansancio, como un parón o una resaca después de que el viernes se declarara la independencia y España regresara el golpe con la intervención. En las conversaciones se siente una cierta molestia o indefensión, en particular por el viaje de Puigdemont a Bruselas y por el anuncio desde Madrid de las querellas por rebelión. “No hay claridad, nadie sabe si el ‘proces’ sigue. Cuál es el siguiente paso. Al hablar con otra gente, noto mucha confusión. Yo mismo estoy confundido”, agregó este catalán de 30 años, quien votó el pasado 1 de octubre en favor de la independencia. La semana transcurrió en esa dualidad de haberse proclamado la separación, pero sin la puesta en marcha de las medidas contenidas en la Ley de transitoriedad para fundar la nueva república, y una comunidad autonómica intervenida, a la luz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. El presidente Rajoy tomó la delantera desde el 27 de octubre, horas después de declarada la independencia catalana, al anunciar la batería de medidas del artícu­lo 155 para frenar al independentismo. Pero sin duda la decisión más sorprendente fue convocar las elecciones para el 21 de diciembre, misma convocatoria que Puigdemont no se atrevió a hacer un día antes por la dura reacción que surgió entre los independentistas, primero entre los concentrados afuera del Palacio de la Generalitat y entre algunos dirigentes de los partidos independentistas vía Twitter. En ambos casos lo acusaban de traición. En su ofensiva, el gobierno nacional anunció el cese de una veintena de funcionarios de alto rango, encabezados por el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y todos los consejeros. Sumó otra lista de 314 cargos de segundo nivel y personal de confianza que fueron cesados en el transcurso de la semana pasada, entre ellos César Puig, secretario general del departamento de Interior; Pere Soler, director general de los Mossos d´Esquadra; Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos; Ferran Mascarell, delegado del gobierno de la Generalitat en Madrid, y Amadeu Altafaj, representante permanente de la Generalitat ante la Unión Europea. También anunció que suprimía todos los órganos creados por la Generalitat que tenían como objetivo avanzar en el proceso secesionista, como el estratégico consejo asesor para la Transición Nacional que había cambiado su nombre por Instituto de Estudios de Autogobierno, la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Comisión Interdisciplinaria para el desarrollo del autogobierno y la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales de Cataluña. También suprimió los organismos más activos en la promoción del caso independentista catalán en el extranjero, como el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), las delegaciones del gobierno catalán en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Marruecos, Santa Sede, Portugal, Dinamarca, Polonia y Croacia, y las delegaciones del gobierno ante organismos internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena. La sucesión al frente de los Mossos fue más tersa de lo que desde el gobierno central preveían, debido a que el Ministerio del Interior nombró como el nuevo jefe al comisario Ferrán López, hasta antes segundo en el cuerpo policial autonómico, lo que fue bien recibido, ya que no les fue impuesto un mando policial de la Guardia Civil o la Policía Nacional. En contrapartida, no se puso en marcha ninguna de las 17 medidas que suponían el desarrollo de la llamada “ley de desconexión” que regiría en Cataluña desde la declaración de independencia y las elecciones constituyentes. La Generalitat no atendió los llamados de la candidatura de la sociedad civil llamada Juntos por el Sí y el partido Candidatura de Unidad Popular (CUP) que reclamaban la regularización del procedimiento para la obtención del DNI (documento de identidad) catalán y la doble nacionalidad, catalana y española. La ruptura institucional con Madrid impidió hablar, siquiera, del reparto de activos y pasivos en las finanzas entre el Estado y Cataluña, hacer un inventario de bienes del Estado o redactar los decretos para recuperar la eficacia de las leyes económicas y sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional. El independentismo catalán también chocó con un muro internacional que no acepta su separación de España. En México, el gobierno anunció que no reconocería la declaratoria del gobierno autónomo de Cataluña. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, hizo una autocrítica sobre la decisión de proclamación de la independencia, al reconocer que, quizás, se consideró que sería muy fácil hacer efectiva la secesión. En una entrevista con TV3, la correligionaria de Puigdemont admitió “una cierta sensación de que esto era bufar y fer ampolles (muy fácil, según la expresión coloquial en catalán)”, aunque precisó: “nosotros hemos hecho lo que tocaba, el hecho de que no hubiera reconocimiento internacional o que, por ejemplo, los Mossos hayan tenido que seguir a las órdenes del gobierno del PP ha generado la sensación de desencanto. “Lo que nos ha pasado es que hemos dado por muy fácil algo que quizá no lo era, pero que era posible. Ahora el gobierno del PP nos ha puesto una trampa, unas elecciones autonómicas por delante. Un plebiscito que nos interpela”, señaló. Hasta ahora, tanto PDeCAT como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya anunciaron que acudirán a las elecciones del 21 de diciembre, convocadas en el marco del artículo 155. Los únicos que no han definido esa apuesta es la CUP, la otra fuerza independentista. Benet Salellas, diputado del CUP, consideró buena la estrategia de Puigdemont de haber puesto “el foco en Bruselas” por la “vulneración masiva de los derechos humanos en Cataluña”, pero criticó que se entendiera como algo “mágico” e “inmediato” el proceso de independencia. “Nos encontramos en un momento desconcertante”, pero esto es “una carrera de largo recorrido” que puede “durar años” y en el que “la CUP está preparada” para poner en marcha “el proceso constituyente”. Este reportaje se publicó el 5 de noviembre de 2017 en la edición 2140 de la revista Proceso.