BONN (apro).- “Un árbol no tiene ningún significado para una empresa”, afirma severamente la indígena ecuatoriana Mirian Cisneros. La presidenta kichwa de la comunidad de Sarayaku dice a Apro que “si cortan un árbol, están cortando la casa de los espíritus sagrados. Vivimos de la tierra, todo lo encontramos en la tierra. Pero las empresas no nos dejan descansar”. Su relato rememora la batalla de los indígenas contra el estado de Ecuador y la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que entró en sus territorios a explorar en busca de petróleo sin su autorización. La empresa sembró pentolita, un poderoso explosivo utilizado en inspección sísmica. “Nuestras abuelas y madres tuvieron que dejar sus actividades para cuidar la selva. Quieren sacar petróleo de nuestra tierra, es la sangre de la tierra que permite que tengamos productos sanos. La vida ha sido un sufrimiento para todos nosotros”, denuncia Cisneros, una mujer menuda, de largo cabello negro y con los tradicionales trazos de tinta negros del pueblo sarayaku. Sin una consulta libre, previa e informada, Ecuador firmó en 1996 un contrato de exploración con CGC sobre un bloque que se traslapaba con 60% de territorio kichwa en la Amazonía. Por ello, los afectados presentaron en 2003 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que turnó el caso a la Corte Interamericana (CoIDH) en 2010. Dos años después, el máximo tribunal continental resolvió a favor de los sarayaku. De los ocho puntos advertidos a Ecuador, el gobierno ha incumplido el referido al retiro de los explosivos plantados en la selva. El testimonio de Cisneros sirvió de base para que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza construyera, junto con otros casos de destrucción ambiental en el mundo, su veredicto en contra de varios Estados, luego de dos días de audiencias. El grupo, convocado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, por sus siglas en inglés) -red de organizaciones e individuos surgida en 2010-, sesionó el martes 7 y miércoles 8 en Bonn, paralelamente a la vigésimo tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-23), que arrancó sus trabajos el lunes 6. En un anfiteatro semivacío, el presidente del tribunal, el indígena dine’ y Dakota, Tom Goldtooth, coordinador nacional de la Red Indígena Ambiental, condenó a Alemania, Brasil, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos, Nigeria, Rusia, Sudáfrica y las naciones del norte de Europa, entre ellas Finlandia, por destruir a la naturaleza y no remediar el perjuicio. Goldtooth requirió a esas naciones reparar el daño y comprometerse a la no repetición de los ecocidios denunciados. Entre los jueces también figuran Cormac Cullinan, del Instituto de Derecho Salvaje de Suráfrica; Osprey Orielle Lake, de la Red de Mujeres por la Tierra y la Acción Climática, de Estados Unidos; Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador; la italiana Simona Fraudatario, del Tribunal Permanente de los Pueblos; Shannon Biggs, de Movement Rights, de Estados Unidos; el senador argentino Fernando Pino Solanas; el exdiputado alemán Ute Koczy y la keniata Ruth Nyambura, del Colectivo Africano de Ecofeministas. De fiscales de la acusación ejercieron Ramiro Ávila, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, y la estadunidense Linda Sheehan, de la organización Planet Pledge. El jurado, que sesionó por primera vez durante la Cumbre Global sobre los Derechos de la Naturaleza Quito en 2014, escuchó testimonios sobre la fractura hidráulica o fracking - técnica utilizada para extraer gas natural alojado en rocas profundas y que ocasiona daños a la salud humana y el ambiente-, y energía nuclear, la mercantilización de la naturaleza, la minería de lignito en Alemania, los defensores de la naturaleza en Estados Unidos, Rusia y Finlandia, el despojo del agua en Almería (España), amenazas a la Amazonía en Brasil, Ecuador y Bolivia y el impacto de los tratados de libre comercio sobre la naturaleza. La sentencia, que enviarán a los Estados condenados, es de tipo moral, pues carece de carácter vinculante. El tribunal internacional, que atrajo a unos 70 dirigentes indígenas y que sesionó también en la COP de París en 2015, es una iniciativa ciudadana creada para reunir públicamente testimonios sobre la destrucción del planeta y proponer un sistema alternativo para la protección ambiental y las actuales leyes ambientales. Los territorios amazónicos repartidos entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela comparten amenazas como la explotación petrolera, la minería, la obtención de madera, las hidroeléctricas e infraestructura carretera. El presidente boliviano, Evo Morales, “no ha tenido compasión de nosotros. Quiere pasar la carretera sin consulta. Protegemos el bosque y la Madre Tierra porque vivimos de ellos”, lamenta la indígena Marqueza Teco, presidenta de la Sub-Central de Mujeres Indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS). Su queja se refiere al plan casi obsesivo de Morales por tender la carretera TIPNIS, de 300 kilómetros de largo y que tocará tres territorios indígenas durante un recorrido de unos 50 kilómetros. Lanzada en 2011, una ley de ese año declaró la inviabilidad del proyecto, pero otra ley, promulgada por Morales en agosto último, la revivió, ante un amplio rechazo indígena. “La carretera no beneficia a ninguna comunidad indígena”, asegura Teco, quien también expuso su testimonio ante el tribunal. La montaña sagrada El pueblo indígena shor también sufre los efectos dañinos de la explotación minera, pues la región que la alberga -Kemerovo Oblast o Kuzbass, en el sur de Siberia-, también hospeda unas 100 minas de carbón subterráneas y a cielo abierto. “Hay violación a derechos de los pueblos indígenas. La minería lo contamina todo, no tenemos agua limpia, ha afectado la caza y la pesca, no podemos ir al bosque. Es un ecocidio”, se quejó Yana Tannagasheva, miembro de la organización Renacimiento de Kazas y el Pueblo Shor, durante una entrevista con Apro. La región aporta 90% de la producción carbonífera rusa, con una extracción de unos 200 millones de toneladas anuales. La minería produce una gran cantidad de desechos líquidos, cuya mayoría vertida sin tratar en los ríos y que contiene grandes volúmenes de químicos, aumentando el riesgo para el pueblo shor, que cuenta unos 12 mil integrantes. La situación se agravó en 2005, cuando el gobierno emitió una licencia a la empresa OAO Yuzhnaya, que empezó a operar cerca de la aldea Kazas, sin conocimiento de la población, que se enteró luego por la destrucción de una montaña sagrada. La empresa empezó a comprar casas y tierras, excepto a cinco familias que se negaron y cuyas moradas fueron quemadas por desconocidos, sin que hasta la fecha hayan recibido compensación alguna. “La aldea está completamente destruida y la gente tuvo que irse”, señala Tannagasheva. Los jueces también escucharon a los afectados sudafricanos por los tratados bilaterales, como el firmado con Rusia en 2014 y que incluye el despliegue de energía nuclear en la nación africana. El acuerdo de cooperación “amenaza la democracia energética, porque así no puede decidir qué energía quiere. En caso de un accidente, la responsabilidad era de Sudáfrica, no de Rusia. El gobierno nos dice que hay déficit de energía y que la energía nuclear es necesaria. Es una preocupación nacional por qué Sudáfrica accedió a eso”, sostiene Ndivile Mokoena, de la organización Gender CC Mujeres por la Justicia Climática de Sudáfrica, en entrevista con Apro. Earthlife Africa y el Instituto del Ambiente de las Comunidades de la Fe Sudafricanas interpusieron en 2015 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema del país, que les dio la razón en abril último al argüir que el gobierno no siguió el debido proceso estipulado en las leyes respecto al acuerdo con Rusia. El gobierno sudafricano había decidido la adquisición de construir ocho centrales nucleares a 2023 que generarían unos nueve mil 600 megavatios, a un costo de unos 75 mil millones de dólares. Osprey Orielle Lake, de WECAN, resalta la trascendencia del ejercicio. “Es muy importante que pongamos a juicio a un sistema político y económico que destruye la naturaleza. Hay señales de que ese sistema no funciona. La naturaleza no es una mercancía”, declara la activista. Dos países, docenas de comunidades estadunidenses y ecosistemas en cuatro naciones han reconocido derechos legales e interés jurídico de la naturaleza. Bolivia y Ecuador le han dado personalidad jurídica a la naturaleza. En 2006, Tamaqua (Pennsilvania) se convirtió en el primer municipio estadunidense en dar personalidad jurídica a las comunidades naturales y los ecosistemas, con el propósito de proteger a la comunidad de los desechos tóxicos y en reconocer el derecho de los habitantes a un ambiente sano. En Nueva Zelandia, el parque nacional Te Urewera se convirtió en 2016 en un ente legal, con todos los derechos, facultades, deberes y responsabilidades que una persona legal, y que implica la posibilidad de entablar demandas si no se le protege adecuadamente.