BUENOS AIRES (apro).- Rafael Nahuel tenía 22 años. Vivía en un barrio humilde en las afueras de la turística ciudad de Bariloche y acudía a los talleres de carpintería que ofrece una organización social. Había iniciado una búsqueda de identidad que lo llevó a hurgar en su raíz mapuche. En las últimas décadas, el avance del agronegocio y la minería han acelerado el proceso de despojo de las tierras reclamadas por las comunidades indígenas. En diferentes provincias argentinas, como la de Río Negro, los pueblos originarios optan por estrategias de recuperación territorial que profundizan las tensiones con los terratenientes, las corporaciones y el Estado. El 11 de noviembre último, un grupo mapuche se asentó en la comunidad Lafken Winkul Mapu en un terreno a orillas del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Los mapuches, que nunca cedieron a la conquista española y recién en 1885 fueron sometidos militarmente por el Estado argentino, reivindican el carácter ancestral de este predio boscoso. Para el gobierno argentino, por el contrario, el bosque en cuestión es parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, fundado en 1934. La Constitución argentina de 1994 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y la “personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pero la ley 26.160 de 2006, que ordena relevar las tierras en conflicto, lejos de aplicarse, se prorroga sucesivamente, dejando a mil de las mil 500 comunidades existentes sin acceso efectivo a la tierra. Rafael Nahuel tenía familiares y amigos entre quienes buscaban asentar la nueva comunidad a orillas del lago. El 23 de noviembre, el juez federal Gustavo Villanueva ordenó desalojar a los indígenas. Más de 300 agentes federales participaron en el violento operativo. Contaban con un centenar de vehículos, un helicóptero, lanchas, motos de agua y drones. Emplearon balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta. Detuvieron y esposaron con precintos a cinco mujeres y cuatro niños. Dos días más tarde, el 25 de noviembre, una unidad de operaciones especiales de la Prefectura Naval lanzó un rastrillaje para dar con quienes habían logrado evadir el cerco. Los federales dispararon contra un grupo de mapuches que se desplazaba por un cerro. Utilizaron pistolas, fusiles automáticos y ametralladoras. Un disparo alcanzó a Rafael Nahuel por la espalda. Murió minutos más tarde. La bala calibre 9 milímetros ingresó por el glúteo y se alojó en el tórax, según precisó la autopsia. Otros dos jóvenes indígenas también fueron alcanzados por las balas. Los mapuches admitieron haber usado hondas y arrojado piedras. El gobierno y los grandes medios hablaron de un “enfrentamiento armado”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “la Prefectura tuvo que enfrentarse con gente que poseía formación militar y armas de grueso calibre”. Y añadió: “Se trata de personas que no reconocen al Estado ni la Constitución, personas violentas que no respetan la ley”. Cuando se le preguntó si había algún registro documental o prueba de que los agentes federales habían repelido un ataque armado, la ministra Bullrich contestó: “Es el juez quien necesitará elementos probatorios, nosotros no. Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad”. Dos días después, en una entrevista televisiva, la vicepresidenta Gabriela Michetti subió la apuesta: “El beneficio de la duda lo tiene que tener la fuerza de Seguridad, que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que tener el Estado para cuidarnos”, sostuvo. El 1 de diciembre, el presidente Mauricio Macri se refirió a los mapuches de lago Mascardi como un “grupo minoritario de violentos” que intentan imponer una “agenda” de violencia. Sin embargo, el juez Gustavo Villanueva, quien no ha mostrado la menor empatía con la causa mapuche, dictó la excarcelación de todos los indígenas, incluidos Fausto Jones Huala y Lautaro González, los dos jóvenes detenidos tras bajar del cerro con el cadáver de Rafael Nahuel. Ninguno presentaba rastros de pólvora en las manos. No se encontraron armas de fuego en la zona. En el expediente se acusa a los mapuches de “haberse apoderado ilegítimamente del predio”; es decir, de ser usurpadores, lo que echa sombras sobre la proporcionalidad del operativo y la responsabilidad institucional en su desenlace. El juez Villanueva fue presionado de manera explícita por varios funcionarios del gobierno. El Ministerio de Seguridad dictó además una resolución que permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces cuando consideren que no son legales. Enemigo interno Rafael Nahuel murió a causa de un balazo de las fuerzas federales el mismo día en que Santiago Maldonado era enterrado en la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. El joven artesano y tatuador había participado de un corte de la Ruta Nacional 40, el 1 de agosto, en solidaridad con los mapuches en la comunidad de Cushamen, en la provincia de Chubut. Corrió hasta el río, perseguido por varios gendarmes que ingresaron a la comunidad sin orden judicial, disparando balas de goma y de plomo. Estuvo 79 días desaparecido. El resultado de la autopsia dice que Maldonado murió ahogado en el río Chubut. Su cuerpo permaneció bajo el agua por al menos 73 días. El cadáver no presentaba signos de violencia física. Al gobierno le bastaron estos datos para absolverse a sí mismo. Las circunstancias de la muerte siguen siendo inciertas. En el marco de los operativos federales que terminaron con la vida de Maldonado y Nahuel, desde el gobierno y los grandes medios se acusó a los indígenas de ser miembros de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). A este grupo se le asigna una metodología terrorista, una estrategia separatista similar a la del Estado Islámico, financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de extremistas kurdos en Turquía. El 6 de diciembre el presidente Macri sumó a los gobernadores de las provincias patagónicas a un programa de lucha conjunta contra la RAM. Hasta el momento, sin embargo, ninguna investigación periodística seria ni tampoco la Justicia han podido comprobar que el grupo exista. Los daños que en cualquier caso algunos le atribuyen –la quema de algún refugio, el robo de algún animal, alguna pintada– han servido para justificar la militarización impuesta en la zona. “La RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente”, admitió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 27 de noviembre. Voces de la oposición, la Iglesia y las organizaciones de derechos humanos sostienen, por el contrario, que se pretende crear un enemigo interno que habilite la represión y deslegitime el reclamo indígena. De acuerdo con datos oficiales, el 5.57% de las tierras rurales argentinas está en manos de personas o empresas extranjeras. La ley limita esta posibilidad a un 15%. En algunos lugares de Argentina, como Cushamen, provincia de Chubut, epicentro del caso Santiago Maldonado, la proporción llega al 22.9%. El gobierno de Mauricio Macri, al igual que los dos de Cristina Kirchner entre 2007 y 2015, impulsa la extensión del agronegocio y la minería. La exmandataria desatendió los reclamos de los pueblos originarios, pero limitó la represión de los conflictos. Para el gobierno actual, por el contrario, estos reclamos, lejos de constituir derechos garantizados por la Constitución, configuran un delito de tipo federal, ya que sus impulsores “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”, en una dinámica que “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”, según se lee en un informe de gestión del Ministerio de Seguridad de agosto de 2016. Los mapuches se convirtieron de la noche a la mañana en destinatarios de un rechazo activo que los sectores conservadores hasta ahora dedicaban a los pobres y a algunos extranjeros. “Un partido neoliberal comienza a legitimarse politizando masivamente prejuicios sociales contra la inmigración, las diferencias culturales y los beneficiarios del Estado de Bienestar, extendiendo de este modo al plano político la conciencia punitiva y la fe en el castigo que son rasgos típicos del autoritarismo social”, se lee en un estudio reciente de Ezequiel Ipar y Gisela Catanzaro, publicado en la revista virtual Anfibia. Intolerancia La presentación de grupos mapuches como radicalizados y violentos sirve para poner en tela de juicio la legitimidad de sus derechos. En redes sociales y foros, la virulencia y el odio se ensañan con los indígenas, los familiares de Santiago Maldonado, los periodistas e intelectuales que toman distancia del gobierno. Trolls oficialistas con recursos y sistema abonan cada día un fango que promueve el embrutecimiento. Las críticas hacia el uso de esta metodología empiezan a provenir de sectores que no tienen animosidad alguna en contra del gobierno. El primero en criticarlos fue Marcelo Tinelli, el conductor televisivo más popular de Argentina, quien encargó un estudio para determinar quién estaba detrás de las campañas agraviantes que recibía en las redes sociales. “Mauricio Macri no necesita ejércitos de trolls ni periodistas militantes a su servicio”, se lee en el portal lapoliticaonline: “La intolerancia alentada desde el poder abre la puerta a los peores demonios”. El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, ha negado que controle un ejército de trolls para fustigar a la oposición y a los periodistas críticos en las redes sociales. Las miradas apuntan sin embargo hacia este funcionario, a quien el presidente ha transferido por decreto el manejo de las bases de datos de la seguridad social (ANSES) y de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Felipe Solá, exgobernador de la provincia de Buenos Aires y actual diputado por el peronismo renovador, fuerza que ha aprobado las leyes impulsadas por el oficialismo, enrostró a Peña en el Parlamento usar sus trolls para insultarlo de manera anónima. En un contexto de ajuste económico, elevada inflación, incertidumbre laboral, tarifazos permanentes, los grandes medios proporcionan al gobierno un blindaje mediático. Como contrapartida reciben un porcentaje de pauta oficial desmesurado. Se estima que unos 2 mil 500 periodistas han quedado en la calle desde que Macri asumió la presidencia. Los periodistas Víctor Hugo Morales y Roberto Navarro, tras ser despedidos de sus programas de radio y televisión de enorme audiencia, denunciaron presiones del gobierno hacia los dueños de esos medios. Horacio Verbitsky ha dejado de escribir su columna semanal en Página 12, invocando proyectos personales, luego de un embate judicial contra el dueño del periódico, después de que el periodista publicara la lista de familiares de Macri que adhirieron al último blanqueo fiscal con cifras millonarias. Abordado el 6 de diciembre en el Vaticano por un periodista argentino que le expresó la preocupación del sector por la libertad de expresión en Argentina, el papa Francisco contestó: “Era hora de que empezaran a preocuparse”. El gobierno argentino, que acaba de asumir la presidencia del G20, no quiere escuchar voces críticas. Este sesgo autoritario acaba de traspasar las fronteras. Argentina denegó la visa a unos 60 expertos de la sociedad civil que tenían previsto participar de la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires. Por instrucción expresa del Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Investigaciones, se negó el visado de ingreso al país a inscriptos pertenecientes a algunas ONG “que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, según afirmó la Cancillería. Es la primera vez que un gobierno a cargo de la cumbre toma semejante medida. “Es absurdo”, sostuvo Deborah James, de la red global Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS, por su sigla en inglés), que impulsa un sistema de comercio multilateral sustentable, socialmente justo y democrático. En una nota de protesta ante la OMC, se señala que los expertos no representan ninguna amenaza a la seguridad de Argentina, por lo que la lista negra en realidad se basa “en un juicio sobre las opiniones de las personas y organizaciones prohibidas”. La deriva autoritaria se completa con detenciones contra dirigentes opositores, ordenadas por una justicia alineada con el poder político. Y por un operativo de represión el jueves 14, alrededor del Congreso, en el contexto de protestas contra la reforma previsional impulsada por el gobierno, que remeda los ocurridos durante la crisis terminal de 2001.