Keiko Fujimori ha hecho todo lo que está a su alcance para excarcelar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, preso por cargos de homicidio y corrupción. Dos veces candidata presidencial, falló en su intento de llegar a la Presidencia, pero ahora controla el Congreso peruano. Y desde ahí orquestó un movimiento para destituir al mandatario Pedro Pablo Kuczynski, destapando sus tratos oscuros con la empresa brasileña Odebrecht… una medida arriesgada que podría volverse en contra de su progenitor. Pero el proceso de destitución se vino abajo, porque Kenji, otro hijo del exmandatario preso, dejó sola a su hermana… LIMA (Proceso).- La monolítica bancada de 71 congresistas fujimoristas que dominaba el Congreso y que estuvo a punto de destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski la noche del jueves 21, sufrió una dramática división cuando 10 de sus integrantes, encabezados por Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario Alberto Fujimori, se abstuvieron de votar por la destitución del jefe de Estado. El partido fujimorista Fuerza Popular (FP) contaba con su poderosa mayoría para sacar a Kuczynski, como parte de un plan de la jefa de la organización, Keiko Fujimori, para conquistar la Presidencia del país, la cual no pudo ganar en las elecciones de 2011 ni 2016. Para expulsar a Kuczynski el fujimorismo contaba con sus 71 votos y los de partidos minoritarios para alcanzar los 87 que exige la ley. Todo estaba perfectamente tramado hasta que al filo de la medianoche la votación sorprendió a todos, especialmente al fujimorismo: 10 representantes­, con Kenji­ a la cabeza, decidieron­ abstenerse. FP sólo consiguió 79 de los 87 votos requeridos. PPK, como llaman popularmente al mandatario, se salvó, pero probablemente a cambio de un acuerdo con Kenji Fujimori: el indulto para Alberto Fujimori. El expresidente fue condenado a 25 años de cárcel por autorizar que un comando militar ejecutara a 25 personas entre 1991 y 1992, como parte de una estrategia para derrotar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Desde entonces su excarcelación se convirtió en el objetivo número uno de Keiko Fujimori en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Ella nunca aceptó la sentencia judicial que se emitió hace 12 años y públicamente denunció que se trataba de una “venganza política”. Keiko, quien como su padre jamás pidió perdón por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, nunca ocultó que deseaba llegar a la Presidencia para liberar a su progenitor, porque las acciones legales que interpuso para que saliera de prisión fueron rechazadas por los jueces. La división entre Keiko y Kenji –el congresista más votado en 2016, mientras que su hermana fue derrotada por segunda vez en las presidenciales– surgió por las diferencias sobre cómo conseguir que su padre alcanzara la libertad sin cumplir la condena de 25 años por homicidio calificado y secuestro agravado. Mientras Keiko diseñó una estrategia de presión al gobierno de PPK, Kenji prefirió el acercamiento y la negociación bajo la mesa con Kuczynski. Y empezó por el lado más débil del presidente peruano: su esposa, Nancy Lange. Pleito de hermanos Kenji conquistó a Lange, quien a principios de este año lideró la cruzada para ayudar a los damnificados del desastre climático que afectaba al norte del país, llevándole donaciones de ropa y alimento. Kenji usó las redes sociales para difundir su gesto y logró que todos los medios destacaran el contacto con el gobierno de PPK, mientras que la bancada que maneja su hermana hacía todo lo posible por destruir al gobierno de Kuczynski. Las diferencias entre Kenji y Keiko se hicieron más notorias cuando el primero expresó públicamente en Twitter su desa­cuerdo con las órdenes de su hermana de censurar y destituir a los jefes de gabinete y a los ministros de Kuczynski como forma de presión para que resolviese la excarcelación del expresidente. Por ejemplo, la bancada de FP decidió cortarle la cabeza al primer ministro, Fernando Zavala, un reconocido economista con credenciales democráticas. Contra la determinación de su hermana, Kenji se fotografió con aquel y le expresó su apoyo. Cada vez que el bloque fujimorista aprobaba una ley, o alguna acción criticada por su autoritarismo o abuso, Kenji recurría a su cuenta de Twitter para cuestionar las órdenes de su hermana. Por mandato de Keiko, el 18 de julio de este año el grupo se disciplinó y suspendió 60 días a Kenji como congresista de FP. Kenji no se doblegó. El 17 de septiembre visitó a Kuczynski en el Palacio de Gobierno y se fotografió con él. Ante los rumores de presuntas negociaciones, PPK tuvo que aclarar públicamente, el 24 de septiembre, que no era cierto que habían conversado sobre la excarcelación de su padre. Pero el 6 de octubre Kuczynski declaró: “Yo no quiero un nuevo Augusto Leguía”, en alusión a quien gobernó Perú entre 1908 y 1912 y entre 1919 y 1930, que fue depuesto por un golpe militar, encarcelado y condenado por un tribunal castrense sin derecho a defensa, y que murió enfermo en un penal. Aunque los casos Fujimori y Leguía son diferentes, fue la señal de que PPK tenía en su agenda la liberación. Odebrecht, un pretexto Paralelamente a la estrategia de su hermano Kenji, la jefa de FP optó por colocar contra la pared a Kuczynski como para obligarlo a resolver la liberación de su padre. En un año de gobierno de PPK, logró que su bancada despidiera a dos jefes de gabinete y a media docena de ministros, un récord que demostraba la eficacia de la autoritaria mayoría fujimorista en el Congreso. Tal era el escenario hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un acuerdo con la constructora brasileña Odebrecht, la que reconocía pago de sobornos a funcionarios gubernamentales en distintas partes en el mundo y que en el caso de Perú abonó 29 millones de dólares en sobornos. La investigación Lava Jato, que ha causado en Brasil y en varios países del mundo, incluido México, el destape de una organización criminal compuesta por constructoras brasileñas que pagaban sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos, y que incluyó el financiamiento de campañas electorales, tuvo un poderoso impacto en Perú. Keiko Fujimori aprovechó la oportunidad para cobrarse cuentas pendientes, enarbolando la figura de la lucha contra la corrupción, un ropaje que sin duda no le calzaba, dados los antecedentes del régimen de su padre. Usó el caso Lava Jato para intentar sacar del gobierno a PPK la noche del jueves 21. Sus seguidores afirman que, por el contrario, era un proceso justo contra Kuczynski, como dice a Proceso el congresista Carlos Tubino, quien votó por la destitución del presidente: “No es una venganza, eso es falso. La vacancia (término jurídico para referirse a la destitución) es el resultado de una serie de mentiras que a lo largo de este año ha dicho el presidente Kuczynski en relación con su participación directa o indirecta con la empresa Odebrecht. Para ocultar estos hechos ha soltado mentiras y medias verdades. Cuando lo citamos al Congreso para que aclarase su vinculación con la constructora brasileña, no quiso venir y mintió por escrito. La acusación contra él está basada en la falta de transparencia del presidente, lo que ha llevado a que él mismo construya una imagen de incapacidad moral.” Julio Arbizu, exprocurador que investigó y denunció casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori, considera que efectivamente Keiko, quien ya tiene el control del Congreso, pretendía tomar el gobierno para sus propósitos políticos. “El fujimorismo es una organización criminal que fue parcialmente desmontada después de la caída de Alberto Fujimori, y que ha vuelto a surgir con bríos para conseguir lo que mejor sabe hacer: capturar al Estado para aprovecharse de él. El caso de PPK (justificado por su debilidad ética y sus compromisos con intereses particulares) les ha sido perfectamente funcional y hasta diría que lo han buscado con anticipación. El plan no es combatir la corrupción, sino eliminar cualquier competencia en el afán de capturar al Estado para aprovecharse de él”, explica Arbizu en entrevista. Efectivamente, ni bien se instaló la Comisión Investigadora del caso Lava Jato bajo la presidencia de la fujimorista Rosa Bartra, e integrada por una mayoría también fujimorista, lo primero que obtuvieron los partidarios de Keiko fue considerar bajo escrutinio los contratos de Odebrecht sólo en los gobiernos de Toledo, García y Humala y pasar por alto, convenientemente, el periodo de Fujimori (1990-2000), en cuyo régimen la empresa brasileña concretó alrededor de 30 grandes obras de ingeniería. Era obvio que el fujimorismo usaría a la Comisión Investigadora del caso Lava Jato para ejercer presión sobre Kuczynski y que resolviera de una vez si concedía el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Cuando el 15 de septiembre la mayoría fujimorista en el Congreso censuró al primer ministro Fernando Zavala, PPK, en lugar de deslindarse y actuar con firmeza con los seguidores de Keiko, habló del indulto al expresidente Fujimori. Dos hechos fueron elocuentes: el pasado 7 de octubre PPK repentinamente despidió a los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, que evalúa los indultos, y nombró a otros con el notorio propósito de evaluar el caso de Fujimori. Luego, el 4 de noviembre dejaría clarísima su intención: “(El indulto a Fujimori) es un tema estrictamente médico, no es un tema legal. Lo que se está analizando son los procedimientos. Pronto habrá noticias”, declaró. En realidad, las noticias vinieron primero desde el fujimorismo. El 14 de noviembre la prensa reveló que en un interrogatorio con fiscales peruanos, Marcelo Odebrecht afirmó que había aportado fondos a las campañas de Keiko Fujimori, al partido de Alan García y también a la candidatura de PPK en 2011. Añadió que su empresa había contratado como consultor a Kuczynski. La mayoría oficialista de la Comisión Lava Jato acordó citar de inmediato a PPK y éste se vio obligado a dirigir un mensaje a la nación, en el que calificó de “falsa” la acusación. El Ministerio Público anunció que investigaría a Keiko Fujimori por crimen organizado y lavado de activos, bajo la presunción de que su partido había recibido el financiamiento de la constructora Odebrecht. Al mismo tiempo la bancada fujimorista inició un proceso para destituir al fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Poco después se inició el proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, que deben resolver un habeas corpus de Alberto Fujimori para salir en libertad. El propósito era designar a otros magistrados para garantizar un fallo a favor del expresidente y que éste pudiera abandonar la cárcel. Con investigaciones criminales en curso, que comprometían su estrategia para ganar el poder, Keiko presionó mucho más para destituir a Kuczynski: “Con la vacancia de PPK, Keiko buscaba ocultar sus propios delitos vinculados con Odebrecht, pero también planeaba la excarcelación de su padre”, dice Arbizu. Los “olvidos” de PPK Para suerte del fujimorismo, en el caso Kuczynski había mucha información opaca sobre su vínculo con Odebrecht. PPK se negó a asistir a las citaciones de la Comisión Lava Jato con el argumento de que la Constitución no lo obligaba; pero el fujimorismo interpretaba lo contrario. Para resolver el conflicto, Kuczynski aceptó responder un cuestionario escrito de la comisión y volvió a negar cualquier víncu­lo con Odebrecht. Pero el miércoles 13 comenzó a recuperar la memoria: aceptó que fue “asesor financiero de varias empresas cuando tenían que levantar dineros importantes en el mercado” y que fue contratado por H2Olmos, una millonaria obra de irrigación de Odebrecht en el norte de Perú. Después de negar rotundamente cualquier relación con la empresa brasileña, ahora resultaba que sí la tuvo, pero pretendió minimizarla. Fue un error mayúsculo. La mentira creció considerablemente y terminó por reventarle en la cara. El mismo miércoles 13 Rosa Bartra informó públicamente que la representación de Odebrecht en Lima reportó que había efectuado pagos por asesorías a la empresa Westfield Capital, propiedad de PPK, y a First Capital, cuyo dueño es el chileno Gerardo Sepúlveda, un socio de PPK. A Westfield Capital transfirió 782 mil 207 dólares y a First Capital 4 millones de dólares. Una parte de los contratos se hicieron durante el periodo en que PPK fue ministro de Toledo (2001-2006). Aunque los fujimoristas eran los promotores de la destitución de Kuczynski porque había mentido al Congreso –ocultar los contratos de su empresa y la de su socio con Odebrecht–, fue la organización izquierdista Frente Amplio la que presentó el “pedido de vacancia”, al que se sumaron de inmediato los seguidores de Keiko. Con rapidez, estimulado por la mayoría fujimorista, el viernes 15 el Congreso resolvió con 93 votos a favor y 17 en contra iniciar el “proceso de vacancia” del presidente, y lo citó para las 09:00 horas del jueves 21 para que ejerciera su defensa. Los 93 votos a favor de la destitución fueron un indicador del estado de ánimo en el Parlamento, porque según la Constitución se requieren 87 votos para aprobar la destitución del jefe de Estado. Quedaba claro que no era precisamente la “lucha contra la corrupción” lo que animaba a la bancada de Keiko para destituir al fiscal de la nación, a los magistrados del Tribunal Constitucional y al presidente. La noche del lunes 18, en vísperas de la votación de la vacancia, PPK volvió a ofrecer un mensaje a la nación, esta vez flanqueado por sus vicepresidentes Vizcarra y Aráoz. Ahí Kuczynski habló de un intento de golpe de Estado del fujimorismo y recordó que Alberto Fujimori instaló un régimen dictatorial el 5 de abril de 1992 para someter a sus oponentes. Y adelantó que sus vicepresidentes renunciarían si lo destituían de la jefatura del Estado, lo que obligaría al presidente del Congreso, Luis Galarreta, a convocar a nuevas elecciones generales. Con graves investigaciones fiscales en su contra, y la eventualidad de que los exdirectivos de Odebrecht declaren en su contra, para Keiko no es un escenario favorable lanzar por tercera vez su candidatura a la Presidencia. Según una encuesta de Ipsos del lunes 18, sólo 27% respondió que votaría por Keiko y otro 27% señaló que no lo haría por ella. Esto se debería a que 78% considera que sí recibió pagos ilegales de Odebrecht. En este contexto, destituir a PPK y presentarlo como la máxima expresión de la corrupción con la empresa brasileña, y destituir al fiscal que la investiga por los aportes de Odebrecht a su partido, le resultaba favorable a Keiko para abrirse camino hacia la Presidencia. En su presentación ante el Congreso para ejercer su defensa, Kuczynski reiteró que nunca había recibido un dólar de Odebrecht, que no fue lo suficientemente diligente para ordenar sus papeles y olvidó que su socio hizo un contrato con su empresa Westfield Capital, y que jamás asesoró a la constructora brasileña cuando ejerció como ministro. Todo estaba preparado para la destitución de PPK, y cuando comenzó el debate, antes de la votación la mañana del jueves 21, el ánimo del gobierno era sombrío. De pronto, hacia el mediodía, comenzaron a circular en las redes sociales unos documentos suscritos por un comité de médicos que, a solicitud de Alberto Fujimori, lo evaluó con la finalidad de solicitar el indulto humanitario por razones de salud. Los galenos recomendaban que se le otorgara el indulto humanitario. El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que aclaraba que dichos documentos no los había recibido y, por lo tanto, no existían; luego la prensa determinó que efectivamente estaba en trámite, y en secreto, el proceso de indulto humanitario. Luego, fuentes de FP informaron que el expresidente se comunicó por teléfono con algunos de los 10 congresistas para decirles que si no votaban a favor de la destitución, lo ayudarían a conseguir el indulto. La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el vocero de los congresistas oficialistas, Juan Sheput, rechazaron que Kenji y sus nueve seguidores se hubieran abstenido de votar contra la destitución de PPK a cambio del indulto humanitario del expresidente Fujimori. “Esperamos que el presidente Kuczynski cumpla con la ley, según la cual no se le puede otorgar el indulto para el tipo de delitos por los que cumple sentencia Fujimori (…) Rechazamos todo intento de dar un indulto a espaldas de la ley. Eso es lo primero que exigimos”, declaró Gloria Cano, abogada de los familiares de las 10 víctimas de la matanza de La Cantuta. Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.