CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de la amplia manifestación que se llevó a cabo ayer en varias ciudades venezolanas en repudio al gobierno de Nicolás Maduro, un grupo de nueve países latinoamericanos –entre ellos México–, condenó “la violencia que ha sido desencadenada en Venezuela” y lamentó “la pérdida de más vidas”. En un comunicado conjunto, los gobiernos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay urgieron a la “hermana República Bolivariana de Venezuela” a fijar las fechas para las elecciones, liberar los “presos políticos” y garantizar la separación de los poderes. Más temprano en el día, António Guterres, secretario general de la ONU, expresó su “preocupación” ante los acontecimientos sucedidos en Venezuela. Llamó al gobierno y a la oposición a “comprometerse sinceramente a favor de una reorientación de los esfuerzos de diálogo”. Guterres estimó que el restablecimiento del equilibrio entre los poderes, el calendario electoral, los derechos humanos y la situación socioeconómica son los temas prioritarios a resolver para reducir las tensiones. La marcha fue convocada ayer en distintos estados de la República. Más de 100 mil personas respondieron presentes en la capital. Militares y policías reprimieron la manifestación, la cual degeneró en enfrentamientos violentos. Según la organización Foro Penal Venezolano, 521 personas fueron detenidas y por lo menos 57 resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades, en las movilizaciones murieron Carlos Moreno, de 17 años, y Paola Ramírez, de 24 años –ambos civiles– y un militar. Organismos de derechos humanos afirman que los asesinos de los jóvenes fueron integrantes de los colectivos revolucionarios –órganos de apoyo al gobierno–. El gobierno de Maduro, por su parte, responsabilizó de los enfrentamientos a la derecha venezolana, que “se ha movilizado en varios estados del país, generando hechos de violencia que han dejado una importante cifra de heridos y muertos”, planteó Vladimir Padrino López, el ministro de la defensa, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la fiscal general del Estado Luisa Ortega se ilustró de nuevo, al recordar que la manifestación pacífica es un “derecho constitucional”. El pasado 31 de marzo, la fiscal –chavista–, se opuso en público a las sentencias 155 y 156 que emitió el Tribunal Superior de Venezuela, mediante las cuales el poder judicial pretendía asumir las funciones de la Asamblea Nacional, la cual se encuentra en manos de la oposición. Ante la presión interna e internacional, el gobierno de Maduro dio marcha atrás y canceló las polémicas sentencias.