BUENOS AIRES (apro).- “Si es necesario que yo sea candidata para sacar la mayor cantidad de votos, lo seré”, dijo Cristina Fernández de Kirchner el 24 de mayo, en entrevista concedida al Canal C5N. “Siento la obligación de unir lo más que se pueda para poner límites al ajuste neoliberal”, agregó, anunciando su regreso al ruedo. La expresidenta se presentará como candidata en la provincia de Buenos Aires en las legislativas de octubre. No está claro aún si aspirará a ser senadora o diputada. La presentación oficial de candidaturas vence el 24 de junio. El misterio es parte del ajedrez político. Al oficialismo no le sobran candidatos de realce para hacerle frente. Cristina Fernández de Kirchner conserva el apoyo de sectores populares que durante sus mandatos pudieron acceder a cierta cuota de consumo. Se ofrece para detener el deterioro social y económico y evitar la profundización del ajuste. “Hay motivos personales y hay motivos políticos”, dice a Proceso Carlos de Angelis, profesor de Sociología de la Opinión Pública en la Universidad de Buenos Aires. “Para Cristina la política es su vida. No se ve afuera de eso. Volver es una especie de revancha, ya que este año para ella fue difícil, por las causas de corrupción y porque el gobierno la culpa de todos los problemas”, explica. “Y políticamente, el peronismo está construyendo poder desordenadamente, con estrategias diferentes en cada provincia, y Cristina ve que para 2019 podría ser tarde para liderar su articulación a nivel nacional”. Una victoria inobjetable de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia más importante, que reúne el 37% del padrón electoral, sería el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri. Y al mismo tiempo alfombraría el regreso de la expresidenta al poder en 2019. Una eventual derrota, frente a un candidato oficialista de segundo rango, significaría un golpe lapidario para sus aspiraciones futuras. “Para Cristina sólo cuenta ganar. Si no, se va a la casa, y eso le va traer muchos problemas, porque el peronismo le va a dar la espalda”, explica Carlos de Angelis. Estima que el oficialismo se verá obligado a sumar a la campaña en la provincia de Buenos Aires a Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Pero no está probado que sea fácil llamar a votar por otro candidato –explica–. Es siempre una operación riesgosa.” “Estas elecciones van a ser el certificado de defunción del kirchnerismo”. Así resumió el consultor Jorge Giacobbe, frente a La Nación, una expectativa compartida por el gobierno. En los hechos, la presentación de Cristina como candidata favorece la polarización que impulsa el gobierno. De este modo intenta presentarse como lo nuevo y transparente frente a un kirchnerismo al que asocia con la corrupción y con el pasado. Expectativas Las elecciones de medio término suelen funcionar en Argentina como plebiscito de la gestión del gobierno. Su política de combate de la inflación, con altísimas tasas de interés y cotización del dólar quieta, ha derivado en una fuerte recesión, sin resolver tampoco el flagelo. El oficialismo necesita distraer el eje de campaña de un presente que se ha vuelto duro incluso para sus votantes. Generando un clima de polarización extremo pretende derrotar al kirchnerismo y a la vez correr del escenario a la tercera fuerza con chances electorales: Un País, del peronista Sergio Massa. Aspira así a matar dos pájaros de un tiro. De acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios de la Opinión Pública (CEOP), del 11 de junio, un 27 por ciento de los argentinos se considera oficialista. Destacan del gobierno de Mauricio Macri su nueva forma de hacer política. Admiten que el presente es duro pero confían en que la dirección emprendida es la correcta. Los opositores abarcan el 45 por ciento. Pero están divididos, básicamente, en los dos grandes sectores en que hoy se encolumna el peronismo. El oficialismo no ingresa cómodo a la zona de definiciones. Las expectativas de la población para la segunda mitad del año son negativas. No hay confianza en que vaya a mejorar la economía ni los índices de empleo, inseguridad y pobreza. El 60% opina que Macri gobierna para los ricos. La imagen positiva de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, juega a favor del gobierno. La fortaleza electoral de Cristina Fernández de Kirchner se concentra sobre todo en los 28 municipios de la provincia de Buenos Aires que rodean a la capital argentina. La expresidenta se impondría en 24 de ellos. Pero debe sumar una buena elección en el interior de una provincia de fuerte extracción agrícola. “La expresidenta tiene más futuro en los tribunales que en la política”, sostiene La Nación el 11 de junio. Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una verdadera andanada de procesos judiciales. Ha denunciado una persecución mediático judicial en su contra. El eventual acceso a un cargo le proporcionaría fueros. El 31 de mayo, la Cámara Federal adjudicó al juez Claudio Bonadío la investigación de la denuncia del exfiscal Alberto Nisman contra la exmandataria. Unos días antes de morir –en condiciones aún resta esclarecer–, Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a exfuncionarios iraníes supuestamente implicados en el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994. La acusación es tan endeble que fue desechada por cuanto juez la tuvo en sus manos. Pero fue reabierta tras el cambio de Gobierno y la candidata enfrenta un posible juicio por traición a la patria. Claudio Bonadío, un juez que goza de descrédito incluso entre sus propios pares, ya procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Los Sauces. Le atribuye ser la jefa de una asociación ilícita dedicada al alquiler ficticio de propiedades a empresarios a los que los Kirchner adjudicaron obra pública, encubriendo de este modo el pago de sobornos. La exmandataria también está procesada por la supuesta manipulación de la cotización del dólar en el mercado de futuros y por el supuesto direccionamiento de la obra pública licitada en la provincia de Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez. “La candidatura de Cristina, en términos judiciales, no cambia cuál sería la práctica posterior, que son procesos larguísimos, que de hecho se resuelven más allá del derecho”, dice a Proceso Lucas Arrimada, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. “No creo que la estrategia electoral tenga que ver con una estrategia judicial. Aunque una puede ayudar a otra, sus lenguajes son diferentes –explica–. En este año y medio no hubo avances significativos que indiquen que la candidata vaya a estar cerca de una prisión preventiva, un procesamiento con pruebas contundentes y mucho menos de una condena en los próximos cuatro años. Ese limbo judicial, ese no lugar de sospecha, es lo que crea la judicialización de la política”, explica. El jurista considera que esta herramienta es utilizada, en diferentes contextos, por abogados, jueces y periodistas. “Es una práctica que desde la vuelta de la democracia se observa con todos los expresidentes, especialmente, intensificada cuando terminan su mandato –sostiene Arrimada–. El show judicial que desde hace un año y medio está en curso, usado contra los Kirchner, mañana puede ser usado contra quienes hoy gobiernan.” Analogías La judicialización de la política es un fenómeno que en Argentina muestra aristas extremas. Los operadores del oficialismo lo alimentan. Pero las denuncias de corrupción manchan también a Mauricio Macri y a varios de sus funcionarios. “El oficialismo cree que tienen ciertas condiciones por las cuales van a resultar más beneficiados que perjudicados por el uso de esta herramienta”, estima Lucas Arrimada. “Especialmente, la cobertura mediática. El impacto de las causas tiene que ver con su uso mediático. Desde mi lectura, ellos creen que el control de daños del gobierno es mayor que el que puede hacer el kirchnerismo”, explica. Cristina Fernández de Kirchner suele comparar su situación con la de Luis Inácio Lula Da Silva, exmandatario brasilero, hoy también candidato a la presidencia. Ha hablado de un “Plan Cóndor judicial”. Sugiere un accionar conjunto de las corporaciones judicial y mediática para desprestigiar a los líderes de gobiernos progresistas o populistas. Lo compara con los aparatos represivos de países latinoamericanos que colaboraban entre si durante las dictaduras de los años ’70 y ‘80. “La analogía tiene más que nada un fin propagandístico, porque hoy no estamos en dictadura”, dice a Proceso Pedro Brieger, director de la agencia Nodal (Noticias de América Latina y el Caribe). “Lo que se está planteando es que hay una especie de plan internacional de coordinación de políticas, que en una época fueron políticas represivas, muy claramente el Plan Cóndor fue eso, hacia una política de cooperación mediática –explica–. Esto es real. Los grandes consorcios informativos publican artículos al unísono, con el objetivo de debilitar a determinados gobiernos.” El especialista en política internacional no cree que exista una coordinación de los sistemas judiciales. Sostiene que los poderes judiciales de diferentes países latinoamericanos han perseguido a gobernantes progresistas y también a otros que no lo son. “No parece casual, cuando uno piensa en las políticas progresistas, que los poderes judiciales, en estrecho vínculo con los poderes económicos más importantes, hayan buscado descalificar y destruir a los gobiernos progresistas”, admite. El discurso en contra de Cristina Fernández de Kirchner cala hondo en sectores altos y medios. Su rechazo hacia la exmandataria es la contracara del apoyo hacia un gobierno que no logra reactivar la economía. “Hay una parte de la sociedad que se ha ideologizado, que no quiere al kirchnerismo, que es permeable al discurso contra el populismo”, explica Carlos de Angelis. “Argentina votaba con el bolsillo. Ahora, al menos en parte no va a ser así”.