CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería mexicana declaró que, “independientemente de su autoría y motivación”, los ataques perpetrados desde un helicóptero contra la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela son “absolutamente inaceptables”. Según la versión oficial, un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) “secuestrado por un grupo subversivo” voló hacia el Ministerio del Interior anoche; desde el interior del aparato salieron 15 disparos. Posteriormente, se dirigió hacia la sede del TSJ; sus tripulantes dispararon de nuevo y arrojaron cuatro granadas. Poco más temprano en el día, Samuel Moncada, el nuevo canciller venezolano, denunció el silencio de las diplomacias de México, Canadá y Argentina respecto al ataque; cuestionó que estos países critican “unos hechos” ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) e ignoran otros, entre ellos lo sucedido anoche. El gobierno de Nicolás Maduro calificó el ataque de “terrorista” y aseveró que forma parte de una “escalada golpista” cuyo objetivo consiste en derrocar la administración bolivariana. Identificó al presunto autor del ataque: se trata de Óscar Alberto Pérez, un inspector adscrito al Cicpc, quien está prófugo. El diputado de oposición Luis Stefanelli estimó por su parte que le resultó “extraña” la inacción de la Fuerza Aérea venezolana ante el ataque aéreo, y añadió que “podría haber sido un show” del gobierno de Maduro. Lo anterior sucedió en medio de la grave crisis política que sacude Venezuela desde principios del año y escala día tras día. Mientras la oposición –junto con una coalición de países en la OEA-- denuncia la deriva “autoritaria” del gobierno de Maduro y exige la realización de elecciones a la brevedad, éste afirma que es víctima de un “golpe de Estado” fomentado desde la derecha reaccionaria y dirigida por Washington. Otros dos eventos tensaron todavía más la situación ayer: En la noche, el TSJ transfirió algunas competencias de la Fiscalía General al Ministerio del Interior, una decisión que no puede disociarse de las posturas críticas que asumió Luisa Ortega Díaz --la titular de la Fiscalía-- ante varias medidas anticonstitucionales y antidemocráticas que adoptó Maduro en los últimos meses. Por otra parte, en las instalaciones de la Asamblea Nacional –controlada por los partidos de oposición-- ocurrió una confrontación entre diputados y policías, después que uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron cajas con material electoral en la institución.