El arrollador triunfo de La República en Marcha en las recientes elecciones legislativas reconfiguró el panorama político francés: no sólo incorporó en el Parlamento a cuadros más jóvenes y a miembros de la sociedad civil, sino que ahondó la crisis de los tradicionales partidos Socialista y Los Republicanos, cuyas bancadas se debaten entre apoyar o combatir al flamante presidente. Eso sí, la nueva Asamblea Nacional no incorporó a más diputados de origen inmigrante ni de los sectores sociales pobres. La “revolución macronista” tiene sus límites. PARÍS (Proceso).- “Tsunami”, “Big Bang”, “terremoto” … Abundan los símiles para describir los efectos del “fenómeno Macron” en Francia. Después de una tanda de ocho vueltas electorales –dos para las primarias de la UMP y dos más para las primarias del Partido Socialista, así como las dos del escrutinio presidencial y dos suplementarias para elegir una nueva Asamblea Nacional–, el panorama político francés es irreconocible. El pasado 14 de mayo tomó las riendas del país Emmanuel Macron, temible estratega político de escasos 39 años, pero cuya carrera política se resume a dos años como secretario adjunto del Eliseo en el gabinete presidencial de François Hollande (15 de mayo 2012-10 de junio de 2014), otros dos años como ministro de Economía, Industria y Asuntos Digitales del gobierno encabezado por Manuel Valls (26 de agosto de 2014- 30 de agosto de 2016) y un año de intensa campaña electoral a la cabeza de En Marcha!, movimiento que creó en abril de 2016. El 19 de junio Francia despertó con una Cámara de Diputados inédita en la que La República en Marcha (LREM) –nombre del partido aún en gestación– dispone de la mayoría absoluta con 302 escaños a los que se deben agregar los 48 de su aliado centrista Movimiento Democrático (Modem), dejando un espacio bastante reducido a las otras formaciones políticas. Este predominio de un movimiento creado hace 14 meses no es la única sorpresa que reserva el flamante Parlamento. También es insólita su composición bastante renovada, ya que 75% de los dipu­tados (430 de un total de 577) entran por primera vez en el Palacio Bourbon (sede de la Asamblea Nacional), 200 de los cuales vienen de la sociedad civil y nunca ejercieron responsabilidad política alguna en su vida; los demás tienen más experiencia por haberse desempeñado como funcionarios electos locales. Los diputados son más jóvenes: 39 tienen entre 23 y 30 años y la edad promedio es de 49 años. Era de 54 años en 2012. La presencia de 224 diputadas –115 de las cuales pertenecen a LREM– es un acontecimiento histórico. Hoy las mujeres equivalen a 38.8% de la Asamblea Nacional. No es todavía la paridad pero es un salto cuantitativo interesante. En 2012 solamente 155 diputadas se habían incorporado a este feudo masculino. Hay dos sombras en ese cuadro que podría parecer idílico: la representación sumamente limitada de los franceses “oriundos de la diversidad”, expresión políticamente correcta para designar a ciudadanos galos árabes, africanos o asiáticos que inmigraron, y a sus descendientes, que constituyen 11% de la población francesa y sólo cuentan con 16 diputados. Lo mismo pasa con los sectores más modestos de la sociedad francesa. La amplia mayoría de los diputados de la nueva Asamblea Nacional son cuadros políticos, profesionistas, empresarios, funcionarios, intelectuales. No hay un solo obrero, cuando éstos constituyen 20% de la población en edad de trabajar. Los empleados, artesanos, comerciantes y agricultores sólo cuentan con 37 diputados. Pasaba lo mismo en años anteriores. La República en Marcha no cambió nada. Por el contrario, se caracteriza por una mayor presencia de diputados oriundos de capas sociales privilegiadas. La “revolución macronista” tiene sus límites. Pero es el reparto de los escaños entre los distintos partidos políticos galos lo que resulta más trastornado por la victoria de LREM. “Más que una derrota” El derrumbe más estrepitoso es el del Partido Socialista, que sólo cuenta ahora con 30 diputados después de haber sido la mayor fuerza del Parlamento con 295 escaños durante el quinquenio de François Hollande. Ante estos resultados catastróficos, Jean Christophe Cambadelis, secretario general del PS, botó la toalla y se retiró definitivamente de la política. Una dirección colectiva tomará el relevo. Mientras tanto, se agudiza la guerra entre la corriente socio-liberal y la de izquierda del partido. La primera, en la que destacan Manuel Valls y Stéphane Le Foll, dos pilares del quinquenio pasado, aboga por un acercamiento con Macron; la otra, representada entre otros por Benoit Hamon, excandidato del PS a la presidencia, pretende encarnar una oposición férrea al gobierno y quitar a Jean Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, el monopolio de la “resistencia de izquierda”. Menos espectacular pero bastante significativa también es la caída de Los Republicanos (LR). El partido de derecha perdió 80 escaños y debe conformarse con 113 diputados y el apoyo de los 18 diputados centristas de la Unión de los Demócratas e Independientes (UDI). Cabe recordar que a principios de 2017 la derecha francesa daba por ineludible su triunfo en las elecciones presidenciales y legislativas. “Es más que una derrota, es el fin de una época. Urge lanzar una dinámica colectiva para reconstruir a la derecha y al centro desde el piso hasta el techo. Ya se acabó el tiempo de la chapuza”, insistió Valerie Pécresse, alta responsable de LR. Predicó en el desierto. El 20 de junio 40 diputados de LR y de la UDI que se definen como “constructivos” y que la prensa califica de “macroncompatibles” optaron por formar un grupo parlamentario autónomo con la firme intención de apoyar al gobierno de Edouard Philippe, su excompañero de partido, que Macron tuvo la habilidad de “sustraer” a Los Republicanos. Ese mismo 20 de junio los restantes 90 diputados de LR se reivindicaron como oposición “inflexible” al LREM. Esta división parlamentaria es a imagen y semejanza de la casi implosión de Los Republicanos, más desgarradora que nunca, entre una corriente reformista y otra de derecha dura que comparte ciertas posiciones con el Frente Nacional, en particular sobre la problemática de los migrantes y de la “identidad nacional”. El FN no sale muy bien parado de las legislativas. Después de soñar con el Palacio del Eliseo, Marine Le Pen, flamante diputada, no pudo constituir un grupo parlamentario (que exige un mínimo de 15 escaños) con sus siete compañeros frentistas electos. Está sin embargo firmemente decidida a usar la tribuna del Parlamento para ocupar más espacio político, dar más visibilidad al Frente Nacional y hostigar a la mayoría macronista. Francia Insumisa, movimiento de izquierda radical, cuenta por su parte con 17 diputados, entre los que destaca Jean Luc Mélenchon, exsocialista, fundador y presidente del movimiento, tan hostil a la Unión Europea y a Macron como lo es Le Pen, pero por razones ideológicas distintas. Mélenchon –que obtuvo 19.7 % de los votos en la primera vuelta del escrutinio presidencial, casi tres veces más que el socialista Benoit Hamon (6,7%)– pretende ser el único verdadero oponente de izquierda de Macron. Y no deja de amenazarlo: “Informo al nuevo poder que no cederemos un solo metro de los derechos sociales, sin combatir”, advirtió el 18 de junio después de enterarse de los resultados de la contienda legislativa. Fuerza de combate No es, sin embargo, en el Parlamento que Francia Insumisa podrá llevar su lucha más decidida contra las reformas de corte socio-liberal que se apresta a lanzar Macron en las próximas semanas, sino en la calle. El mismo 18 de junio, aludiendo al 57% de los electores inscritos que ningunearon las urnas, expreso: “Veo en esa abstención una energía disponible, si solamente logramos convertirla en fuerza de combate. Esa fuerza puede desplegarse y pasar de la abstención a la ofensiva. Es a eso que convocamos.” Esa abstención récord en la historia de la Quinta República francesa es una severa advertencia para La República en Marcha y así lo analizan sus altos responsables. Explica Christophe Castaner, vocero del movimiento: “Los franceses quieren que las cosas cambien, pero al mismo tiempo se muestran vigilantes y exigentes. Nos ponen frente a nuestra responsabilidad. En realidad, sólo podremos cantar victoria dentro de cinco años cuando las cosas por fin hayan cambiado”. “Entendimos que los franceses no nos dieron un cheque en blanco”, comentó aún más escuetamente el primer ministro Edouard Philippe. Macron por su parte guardó silencio. Es su estilo. A diferencia de sus dos antecesores que “banalizaron” la función presidencial –Nicolas Sarkozy con su omnipresencia y su trivialidad, y François Hollande con su deseo de ser un “presidente normal”–, el líder de En Marcha pretende devolver “fuerza, dignidad y altura” a la presidencia. Lo controla todo pero limita sus declaraciones públicas al tiempo que busca un sofisticado equilibrio entre solemnidad y calor humano cuando sale del Palacio del Eliseo. Macron es un “presidente jupiteriano”. Por lo menos así se define. “Júpiter”, sin embargo, acaba de pasar un mes complejo que culminó los pasados 19, 20 y 21 de junio con la renuncia de cuatro ministros claves del gobierno de Edouard Philippe: François Bayrou, presidente del Movimiento Demócrata (Modem) y ministro de Justicia; Sylvie Goulard y Marielle de Sarnez, del mismo partido, que se desempeñaban respectivamente como ministra de Defensa y ministra de Asuntos Europeos. El cuarto, Richard Ferrand, ministro de la Cohesión Territorial, es amigo íntimo de Macron y el mayor pilar de La República en Marcha. Los cuatro son objeto de investigaciones preliminares que podrían derivar en eventuales acciones judiciales en su contra por presuntas “conductas irregulares” tras revelaciones demoledoras de la prensa. Según varios testigos, el Modem, que paso años en apuros económicos, utilizó de manera indebida los fondos de la Unión Europea destinados a la remuneración de los asistentes de sus eurodiputados. Según Le Canard Enchainé, el semanario político más temido de Francia, el salario de la propia secretaria de Bayrou, que nada tenía que ver con el PE, habría sido extraído de esos fondos. El problema de Ferrand es un tanto distinto. Varios diarios lo acusan de conflictos de interés por haber favorecido a su exesposa en una licitación pública. De ser confirmadas, estas acusaciones son gravísimas en sí, pero aún más insostenibles para Macron, cuyo mantra electoral fue la moralización de la vida política francesa. De hecho, apenas electo, el nuevo presidente decretó que esa moralización –lucha contra el nepotismo, los conflictos de interés y la falta de transparencia, entre otras plagas– debía ser la prioridad absoluta del primer gobierno de Edouard Philippe. Por si eso fuera poco, la urgencia de moralizar las prácticas políticas francesas fue la base sobre la que François Bay­rou aceptó sellar la alianza del Modem con LREM. Bayrou exigió encargarse personalmente, como ministro de Justicia, de la elaboración de proyectos de ley que conciernen esas reformas capitales. La publicación de denuncias periodísticas cada vez más precisas contra Bayrou, sus dos colegas del Modem y Ferrand, mermó rápidamente su credibilidad, la del gobierno y la de Macron mismo. Los cuatro acabaron renunciando, oficialmente, por decisión propia. “Gobierno Philippe II” El 21 de junio se dio a conocer el segundo gobierno de la era de La República en Marcha. Bastante revelador del “macronismo” es el cuidadoso balance entre mujeres y hombres. En ese campo la paridad es impecable. El nuevo gabinete también busca respetar el equilibrio entre ministros oriundos de la corriente “macroncompatible” de Los Republicanos, los reformistas del Partido Socialista, entre los ministros del Modem –partido cuyo peso fue importante para la victoria de Macron– y los que vienen de la sociedad civil. Estos últimos, 11 en total, no salen de la nada, son expertos en sus campos o tecnócratas de alto vuelo. Los políticos son cuadros eficientes, pero hasta la fecha no aparecían públicamente. También lucen más por su profesionalismo que por su carisma. El llamado “gobierno Philippe II”, que cuenta con 29 ministros y secretarios de Estado –el anterior tenía sólo 22 miembros–, inspira comentarios cautelosos entre los analistas políticos galos, que en su amplia mayoría lo encuentran más “técnico” que político y desconfían de los nuevos reclutas que “podrían resultar demasiado subordinados” al presidente. Jérôme Sainte-Marie, presidente del instituto de sondeos PollingVox, citado por el vespertino Le Monde, resume un sentir bastante compartido: “Este gobierno da la impresión de que privilegió la excelencia técnica en relación con el aspecto político. En realidad, Macron ya no parece dispuesto a hacer concesiones a líderes políticos, como lo hizo con Bayrou. Lo que le interesa ahora es poner a trabajar a un grupo de expertos que le deben todo y que no tienen existencia política sin él.” Laurent Joffrin, jefe de redacción del matutino Libération, enfatiza por su lado: es “gente que sabe”. “El nuevo gobierno es un gobierno de ‘gente que sabe’, de ‘gente sesuda’, de ‘managers’ ¿Acaso es una garantía? No es seguro. Cuando estalle la primera tempestad, reaparecerán los conflictos inherentes a la democracia. Entonces no bastará ser altamente competente. Tocará hacer política. ¿Quién lo hará?” Se sabrá pronto. Además de los proyectos de ley sobre la moralización pública que se apresta a presentar, Macron pretende echar a andar durante el verano la explosiva reforma socio-liberal del Código del Trabajo con la idea de limitar las indemnizaciones por despido y facilitar las negociaciones en el seno de las empresas en lo referente a salarios, jornada laboral y condiciones de trabajo. La corriente de izquierda del PS, las tropas de Francia Insumisa, las federaciones sindicales más radicales, un enjambre de organizaciones anarquistas, así como batallones del Frente Nacional, se dicen listos para el combate. “No se puede cambiar el Código del Trabajo como se cambian las leyes del tránsito –se indigna Mélenchon–. Cada una de sus páginas nació de luchas, huelgas y correlación de fuerzas. Atentar contra el Código del Trabajo es una declaración de guerra.” Este reportaje se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.