CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, deberá encarar este martes 4 un procedimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fue solicitado por el oficialismo, con el objeto de destituirla del cargo. El TSJ iniciará el proceso con una audiencia de la Sala Plena, en la que escuchará los argumentos de la fiscal y del diputado oficialista Pedro Carreño, principal denunciante que acusó a Ortega de hacer cometido faltas “graves” en su cargo. El proceso tuvo una serie de medidas cautelares contra la fiscal, entre ellas la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias, destacó hoy Notimex. Ortega respondió a la medida citando como imputados a dos jefes militares encargados de la represión a las manifestaciones contra el gobierno, que en tres meses han dejado al menos 86 muertos. La fiscal también acusó al TSJ de aplicar el “terrorismo de Estado”, alegando que el máximo tribunal no la puede destituir, ya que ella fue designada en 2015 por la Asamblea Nacional. Ortega acudió este lunes a la Asamblea Nacional (Congreso) para pedir que los diputados ratifiquen la designación del vicefiscal general, Rafael González, una facultad que el TSJ se la arrebató con una sentencia. También dijo que acudió a la Asamblea por considerar que “está legitimada”, descartando la declaración de desacato que aplica el TSJ al Legislativo. “Ojalá mi presencia aquí sea para cumplir con fines del Estado. Debemos hacer grandes esfuerzos para que se retomen las vías institucionales y electorales en el país. No puedo permitir violación a los derechos humanos. La oscuridad no dura para siempre ni se extiende en su totalidad. En este momento necesitamos la unión de todos los venezolanos”, señaló. El diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal, fue el único legislador de la bancada chavista que acudió a la sesión de este lunes. Anunció que mañana la acompañará a la audiencia en el TSJ. “Si ella decide ir, por supuesto que la vamos a acompañar”, además el procedimiento contra Ortega es parte de las “decisiones que se pretenden imponer por la fuerza en el país”, indicó. Luego señaló que el Estado de Derecho se ha deteriorado desde que la fiscal declaró como una ruptura del orden constitucional las dos sentencias del TSJ que despojaron a la Asamblea de sus atribuciones legales a fines de marzo pasado, y que se agravará. “A partir de ese momento, cuando se le otorgaron al presidente Nicolás Maduro las funciones de la Asamblea, la fiscal dijo que eso hacía que en nuestro país hubiera prácticamente una monarquía”, refirió. El oficialismo solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal para determinar si puede ser sometida a juicio y destituida por supuesta violación de la Constitución.