WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte violenta de por lo menos 37 personas en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (CJDA), en el estado Amazonas, Venezuela. “La CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos e identificar y sancionar a los responsables”, indica la denuncia del órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). La información proveniente de Venezuela señala que en la madrugada del pasado 16 de agosto, perdieron la vida por lo menos 37 personas que habían sido detenidas por las autoridades venezolanas y recluidas en el CDJA. Las muertes fueron el saldo del enfrentamiento que se registró en el CDJA, luego de que integrantes de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, entraron al inmueble para hacer una revisión y asumir el control del mismo. De acuerdo con los reportes del incidente violento, además de los 37 civiles que murieron, 14 agentes de seguridad resultaron heridos. El gobierno de Venezuela debe inmediatamente “adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteración de hechos similares”, agregó la CIDH en la condena que hizo este viernes. Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, declaró a los medios de comunicación que el número de personas que perdieron la vida en el enfrentamiento con los agentes de seguridad, representaban al 46% de la población total del CDJA. “Es de especial preocupación para la CIDH que los hechos de violencia derivados de este enfrentamiento, resultaran en que aproximadamente el 40% del total de la población detenida en el CDJA falleciera”, destacó el comunicado de la entidad de la OEA que vela y defiende las garantías individuales en las Américas. Al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la CIDH le recordó que los agentes que vigilan los centros de detención deben usar la fuerza solamente en casos extremos. La CIDH, que viene realizando varias investigaciones sobre la situación penitenciaria en Venezuela, sentenció que como consecuencia del incidente mortal en el CDJA se puede determinar que el país bolivariano vive una “crisis penitenciaria”, generada del hacinamiento, uso excesivo de prisión preventiva, corrupción, condiciones deplorables de los inmuebles y por los niveles elevados de violencia. “El Estado de Venezuela debe adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva mediante el empleo y la implementación de medidas alternativas”, concluyó la CIDH.