MADRID (apro).— La Guardia Civil desplegó este miércoles un operativo en Cataluña donde detuvo a 16 personas, 14 de ellos funcionarios de alto rango del gobierno catalán, claves en el aparato que organiza el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Esto provocó un duro cruce de acusaciones entre el presidente español Mariano Rajoy y el catalán, Carles Puigdemont. Éste último acusó que “el Estado español suspendió de facto el autogobierno en Cataluña y aplicado un Estado de excepción”, mientras Rajoy le exigió, desde Madrid, que “de marcha atrás” y “cumpla la ley”. El mandatario señaló que frente a “una gente que está saltándose la ley, actuando contra la Constitución y el Estatuto, el Estado tiene que reaccionar”. Las movilizaciones ciudadanas se extendieron en distintas regiones de Cataluña, particularmente Barcelona, tras la detención de los altos cargos del gobierno catalán. Varios miles lanzaron consignas en la concentración que tuvo lugar afuera de la Concellería de Economía. Los elementos de la Guardia Civil realizaron decenas de registros en oficinas de la Generalitat, en especial en la sede de la señalada Consellería de Economía y Hacienda, que dirige el vicepresidente Oriol Junqueras, quien tiene un papel protagónico en la organización del referéndum. Un golpe central al desafío independentistas fueron las detenciones del mano derecha de Junqueras y del tercero en rango en esa dependencia, Josep María Jové y Lluís Salvadó, secretario general de Economía y secretario general de Hacienda, respectivamente. Otros detenidos son funcionarios del departamento de Exteriores de Asuntos Sociales, del Centro de tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat y de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). El tribunal superior de Cataluña informó que el juzgado 13 de Cataluña ordenó la detención de estos funcionarios de alto rango por estar señalados en las causas judiciales abiertas por desobedecer la orden del Tribunal Constitucional, y se les acusa por los delitos de prevaricación, malversación de caudales, desobediencia, sedición y revelación de secretos. Antes, la Guardia Civil siguió con la llamada Operación Anubis, en la que incautó en la nave de una imprenta en la localidad de Bigues i Riells (Barcelona) entre 9 y 10 millones de papeletas de voto para el referéndum del 1 de octubre. En esta operación fueron detenidos dos responsables de la empresa. Existe la posibilidad que estas papeletas incautadas sean el grueso de la papelería electoral que la Generalitat tuviera previsto para ser usadas en la jornada del 1-O.