El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su antecesor, Rafael Correa, llegaron a un punto de ruptura que parece no tener remedio. No sólo es un pleito entre dos antiguos aliados, se trata de una fractura en el partido gobernante que pone en riesgo la gobernabilidad y acabaría con un proyecto de desarrollo social que sacó a millones de ecuatorianos de la pobreza durante los últimos 10 años. BOGOTÁ (Proceso).- La confrontación política entre el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y su antecesor y antiguo aliado, Rafael Correa, no tiene vuelta atrás. Los dos han asumido posturas irreconciliables que fracturaron al gobernante partido Alianza PAIS (AP) y que tienen a la ciudadanía desconcertada y expectante frente a las implicaciones que puede tener esa ruptura para la gobernabilidad de Ecuador. La disputa, por lo pronto, ya se trasladó del escenario mediático al terreno de las urnas. Hoy toda la atención del país está puesta en las campañas para el referendo del próximo 4 de febrero, en el cual Moreno espera el respaldo de los votantes para dejar a Correa sin la posibilidad de volver a la Presidencia de Ecuador. La vía para lograr esto es una de las siete preguntas que deberán responder los ciudadanos en la consulta: la que plantea si están de acuerdo o no con enmendar la Constitución para dejar sin efecto la reelección indefinida en los cargos de elección popular. Hasta ahora todos los sondeos indican que los votantes responderán afirmativamente a esa pregunta y a las otras seis que propuso Moreno, cada una de las cuales implica una reforma constitucional. Correa, quien gobernó Ecuador una década y traspasó el poder a Moreno hace apenas siete meses, considera que derogar la reelección presidencial indefinida sería un “golpe blando” orientado a asegurar que nunca vuelva a dirigir el país. Otra pregunta que rechaza el exmandatario –exponente del “socialismo del siglo XXI” que impulsó el fallecido líder venezolano Hugo Chávez– es la que propone la rees­tructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución clave del poder público por sus facultades para designar al fiscal general, al procurador, al contralor y a los integrantes de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, entre otros cargos. Según Correa, la aprobación de esa medida permitiría a Moreno “apoderarse de todas las funciones del Estado”, pero los partidarios del presidente afirman que la mayoría de los consejeros del CPCCS son allegados del exgobernante que fueron elegidos “a dedo” y que su actuación ha sido sesgada y poco transparente. La confrontación entre estos dos excopartidarios, que se reivindican socialistas, ha estado llena de descalificaciones y críticas mutuas que cada día suben más de tono y sin duda tenderán a aumentar, en la medida en que se acerque el referendo. Correa, conocido por su estilo vehemente y frontal, ha acusado a Moreno de “impostor” y de traicionar la causa socialista, mientras que el presidente, cuyo tono casi siempre es mesurado, ha llamado a tener cuidado “con el autoritarismo y con quienes se disfrazan de demócratas, pero tienen intenciones dictatoriales”. Las encuestas de cara a la consulta del 4 de febrero anticipan que los votantes responderán con un “sí” a las siete preguntas impulsadas por Moreno, lo que sería un duro golpe para Correa. Pero el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili, piensa que, a la larga, el enfrentamiento entre el presidente y su antecesor no tendrá un ganador y que, por el contrario, esa pelea pone en riesgo el proyecto de desarrollo social que sacó a millones de ecuatorianos de la pobreza durante los 10 años que gobernó Correa, seis de los cuales Moreno fue vicepresidente. “Hay una crisis que ha llevado a un nivel de confrontación muy alto, y no se puede negar que si esto sigue así, se va a debilitar la consolidación del proceso de transformaciones democráticas y sociales en Ecuador y se fortalecerá la posibilidad de que fuerzas conservadoras se reorganicen, se rearmen y se aprovechen de estas crisis”, asegura a Proceso el académico. De acuerdo con Gentili, siempre que la izquierda se divide “quien gana es la derecha”. Y son precisamente los partidos de derecha –furiosamente anticorreístas– los que están apoyando a Moreno en la campaña por el “sí” a las siete preguntas de la consulta de febrero. Incluso el excandidato presidencial del derechista Movimiento CREO, el banquero Guillermo Lasso, ha dicho que esa consulta “es nuestra”. La politóloga Paulina Recalde señala que el “sí” tiene amplias posibilidades de imponerse en las siete preguntas, lo cual, de ocurrir, será capitalizado no sólo por Moreno, sino por todas las fuerzas políticas de derecha que hicieron campaña a favor de esa opción. Por eso, explica la directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, es muy difícil saber qué tanto podrá el mandatario rentabilizar esa eventual victoria en términos políticos. Cuestión de forma y fondo El doctor en sociología política por la Universidad de París VIII, Franklin Ramírez, considera que, después de la consulta popular, Moreno podría enfrenar, cualquiera sea el resultado, un problema de gobernabilidad.­ Esto, por la ruptura que ha provocado en el oficialista AP su enfrentamiento con Correa y por el escalamiento de esa pelea al calor de las campañas para el referendo. En los comicios legislativos de febrero pasado AP obtuvo 74 diputados, 55% del total de la unicameral Asamblea Nacional, pero 29 de ellos cerraron filas con Correa. Esto quiere decir que los 45 asambleístas leales al gobierno de Moreno no tienen fuerza para aprobar iniciativas y necesitarán sumar votos de otras fracciones. “Hoy la fracción correísta de Alianza PAIS en la Asamblea es nítidamente opositora a Moreno, con lo cual el presidente ya no tiene el control del Poder Legislativo; después de la consulta estará obligado a construir alianzas con los partidos de derecha y a armar coaliciones que serán volátiles, según las leyes que se discutan”, señala Ramírez. El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador sostiene que lo que se perfila en el corto plazo es un periodo de incertidumbre en el que Moreno deberá articular un nuevo referente político de centroizquierda que marque con claridad sus diferencias del estatismo correísta y de las recetas neoliberales que defienden los partidos de la oposición de derecha. Moreno sostiene que la mejor forma de impulsar el “socialismo del buen vivir” y “el proceso revolucionario para crear una sociedad incluyente, solidaria y equitativa” que postula Alianza PAIS son el diálogo y la concertación nacional con todos los sectores. El mandatario ha reconocido que la Revolución Ciudadana impulsada durante la última década bajo el liderazgo de Correa logró redistribuir la riqueza, incrementar el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos y modernizar la infraestructura del país. Pero al mismo tiempo ha planteado que “en los últimos años, los procesos políticos complejos han alimentado conflictos que no han podido ser administrados democráticamente y han incrementado el malestar por parte de amplios sectores sociales que se han sentido excluidos de las decisiones políticas”. Moreno piensa que “ello contribuyó a que se exacerbaran las contradicciones y se polarizaran los debates, sin que se haya hecho lo suficiente para lograr la reconciliación y la construcción de posiciones compartidas”. Correa fue un presidente carismático, caudillista y confrontativo que se enemistó y sostuvo duros debates públicos con empresarios, opositores y propietarios de grandes medios. A algunos de ellos incluso los llevó a tribunales. En el caso de la prensa, impulsó polémicas leyes regulatorias –condenadas por organismos internacionales– para sancionar lo que él llamaba “las mentiras y la calumnia”. Como vicepresidente, cargo que ocupó entre 2007 y 2013, Moreno siempre se mantuvo al margen de los pleitos más enconados de Correa. “Para Correa, la matriz de la política es el conflicto. Para Lenín, el consenso. Y cuando Lenín llegó a la Presidencia intuyó que había un cansancio en Ecuador del estilo confrontativo de Correa. Entonces propuso un cambio de estilo y continuidad en la agenda social de Alianza PAIS”, afirma Recalde. Entre el leninismo y el correísmo Recalde considera que el apretado resultado electoral y la polarización que se advertía en el país hicieron que Moreno asumiera que el triunfo había sido frágil y que debía ampliar su base de apoyo, convocando a un diálogo nacional, lo cual hizo en junio pasado, un mes después de tomar posesión. Los principales destinatarios de ese llamado fueron los partidos de derecha articulados en torno al anticorreísmo. Y Correa, que ya se había ido a radicar a Bélgica –país de su esposa, Anne Malherbe–, reaccionó cuestionando vía Twitter que su sucesor y copartidario tendiera la mano a sus enemigos políticos y hasta les diera puestos en instituciones públicas. Lo que siguió fue una escalada de acusaciones y desencuentros. En julio Moreno dijo que el gobierno de Correa le había heredado una situación económica “crítica”, porque “se gastó en demasía, nos endeudaron y pusieron al límite la sostenibilidad” de las finanzas públicas. El exmandatario respondió que le había dejado a Lenín “la mesa puesta”. Moreno reaccionó asegurando que heredó una situación “crítica” y que a partir de 2018 el gobierno deberá destinar entre 8 mil y 10 mil millones de dólares anuales a pagar los intereses y las amortizaciones de la deuda externa, cifras equivalentes a la suma de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa y atención de desastres. El enfrentamiento pasó de las palabras a los hechos. El vicepresidente Jorge Glas, incondicional de Correa, cuestionó las cifras de Moreno, lo criticó por dialogar con la derecha y lo acusó de apartarse de la Revolución Ciudadana impulsada por Alianza PAIS. El 3 de agosto el presidente expidió un decreto con el que quitó todas las funciones al vicepresidente Glas, a quien no puede destituir por haber sido electo como su compañero de fórmula. Glas ya era investigado por la Fiscalía por su presunta participación en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador. En septiembre pasado se conoció el testimonio del ejecutivo de esa firma, José Conceiçao dos Santos, quien acusó al vicepresidente de haber recibido sobornos por al menos 14.1 millones de dólares cuando era funcionario del gobierno de Correa, a fin de favorecer a esa empresa en las licitaciones de obras públicas. En octubre la Fiscalía detuvo a Glas, quien fue juzgado en un tiempo récord y el pasado 13 de diciembre fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita, además de que sigue procesado por otros ocho delitos, entre ellos cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. “Seguramente ahora vendrán por mí”, dijo el exmandatario. Durante la década que gobernó Correa, la economía de Ecuador creció a un ritmo anual promedio de 3.26% bajo el impulso de la inversión pública, lo que fue posible gracias a los elevados precios del petróleo, principal producto de exportación del país. El exgobernante, doctor en economía por la Universidad de Illinois, aumentó el gasto social y mejoró como nunca en la historia la infraestructura del país. Construyó modernas autopistas, hidroeléctricas, escuelas, universidad y grandes hospitales. Entre 2005 y 2012 Ecuador fue el cuarto país de la región donde más mejoró el ingreso de la población más pobre. Cuando Correa llegó a la Presidencia, en 2007, la pobreza en Ecuador afectaba a 39% de la población. Al dejar el poder, en mayo pasado, ese índice era de 22.9%, lo que significa que en una década bajó 16.1 puntos porcentuales. Pero el desplome de los precios internacionales del petróleo, en 2014, y la reparación de los daños que dejó el terremoto en la noroccidental provincia de Manabí en abril de 2016, resultaron una combinación letal para las finanzas públicas, lo que el gobierno enfrentó contrayendo deuda. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2017 la deuda externa de Ecuador cerró en 36 mil 151 millones de dólares, cifra mayor en 30% que la de hace dos años. Y a partir de 2015 la economía está, al menos, estancada. Desde entonces el PIB ha acumulado una caída de 0.3% y el ingreso per cápita se contrajo 4.7%. Todo por definir Correa visitó Ecuador 10 días a principios de diciembre. Comenzó a trabajar en el reagrupamiento de sus bases y en la creación de una nueva organización política que, en principio, se llamará Movimiento Revolución Ciudadana. De acuerdo con Recalde, el principal reto de Moreno será enfrentar la crisis económica sin desdibujar su proyecto político de corte socialista y sin ceder a las presiones de la derecha, que aboga por reformas neoliberales, como una reducción de impuestos y un recorte significativo del gasto público. “El presidente va a tener que marcar distancia del estatismo correísta y del neoliberalismo y la ‘descorreización’ que propone la derecha. Él defiende un proyecto de izquierda, de mucho contenido social, pero con diálogo y concertación política, y esa es la propuesta que debe consolidar”, asegura Franklin Ramírez. Este reportaje se publicó el 31 de diciembre de 2017 en la edición 2148 de la revista Proceso.